Judicial
FGR solicita que se obligue al expresidente Saca y su esposa a pagar $4.4 millones de condena por enriquecimiento ilícito
Fiscales de la Unidad Anticorrupción presentaron una solicitud de ejecución forzosa ante la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, para que se obligue al expresidente Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia Mixco Sol de Saca a pagar $4,482,307.53.
Cuando ambos fueron condenados por enriquecimiento ilícito se les ordenó devolver al estado esa cantidad de dinero ya que la Fiscalía General de la República probó que fue el incremento patrimonial injustificado que tuvieron.
El 5 de enero de 2021, los magistrados de la Cámara resolvieron que Saca no demostró la procedencia lícita del dinero, evidenciando un incremento patrimonial no justificado de $3,892,698.71.
Mientras que la exprimera dama, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, tuvo un enriquecimiento ilícito de $589,608.82.
Los esposos Saca, además de ser condenados a reintegrar al Estado $4,482,307.53, quedaron inhabilitados para ejercer un cargo público por un plazo de diez años.
«Esta sentencia se pronunció y por no haber un cumplimiento voluntario es que estamos haciéndoles la ejecución forzosa de la sentencia» dijo una fiscal anticorrupción.
Este proceso tiene su origen el 7 de marzo de 2016, cuando los magistrados de la CSJ ordenaron el proceso civil el cual fue presentado por la Fiscalía, el 21 de abril del mismo año.
Tras analizar la solicitud, la Cámara Primera de lo Civil decidió el 31 de mayo de 2016 admitir la demanda y los esposos Saca fueron notificados hasta el 17 de julio del año 2017 para que ejercieran su defensa y presentaran sus argumentos.
La Unidad Anticorrupción los demandó por enriquecimiento ilícito de $5,165,000, pero los magistrados al momento de fallar dictaminaron que el monto fue de $4.4 millones.
Cuando se presentó el proceso se incluyó a los hijos de Saca; Gerardo Antonio, José Alejandro y Christian Eduardo Saca Mixco; y la sociedad Promotora de Comunicaciones S.A de C. V. pero la Cámara los excluyó por considerar que los tres no tuvieron calidad de funcionarios o empleados públicos.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a José Rodil Cosme a 14 años de prisión por el delito de violación sexual en perjuicio de una menor de edad en el departamento de La Paz.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el hecho ocurrió el 19 de enero de 2025 en un motel del distrito de San Luis Talpa, en La Paz Oeste. Cosme mantenía un vínculo cercano con la familia de la víctima, quien vivía con su abuela materna. Ambas trabajaban para el ahora condenado en oficios domésticos.
Según el expediente fiscal, el día del hecho Cosme engañó a la abuela de la menor al decirle que llevaría a la niña a comprar útiles escolares.
Sin embargo, mientras se desplazaban a bordo de un vehículo, el imputado la trasladó hacia un motel de San Luis Talpa. De acuerdo con la investigación, Cosme la amenazó de muerte con un arma de fuego y, mediante la fuerza, abusó sexualmente de ella.
Posteriormente, la víctima resultó embarazada y, un mes después, relató lo ocurrido a una familiar, quien interpuso la denuncia ante las autoridades.
Como resultado de la investigación, Cosme fue detenido y acusado por el delito de violación agravada contra una menor de edad.
Además de la pena de prisión, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lo condenó al pago de $480 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a seis años de prisión a Elizabeth Durán Campos por el delito de estafa agravada, en perjuicio del patrimonio de una víctima.
Según las investigaciones, en 2023 la víctima contrató a Durán Campos para la construcción de una piscina en el municipio de La Libertad Costa. Para realizar el trabajo, la imputada recibió un anticipo de $8,150, de un total de $16,000 acordado por la terminación de la obra.
Sin embargo, Durán Campos abandonó los trabajos al segundo día de haberlos iniciado y se negó a devolver el dinero recibido. Además de la pena de prisión, deberá devolver el monto estafado.
