Judicial
FGR apela resolución que ordena liberar a suegro de Mauricio Funes
Luego que el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador ordenara poner en libertad al suegro del expresidente Mauricio Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de apelación en el cual muestra su inconformidad por la medida tomada.
«La Fiscalía General de la República informa que ante la orden de libertad en favor de Juan Carlos Guzmán Berdugo, emitida por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, ha presentado recurso de apelación. Existe un alto riesgo de fuga del imputado, por lo que seguirá detenido», dijeron.
El tribunal notificó la resolución a las partes el pasado 22 de mayo, a raíz de un escrito que presentó la defensa de Guzmán Berdugo bajo el argumento que lleva dos años de estar detenido sin que haya una sentencia en firme.
El suegro de Funes fue extraditado desde Costa Rica, el 20 de mayo del 2021, desde esa fecha ha permanecido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Guzmán Berdugo, quien es parte del círculo íntimo de Funes, es acusado de haber gastado $7,985.80, en cuatro viajes a Costa Rica y Miami, en Estados Unidos, pero el ministerio público en todas las pesquisas concluyó que lavó $133,564.71, aunque en el expediente se menciona que junto a su esposa, Ada Luz Sigüenza de Guzmán, recibieron $351,530.01 en transferencias hechas por Funes.
Según la Fiscalía, ese dinero salió de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial.
En el expediente «Saqueo Público», Fiscalía ha dicho que Funes, ideó una red sofisticada para sustraer más de $351 millones. La investigación que duró año y medio descubrió que la estrategia delictiva era vaciar las arcas del Estado entre los años 2009 al 2014, período en el cual fungió como presidente.
Al momento de judicializar la serie de actos de corrupción, el 8 de junio de 2018, la Fiscalía acusó a Funes de haber estructurado una red para sustraer $351,035,400 y acusó a 32 personas de lavado de dinero, peculado, lavado de dinero y encubrimiento, pero un informe que consta agregado en la carpeta judicial y que proporcionó el Banco Hipotecario tras una auditoría, establece que Funes y su compleja red se apropió de $379.5 millones.
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
El Juzgado de Paz de La Libertad condenó a 20 años de prisión a Juan Diego Girón Ayala y Juan Diego Villalta Abarca por el delito de robo agravado cometido en perjuicio de una víctima en el municipio de La Libertad Costa.
De acuerdo con el informe fiscal, los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2026 en la colonia Los Ángeles del Puerto de La Libertad. Según las investigaciones, los condenados se desplazaban en una motocicleta sin placas cuando interceptaron a la víctima y, bajo amenazas con un arma blanca, le sustrajeron una billetera, un teléfono celular y 100 dólares en efectivo, para posteriormente darse a la fuga.
Tras la denuncia presentada por la víctima, ambos fueron capturados por la Policía dentro del período de flagrancia. Durante el procedimiento, las autoridades les decomisaron un teléfono celular, una navaja de empuñadura y dinero en efectivo.
La Fiscalía General de la República señaló que continuará trabajando para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la integridad de las personas y contribuir a la erradicación de hechos delictivos en el país.
