Judicial
FGR presenta solicitud de antejuicio y petición de desafuero contra diputado Erick García
En horas del mediodía de este miércoles, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, presentó ante la Asamblea Legislativa la petición de desafuero y solicitud de antejuicio contra el diputado de Nuevas Ideas, Erick García, señalado del delito de falsedad ideológica.
Delgado enfatizó que, tras las investigaciones de la institución fiscal, se han reunido pruebas que determinan la existencia del delito, por lo que se ha puesto la solicitud para que pase a discusión en el pleno legislativo y su respectiva aprobación.
«Este día vengo a presentar una solicitud de antejuicio y petición de desafuero ante la Asamblea Legislativa, quien es la indicada para iniciar este proceso constitucional. Después de analizar la información recolectada hemos llegado a la conclusión que existen suficientes indicios que el diputado Erick García ha cometido el delito de Falsedad ideológica», comentó Delgado.
«Debo recalcar ante la población que la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes desde el momento en que se conoció la situación en la que se vio involucrado el diputado Erick García, a través de las redes sociales», enfatizó.
El fiscal Delgado también señaló que «como Fiscalía nos debemos a la ley y a la constitución, debemos cumplir determinados procedimientos para hacer llegar las solicitudes correspondientes en el momento oportuno, para iniciar un proceso como este».
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, confirmó que este mismo día, durante la sesión plenaria ordinaria, se procederá con la discusión de la solicitud, remarcando que no tolerarán actos contrarios los principios de justicia y según la ley en El Salvador.
«Como Asamblea cumpliremos con el procedimiento que nos mandata la Constitución y el reglamento interno de nuestra institución. Hoy mismo daremos trámite a esta solicitud para que el proceso inicie de manera transparente, de cara a la población. No cometeremos los errores de la vieja clase política. Lo único que nos interesa es llegar a la verdad. Seguiremos haciendo lo justo, lo legal y lo correcto», señaló Castro.
Tras conocer la presentación de la solicitud de antejuicio y petición de desafuero, el partido Nuevas Ideas publicó un comunicado oficial señalando que se ha procedido con la expulsión de García del instituto político y, por consiguiente, la anulación de su candidatura para las elecciones de 2024.
El presidente de Nuevas Ideas, Xavier Zablah, también reiteró el compromiso del partido con la transparencia y la erradicación de practicas del pasado en cuanto al ecosistema político del país. Además, reiteró que no se tolerarán conductos contrarias a la ley al interior del instituto político.
«Este partido es de TODOS los que queremos que nuestro país cambie para bien, los demás y sus intereses aquí no caben. Y si esto no le gusta algún funcionario nuestro: ¡Váyase! Las reglas para pertenecer aquí son claras. Y nuevamente les digo: tengan la certeza que SIEMPRE, haremos lo correcto», comentó Zablah.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
