Judicial
El exjefe de Registro y Control Penitenciario de la Dirección General de Centros Penales, un supuesto abogado falso, seguirá el proceso en libertad
Al Juzgado Noveno de Paz de San Salvador fue remitido este sábado el exjefe de Registro y Control Penitenciario de la Dirección General de Centros Penales, Luis de Jesús De la O Tobar.
Tras la audiencia el proceso pasó a instrucción formal con medidas alternas a la detención, siendo ellas no cambiar de domicilio y presentarse a firmar al juzgado Noveno de Instrucción una vez al mes.
De la O es acusado por los delitos de Uso y Tenencia de Documentos Falsos y Ejercicio Ilegal de la Profesión en perjuicio de la fe pública.
El primer delito es sancionado, según el artículo 287 del Código Penal, con prisión que oscila entre tres y cinco años de cárcel; mientras que el segundo delito el artículo 289 del mismo Código sancionar con prisión de uno a tres años.
Según las autoridades, el imputado supuestamente falsificó un título de licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador para poder optar al cargo desde 2019, ya que lo contempla como requisito. Sin embargo, supuestamente en la referida universidad no está registrado ese título. Igual, a su hoja de vida, anexó diplomas de capacitación jurídica a las que nunca asistió.
El imputado fue detenido el miércoles anterior en la colonia Sierra Morena, de Soyapango, con orden administrativa.
De ser encontrado culpable el sujeto podría enfrentar una pena mínima de cuatro años de cárcel y una máxima de ocho.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
