Judicial
El viernes será audiencia contra implicados en accidente de rastra contra 30 vehículos en bulevar Los Próceres
El Juzgado Décimo Segundo de Paz desarrollará el próximo viernes 31 de marzo a las 9:00 de la mañana, la audiencia inicial contra tres implicados en un accidente de tránsito entre una rastra contra 30 vehículos. El hecho que dejó al menos dos fallecidos y una veintena de lesionados ocurrió el pasado 14 de marzo en el bulevar Monseñor Romero y la incorporación al bulevar Los Próceres, en San Salvador.
Los implicados son Carlos Alberto Portillo Vásquez, conductor de la rastra, quien según el requerimiento fiscal es acusado por los delitos de homicidio culposo, lesiones y conducción peligrosa; Álvaro Ibañez Ticas, el representante legal de la empresa Andrade SA de CV y Raúl Antonio Andrade Hernández, dueño de la empresa, quien radica en Estados Unidos. Tanto Ibañez Ticas como Andrade Hernández son acusados por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.
Según las autoridades, el percance vial registrado al mediodía del 14 de marzo fue producto de la excesiva velocidad y la sobrecarga de 7.9 toneladas que la rastra llevaba, lo que provocó que Portillo Vásquez perdiera el control del vehículo de carga colisionando con el resto de automotores.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Edwin Otoniel Vargas Flores, de 41 años de edad, quien se conducía en el vehículo que quedó totalmente comprimido por la rastra y el subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Luis Alfredo Deodanes, quien murió en el hospital debido a la gran cantidad de fracturas y daños en ambos pulmones.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
