Judicial
Fiscalía logra condena de 20 años cárcel para abusador sexual en La libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) informa que ha logrado 20 años de cárcel para Héctor Enrique Argueta Fuentes, quien abusó sexualmente y en reiteradas ocasiones, a una niña de once años.
De acuerdo con el registro de los hechos, el sujeto inició con tocamientos de índole sexual en varias partes de su cuerpo durante el 2019, posteriormente fue violada en el año 2020.
Las investigaciones de este caso determinaron que los abusos los cometió en el cantón Santa Lucía, municipio de Chiltiupán, La Libertad.
En la casa de habitación de una familiar de la víctima del referido lugra; cada vez que la menor visitaba a su prima se encontraba con Héctor, quien era amigo del esposo de su familiar, y siempre que la veía, se le insinuaba y le tocaba sus partes íntimas.
En abril del 2020, la niña se quedó a dormir en la casa de su familiar, y esa noche el abusador llegó a departir con su amigo, al estar pasado de copas, Fuentes salió a buscarla, ingresó al dormitorio y empezó a abusar de ella, detalló la FGR.
Tras la violación, la menor escapó de esa casa, pero por miedo a las amenazas del imputado, no comentó a nadie sobre las agresiones; de acuerdo a los relatos de la menor, en otro escenario volvió a coincidir con el imputado y este la violó nuevamente, esta vez no solo fue la agresión sexual sino también física.
El 30 de junio del 2020, la víctima y su madre se presentaron al Consejo Nacional de la Niñez (CONNA), por violencia intrafamiliar, y al ser entrevistadas se logró detectar los abusos sexuales de los que fue víctima la menor.
Dicha instancia dio aviso a la FGR, se intepruso la respectiva denuncia y luego se ordenó la captura de Fuentes.
La condena de prisión fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, donde el testimonio de la víctima en cámara Gessel, los peritajes realizados por el Instituto de Medicina Legal y la abundante prueba documental, fueron claves para que Fuentes sea enviado a la cárcel y pague por los abusos que cometió.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
