Judicial
Empleados de Casa Presidencial fueron coaccionados para no criteriarse: «pareciera que querían ocultar lo que pasó»
El fiscal general de la República, Douglas Meléndez dijo que cuando realizaban las investigaciones en el caso Destape a la Corrupción, donde el expresidente Elías Antonio Saca confesó haber desviado $301 millones de los fondos públicos y fue condenado a diez años de prisión, intentaron hablar con empleados de Casa Presidencial, pero estos fueros coaccionados por abogados para que no hablaran de lo que pasó «pareciera que querían ocultar algo».
El Fiscal explicó, en el programa de estrevista, Diálogo con Ernesto López, que en medio de la investigación, el ministerio público intentó que dos empleados de Casa Presidencial, sin detallar nombres, colaboraran para que contaran lo que pasó a cambio de algunos beneficios y que se estuvo a punto de que uno de ellos aceptara, cuando unos abogados de Casa Presidencial no lo permitieron..
Según Meléndez, los abogados no dejaron que cooperaran con la investigación y que le pareció que «querían ocultar lo que pasó», pero aún así, el ministerio público logró conocer lo que pasó. Además dijo que la investigación no ha concluido y que se abrieron más expedientes.
Foto: @FRG_SV
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que Melvin Javier Osegueda Claros sea condenado a 20 años de prisión por acosar y agredir sexualmente a dos estudiantes.
El imputado fue sentenciado a 16 años de cárcel por el delito de agresión sexual en menor o incapaz continuada y a 4 años por acoso sexual, según la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
De acuerdo con la investigación fiscal, los delitos se cometieron entre febrero y octubre de 2025, en el interior de un centro escolar del distrito de Santiago de María, Usulután. La víctimas tienen 9 y 12 años.
Según el reporte fiscal, Osegueda Claros se aprovechó de su cargo como maestro de la institución para cometer el delito.
Las agresiones sexuales fueron denunciadas por el 22 de octubre de 2025 lo que permitió que la FGR iniciara el proceso penal.
La Policía Nacional Civil capturó a un joven de 18 años durante un allanamiento en una vivienda de la urbanización Villa Lourdes, en Colón, La Libertad Oeste.
El detenido, identificado como Néstor Alfredo Pérez Hernández, se dedicaba a la distribución y venta de drogas en la zona. Durante el operativo le decomisaron marihuana, metanfetamina, dinero en efectivo, una laptop, una tablet y un celular.
En las próximas horas será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Treinta y dos integrantes de la clica Cobras Locos Salvatruchos, del programa Ahuachapán de la MS-13, fueron condenados a penas que van de los 35 a los 324 años de prisión por múltiples crímenes cometidos en el distrito de Tacuba, departamento de Ahuachapán, entre ellos al menos 17 casos de homicidio agravado, además de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Todos los procesados enfrentaron juicio en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
De acuerdo con la resolución judicial, la pena más alta fue impuesta a Willian Antonio García Rumaldo, alias «Sospechoso», quien recibió una condena de 324 años de prisión por su participación en 10 casos de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Por su parte, Luis Ángel Hernández Vásquez, alias «Snayper» o «Sayper», fue condenado a 134 años de prisión tras comprobarse su participación en cuatro homicidios agravados y el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, Élmer Eduardo Medina García, alias «Memito», recibió una pena de 125 años de prisión por cuatro homicidios agravados y agrupaciones ilícitas.
Entre los casos de homicidio resueltos con estas condenas se encuentra el de Clementino Esteban Rosales, de 56 años y hermano de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), quien fue asesinado el 16 de octubre de 2017 en el cantón Sincuyo, distrito de Tacuba, Ahuachapán Centro. Según la resolución, la víctima fue atacada con armas de fuego y machetes.
También se comprobó la participación de los condenados en el homicidio agravado del soldado de la Fuerza Naval José Alfredo Ascencio de la Cruz, ocurrido el 22 de septiembre de 2017 en una vereda de la finca San Martín, en el caserío El Arenal, distrito de Tacuba.
Los demás integrantes de la estructura criminal, entre ellos chequeos, observadores y colaboradores, recibieron condenas que oscilan entre los 35 y 95 años de prisión, de acuerdo con su grado de participación en los distintos hechos.
