Judicial
FGR presenta solicitud de antejuicio y petición de desafuero contra diputado Erick García
En horas del mediodía de este miércoles, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, presentó ante la Asamblea Legislativa la petición de desafuero y solicitud de antejuicio contra el diputado de Nuevas Ideas, Erick García, señalado del delito de falsedad ideológica.
Delgado enfatizó que, tras las investigaciones de la institución fiscal, se han reunido pruebas que determinan la existencia del delito, por lo que se ha puesto la solicitud para que pase a discusión en el pleno legislativo y su respectiva aprobación.
«Este día vengo a presentar una solicitud de antejuicio y petición de desafuero ante la Asamblea Legislativa, quien es la indicada para iniciar este proceso constitucional. Después de analizar la información recolectada hemos llegado a la conclusión que existen suficientes indicios que el diputado Erick García ha cometido el delito de Falsedad ideológica», comentó Delgado.
«Debo recalcar ante la población que la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes desde el momento en que se conoció la situación en la que se vio involucrado el diputado Erick García, a través de las redes sociales», enfatizó.
El fiscal Delgado también señaló que «como Fiscalía nos debemos a la ley y a la constitución, debemos cumplir determinados procedimientos para hacer llegar las solicitudes correspondientes en el momento oportuno, para iniciar un proceso como este».
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, confirmó que este mismo día, durante la sesión plenaria ordinaria, se procederá con la discusión de la solicitud, remarcando que no tolerarán actos contrarios los principios de justicia y según la ley en El Salvador.
«Como Asamblea cumpliremos con el procedimiento que nos mandata la Constitución y el reglamento interno de nuestra institución. Hoy mismo daremos trámite a esta solicitud para que el proceso inicie de manera transparente, de cara a la población. No cometeremos los errores de la vieja clase política. Lo único que nos interesa es llegar a la verdad. Seguiremos haciendo lo justo, lo legal y lo correcto», señaló Castro.
Tras conocer la presentación de la solicitud de antejuicio y petición de desafuero, el partido Nuevas Ideas publicó un comunicado oficial señalando que se ha procedido con la expulsión de García del instituto político y, por consiguiente, la anulación de su candidatura para las elecciones de 2024.
El presidente de Nuevas Ideas, Xavier Zablah, también reiteró el compromiso del partido con la transparencia y la erradicación de practicas del pasado en cuanto al ecosistema político del país. Además, reiteró que no se tolerarán conductos contrarias a la ley al interior del instituto político.
«Este partido es de TODOS los que queremos que nuestro país cambie para bien, los demás y sus intereses aquí no caben. Y si esto no le gusta algún funcionario nuestro: ¡Váyase! Las reglas para pertenecer aquí son claras. Y nuevamente les digo: tengan la certeza que SIEMPRE, haremos lo correcto», comentó Zablah.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
