Judicial
Extorsionistas son condenados hasta 15 años de prisión en Santa Ana
A 15 años de prisión han sido condenados nueve miembros de una estructura extorsionista que venía operando en diferentes partes del departamento de Santa Ana, según confirmó este lunes la Unidad Especializada de Delitos de Extorsión y de Crimen Organizado.
De acuerdo con el informe fiscal, el primero de los casos es sobre los delincuentes que fueron presentados ante el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana, para que enfrentaran la vista pública bajo acusación del delito de Extorsión Agravada.
“Las pruebas ampliamente detalladas ante el juez de la causa, establecieron que efectivamente estas personas fueron las responsables de causar amenazas y afectar los intereses de la víctima”, destaca la FGR.
Las pesquisas realizadas de forma conjunta entre la Fiscalía y los investigadores de la Policía Nacional Civil, llevaron a individualizar la actuación ilícita de los pandilleros. Al final del juicio, el Juez emitió el fallo condenatorio y les impuso la referida pena de cárcel.
Los sentenciados son: Samuel Eduardo Marín Galdámez, William Alexander Salazar Martínez, Gustavo Alexander Argueta Mendoza, Marco Antonio Flores Coreas, Efraín Isaac Aguilar Reyes, Edwin Alexander Portillo Martínez, David Orlando Osorio, Julio Adonis Godoy Carranza y Luis Fernando García Faustino.
En otro caso, pena de 11 años en prisión deberá cumplir Juan Antonio López Sánchez, quien fue declarado culpable por el delito de Extorsión Agravada, hecho consumado en mayo del año 2011 y a pesar de que la víctima desistió de seguir colaborando, la Fiscalía logró obtener su condena. La vista pública estuvo a cargo del Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador.
José Eliseo Castro González estará sus próximos 20 años tras las rejas por haber violado a una menor de 14 años; informó la Fiscalía Adjunta responsable de velar por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y la Mujer y otros grupos vulnerables.
La víctima fue sorprendida por el imputado cuando regresaba de una tienda próxima a su casa, en septiembre del año 2020 en el cantón Manzanilla del municipio de Lolotiquillo, jurisdicción de Morazán.
Después de abusarla la amenazó con matarla a ella y a sus padres si decía algo. Transcurridas dos semanas nuevamente agredió a la menor pero esta vez fue denunciado, lo que permitió su posterior captura.
La Fiscal del caso de la Unidad de Atención Especializada de la Mujer, Niñez y Adolescencia de la oficina de San Francisco Gotera, que conforma la Fiscalía Adjunta, demostró en el juicio con pruebas suficientes que Castro González cometió el delito de Violación en Menor e Incapaz.
El Tribunal de Sentencia de dicho departamento lo declaró responsable de sus acciones ilegales y le impuso una pena de 20 años de prisión.
El Tribunal de Sentencia de Usulután impuso 20 años de cárcel a José Evenor Santos Portillo, de 30 años de edad, por el homicidio en perjuicio de José Andrés Águila Díaz, de 21.
Santos fue repatriado desde Guatemala, el 2 de junio de 2020, donde fue detenido por estar reclamado por el referido homicidio, ocurrido en la zona rural de Usulután.
El homicidio de Águila Díaz, quien estaba perfilado como miembro de una estructura terrorista, ocurrió la noche del 3 de mayo de 2020 en el caserío Kilo 110 del cantón Llano El Chilamate, en Jucuapa, departamento de Usulután.
Águila Díaz caminaba sobre la calle principal de Kilo 110 cuando fue interceptado por Santos Portillo, que lo atacó con un arma blanca hasta quitarle la vida, luego se dio a la fuga. Varios testigos identificaron al homicida y atribuyeron el hecho a rencillas entre pandillas.
El Juzgado de Paz de Jucuapa ordenó la instrucción formal con detención al procesado con vista de requerimiento y un juzgado de instrucción giró la orden de detención internacional, la cual fue ejecutada tres meses después en la capital de Guatemala.
En el juicio se presentaron testimonios y otras pruebas que permitieron tener la certeza de la autoría del homicidio por parte de Santos Portillo.
El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador suspendió este lunes la audiencia de anticipo de prueba en el caso Saqueo Público, en el cual es acusado el expresidente Mauricio Funes y 30 personas más, entre exfuncionarios y familiares del prófugo exmandatario.
La audiencia fue reprogramada para el martes 26 de este mes debido a que algunos abogados de los acusados no se presentaron a la diligencia judicial.
“Efectivamente teníamos programada para iniciar partir de las 9:00 de la mañana de este día [lunes] y hasta el viernes 29 de octubre la realización de procedimiento de declaración anticipada de un testigo que goza con régimen de protección en el caso conocido como Saqueo Público; sin embargo, se nos ha informado que no han comparecido los abogados de ciertos defendidos, visto esto se ha suspendido para este día, pero continuará mañana”, explicó una fuente de la Fiscalía.
Al centro judicial de San Salvador se presentó la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, y también José Miguel Menéndez Avelar, [a] “Mecafé”, este último está recluido en el Sector 9 del Penal La Esperanza, conocido como Mariona.
“Habían señalado la audiencia de anticipo de pruebas de un testigo criterio de parte de la Fiscalía, pero se suspendió porque no estaban todas las partes que tenían que estar presentes”, apuntó Roberto Calderón, abogado defensor de “Mecafé”, quien ha solicitado que se agilice el proceso y que ya no se siga dilatando la instalación de la audiencia preliminar.
“Con respecto a mi defendido, nosotros esperamos que ya no se siga dilatando el proceso, tiene tres años, cuatro meses y 20 días de estar detenido, esto genera una incertidumbre en mi cliente. Él podría seguir vinculado al proceso, pero ya no en la detención provisional porque esa es la medida más gravosa que nuestra ley nos da; sin embargo, no es justo ni conveniente que una persona tenga una incertidumbre de más de tres años sin que se haya celebrado la audiencia preliminar”, indicó el abogado.
El Juzgado Octavo de Instrucción continuará el martes a las 9:00 de la mañana la audiencia de anticipo de prueba en el caso denominado por la Fiscalía como Saqueo Público, en este se señala al expresidente Funes de sustraer $351 millones provenientes de fondos públicos.
