Judicial
Investigación a fiscales ligados al caso Corruptela podría dejar sin efecto el proceso judicial, advierte Funde
Investigación a fiscales ligados al caso Corruptela podría dejar sin efecto dicho advierte Funde
El caso Corruptela podría quedar impune a raíz de la investigación interna de los fiscales que condujeron las indagaciones y que estaban asignados al referido proceso judicial, según La Fundación Nacional para el Desarrollo y Transparencia Internacional (FUNDE)., que ha mostrado su preocupación por tal suceso.
Existe la posibilidad de que los testigos criteriados (imputados con beneficios penales) ya no declaren en el proceso judicial porque ellos mismos le pidieron al fiscal Melara que les retire esa condición, según lo expresado por el director ejecutivo de esa entidad, Roberto Rubio, en una carta enviada al fiscal general, Raúl Melara.
“Representa un riesgo para el debido procesamiento judicial del caso Corruptela porque los testigos criteriados ya no ofrecerán su declaración y porque los fiscales a cargo del mismo, podrían ser separados”, advirtió Rubio.
Dicho caso tiene que ver con supuesta red de corrupción que se habría enquistado en la Fiscalía General en la gestión del exfiscal Luis Martínez, quien guarda prisión quien guarda prisión este y otros que están ligados.
Además de Martínez, son procesados varios de sus colaboradores cercanos, entre exfiscales y exfuncionarios, el expresidente prófugo, Mauricio Funes; y hasta empresarios.
Rubio también demanda en que se dé “las garantías del debido proceso, la estabilidad en el cargo de los fiscales investigados, la no interferencia indebida en su trabajo y la integridad física a cargo del referido proceso de investigación”.
las investigaciones de los fiscales del caso Corruptela fueron abiertas por orden del actual fiscal Melara con base a peticiones de fiscales y personal administrativo de la Fiscalía que tienen calidad de imputados, pero que se les ha concedido criterio de oportunidad.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
