Judicial
Froilán Coto acusado de realizar escuchas telefónicas ilegales a espera de resolución de la Sala de lo Penal
El ex Director del Centro de Escuchas, Froilán Coto, y aspirante a Fiscal General de la
República, se encuentra a espera de la resolución de la Sala de lo Penal ya que se le acusa de fraude
procesal y uso ilegal de escuchas telefónicas.
Algunos abogados consultados y que pidieron el anonimato reclaman cómo es posible que no hayan
investigado las múltiples denuncias penales que ya se encuentran judicializadas y a la espera de Casación de la Sala de lo Penal.
Además, Coto es acusado de prevalecerse de su cargo para fabricar casos bajo directrices del exfiscal
general, Douglas Meléndez.
Froilán Coto, fungió como director del Centro de Escuchas, desde julio de 2015 hasta enero de 2019, es decir durante las administraciones de los exfiscales generales Luis Martínez y Douglas Meléndez, hasta que fue removido de su cargo por Raúl Melara, por los múltiples señalamientos institucionales y públicos sobre la forma en que se convirtió el Centro de Escuchas en un medio de “espionaje” bajo instrucciones de Douglas Meléndez.
En diferentes medios de prensa circuló información que Froilan Coto, como director del Centro de Escuchas utilizó sus facultades para escuchar “sin autorización” a empresarios, como también a jueces y magistrados del Órgano Judicial.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
