Judicial
FGR solicita que se obligue al expresidente Saca y su esposa a pagar $4.4 millones de condena por enriquecimiento ilícito
Fiscales de la Unidad Anticorrupción presentaron una solicitud de ejecución forzosa ante la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, para que se obligue al expresidente Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia Mixco Sol de Saca a pagar $4,482,307.53.
Cuando ambos fueron condenados por enriquecimiento ilícito se les ordenó devolver al estado esa cantidad de dinero ya que la Fiscalía General de la República probó que fue el incremento patrimonial injustificado que tuvieron.
El 5 de enero de 2021, los magistrados de la Cámara resolvieron que Saca no demostró la procedencia lícita del dinero, evidenciando un incremento patrimonial no justificado de $3,892,698.71.
Mientras que la exprimera dama, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, tuvo un enriquecimiento ilícito de $589,608.82.
Los esposos Saca, además de ser condenados a reintegrar al Estado $4,482,307.53, quedaron inhabilitados para ejercer un cargo público por un plazo de diez años.
«Esta sentencia se pronunció y por no haber un cumplimiento voluntario es que estamos haciéndoles la ejecución forzosa de la sentencia» dijo una fiscal anticorrupción.
Este proceso tiene su origen el 7 de marzo de 2016, cuando los magistrados de la CSJ ordenaron el proceso civil el cual fue presentado por la Fiscalía, el 21 de abril del mismo año.
Tras analizar la solicitud, la Cámara Primera de lo Civil decidió el 31 de mayo de 2016 admitir la demanda y los esposos Saca fueron notificados hasta el 17 de julio del año 2017 para que ejercieran su defensa y presentaran sus argumentos.
La Unidad Anticorrupción los demandó por enriquecimiento ilícito de $5,165,000, pero los magistrados al momento de fallar dictaminaron que el monto fue de $4.4 millones.
Cuando se presentó el proceso se incluyó a los hijos de Saca; Gerardo Antonio, José Alejandro y Christian Eduardo Saca Mixco; y la sociedad Promotora de Comunicaciones S.A de C. V. pero la Cámara los excluyó por considerar que los tres no tuvieron calidad de funcionarios o empleados públicos.
El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Patricia Lissette L. de I., de 53 años, acusada de estafa agravada en perjuicio de ocho personas. Según el requerimiento fiscal, el supuesto fraude asciende a $57,283.50, entregados como inversión en un negocio de distribución de comida preparada.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y 2026. De acuerdo con la acusación, la mujer ofrecía ganancias a quienes aportaran dinero al supuesto emprendimiento, una propuesta con la que habría convencido a las víctimas de entregar distintas cantidades.
La investigación señala que la imputada no pagaba los rendimientos prometidos y posteriormente interrumpía la comunicación con los afectados. La promesa de obtener ganancias y la posterior falta de contacto forman parte del mecanismo de engaño descrito en el expediente fiscal.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios suficientes sobre el delito y la probable participación de la acusada, por lo que ordenó que el proceso continuara a la etapa de instrucción. La mujer permanecerá detenida provisionalmente mientras avanza el caso; esta resolución no constituye una condena.
Judicial
Cadena perpetua para cinco integrantes de La Mirada Loca Sureños 13 en San Miguel; otros cuatro reciben 45 años
El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso cadena perpetua a cinco integrantes de la estructura criminal conocida como La Mirada Loca Sureños 13. Los condenados son Josué Odir Granados Zapata, identificado como cabecilla y palabrero encargado de zona, junto a los homeboys Edwin Omar Nájera Ventura, Carlos Humberto Velásquez Blanco, Eliú Ismael Pineda Portillo y Celso Alvarado Gálvez.
En el mismo proceso, el tribunal sentenció a 45 años de prisión a Carlos Alberto Hernández Vásquez, José Joel Castillo Guevara, Yesenia Guadalupe Segovia Guevara y Nicolás Arístides Montoya Ríos por el delito de agrupaciones ilícitas. La Fiscalía General de la República acreditó que los nueve imputados formaban parte de esta estructura que operaba principalmente en el distrito de San Miguel, en la zona oriental del país, y que mantenía atemorizada a la población.
La resolución se basó en las evidencias presentadas por la Fiscalía, que validó la pertenencia de los acusados a la organización. Algunos de los condenados a 45 años mantienen otros procesos judiciales pendientes.
La estructura La Mirada Loca Sureños 13 es una de las clicas de la Mara Salvatrucha que ha sido objeto de múltiples procesos judiciales en el departamento de San Miguel.
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Conductor de camión acusado por el fatal accidente en Los Chorros permanecerá en prisión provisional
