Judicial
Feminicida Henry Salazar podría recibir condena máxima en audiencia de este día, por el crimen de su ex pareja Lilian y de su hijo no nacido
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Henry Alberto Salazar Burgos, de 28 años de edad, acusado por el crimen de su expareja Lilian Beatriz Méndez Ramírez y de su hijo, fue presentado esta mañana al Juzgado Especializado de Sentencia de la Mujer, de San Salvador, donde podría ser condenado por ser el autor material del doble crimen.
Según el fiscal del caso, para este juicio, las investigaciones se han basado en pruebas periciales, testimoniales, y documentales que ayuden a aportar la acusación del imputado, quien se encuentra en la silla de los acusados para conocer el fallo en su contra.
#Feminicidio | @FGR_SV informa que Juez Especializado de Sentencia de la Mujer instala audiencia contra Henry Salazar.
Se le acusa del delito de Feminicidio Agravado y Homicidio Agravado, en perjuicio de Lilian Beatriz Méndez y su hijo no nacido, respectivamente. pic.twitter.com/dvVIDISBK2
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) February 27, 2020
De acuerdo a la versión que establece la FGR, Alberto Salazar le arrebató la vida a Lilian Beatriz quien se encontraba con 8 meses de embarazo, porque con el nacimiento del bebé iba a afectar la relación con otra mujer.
Por tal razón, la FGR pide la pena máxima de 50 años por el crimen de su expareja y con respecto al crimen de su bebé se “está solicitando una recalificación del delito a una pena de 35 años de prisión”. Afirma el fiscal.
Los hechos violento a los que se le imputan a Henry, fue cometido el pasado 21 de octubre del 2017, fecha en que fue encontrado el cuerpo sin vida de Lilian sobre el kilómetro 29 ½ de la carretera a Comalapa, La Paz.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
