Judicial
FGR solicita que se obligue al expresidente Saca y su esposa a pagar $4.4 millones de condena por enriquecimiento ilícito
Fiscales de la Unidad Anticorrupción presentaron una solicitud de ejecución forzosa ante la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, para que se obligue al expresidente Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia Mixco Sol de Saca a pagar $4,482,307.53.
Cuando ambos fueron condenados por enriquecimiento ilícito se les ordenó devolver al estado esa cantidad de dinero ya que la Fiscalía General de la República probó que fue el incremento patrimonial injustificado que tuvieron.
El 5 de enero de 2021, los magistrados de la Cámara resolvieron que Saca no demostró la procedencia lícita del dinero, evidenciando un incremento patrimonial no justificado de $3,892,698.71.
Mientras que la exprimera dama, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, tuvo un enriquecimiento ilícito de $589,608.82.
Los esposos Saca, además de ser condenados a reintegrar al Estado $4,482,307.53, quedaron inhabilitados para ejercer un cargo público por un plazo de diez años.
«Esta sentencia se pronunció y por no haber un cumplimiento voluntario es que estamos haciéndoles la ejecución forzosa de la sentencia» dijo una fiscal anticorrupción.
Este proceso tiene su origen el 7 de marzo de 2016, cuando los magistrados de la CSJ ordenaron el proceso civil el cual fue presentado por la Fiscalía, el 21 de abril del mismo año.
Tras analizar la solicitud, la Cámara Primera de lo Civil decidió el 31 de mayo de 2016 admitir la demanda y los esposos Saca fueron notificados hasta el 17 de julio del año 2017 para que ejercieran su defensa y presentaran sus argumentos.
La Unidad Anticorrupción los demandó por enriquecimiento ilícito de $5,165,000, pero los magistrados al momento de fallar dictaminaron que el monto fue de $4.4 millones.
Cuando se presentó el proceso se incluyó a los hijos de Saca; Gerardo Antonio, José Alejandro y Christian Eduardo Saca Mixco; y la sociedad Promotora de Comunicaciones S.A de C. V. pero la Cámara los excluyó por considerar que los tres no tuvieron calidad de funcionarios o empleados públicos.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
