Judicial
Investigación a fiscales ligados al caso Corruptela podría dejar sin efecto el proceso judicial, advierte Funde
Investigación a fiscales ligados al caso Corruptela podría dejar sin efecto dicho advierte Funde
El caso Corruptela podría quedar impune a raíz de la investigación interna de los fiscales que condujeron las indagaciones y que estaban asignados al referido proceso judicial, según La Fundación Nacional para el Desarrollo y Transparencia Internacional (FUNDE)., que ha mostrado su preocupación por tal suceso.
Existe la posibilidad de que los testigos criteriados (imputados con beneficios penales) ya no declaren en el proceso judicial porque ellos mismos le pidieron al fiscal Melara que les retire esa condición, según lo expresado por el director ejecutivo de esa entidad, Roberto Rubio, en una carta enviada al fiscal general, Raúl Melara.
“Representa un riesgo para el debido procesamiento judicial del caso Corruptela porque los testigos criteriados ya no ofrecerán su declaración y porque los fiscales a cargo del mismo, podrían ser separados”, advirtió Rubio.
Dicho caso tiene que ver con supuesta red de corrupción que se habría enquistado en la Fiscalía General en la gestión del exfiscal Luis Martínez, quien guarda prisión quien guarda prisión este y otros que están ligados.
Además de Martínez, son procesados varios de sus colaboradores cercanos, entre exfiscales y exfuncionarios, el expresidente prófugo, Mauricio Funes; y hasta empresarios.
Rubio también demanda en que se dé “las garantías del debido proceso, la estabilidad en el cargo de los fiscales investigados, la no interferencia indebida en su trabajo y la integridad física a cargo del referido proceso de investigación”.
las investigaciones de los fiscales del caso Corruptela fueron abiertas por orden del actual fiscal Melara con base a peticiones de fiscales y personal administrativo de la Fiscalía que tienen calidad de imputados, pero que se les ha concedido criterio de oportunidad.
La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.
Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.
A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.
Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
