Judicial
Exfiscal Luis Martínez se declara inocente en conferencia de prensa ante los medios de comunicación
El exfiscal general, Luis Martínez, salió en su defensa tras las nuevas acusaciones que ha presentado la Fiscalía en su contra. Además de declararse inocente arremetió contra el actual jefe del ministerio público, Douglas Martinez.
«Estoy más tranquilo en este banquillo y con mi conciencia más limpia que el fiscal general en la silla la cual se la dejé muy grande», dijo Martínez tras haber sido notificado que es acusado de los delitos de lavado de dinero, peculado, negociaciones ilícitas, cohecho propio, falsedad documentada y omisión en la investigación.
Asimismo, calificó las acusaciones como «repugnantes mentiras», al tiempo que se declaró inocente. «Todos estos casos que se han construido en mi contra son juicios de odio y de venganza, nuevamente estoy frente a una desenfrenada persecución política. Está claro que hoy hay dos clases de delitos los delitos reales y los delitos imaginarios», sentenció.
Asimismo, salió en defensa de los otros que han sido detenidos y a quienes se les ha girado orden de captura por este nuevo hecho, pues sostuvo que él era el único responsable de los errores cometidos, aunque aclaró nunca cometió ilícitos. «Yo y solo yo tengo el derecho al banquillo de los acusados y me responsabilizo de los errores que se pudieron haber cometido, pero no son constitutivos de delitos», declaró.
Agregó que sentar a otros en el banquillo de los acusados es como acusar a El Salvador y a todos los salvadoreños trabajadores y honrados. «Todas las personas que están capturadas y que se les ha girado orden de detención merecen respeto, así como todas sus familias», manifestó.
Expuso que todo lo que hizo durante su gestión tuvo como único beneficiario el bien público y todos los salvadoreños.
Los delitos que le han, sido notificado a exfiscal Luis Martínez, son Lavado de dinero, Peculado, Negociaciones Ilícitas, Coecho propio, Falsedad documentada y Omisión en la investigación. pic.twitter.com/jknjXQeX62
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 17 de octubre de 2018
El exfiscal sostuvo que confía el sistema de justicia y que saldrá bien librado. «Soy inocente y más inocente son los otros acusados», sentenció al finalizar su conferencia de prensa en el Centro Judicial «Isidro Menéndez» previó a continuar con la audiencia preliminar en su contra por el caso del padre de Toño por haber divulgado información reservada.
Esta mañana a Martínez fue notificado de los nuevos delitos. Según la Fiscalía, Martínez sustrajo dinero de la FGR durante su administración y lo usó para su beneficio y de terceros. Asimismo, se le acusa de haber recibido dádivas de parte del expresidente Mauricio Funes para no investigarlo, así como recibir sobornos y favores de empresarios, como Enrique Rais, a cambio de no proceder en su contra.
La nueva acusación se suma a otros dos procesos que se llevan en contra de Martínez, ambos con reserva. El primero de ellos relacionado con Rais, con el que habría creado delitos ficticios y el segundo por el caso del padre Toño.
Por: El Salvador Times.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
