Judicial
El duro reto de la FGR de extraditar a Mauricio Funes al país
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene una misión cuesta arriba para poder extraditar al expresidente de la república, Mauricio Funes, así lo afirman expertos en temas constitucionales en una entrevista para El Salvador Times. Ellos explican que será un reto que podría llegar hasta la disolución de los delitos que pesan sobre Funes y una decena de personas.
El miércoles el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decretó orden de captura para el expresidente y otros acusados en el caso “Saqueo Público”, en el que la FGR presume que $351 millones fueron extraídos de forma fraudulenta del Estado con el objetivo de favorecer al círculo más cercano de Funes, quien esta asilado en Nicaragua desde el 6 de septiembre de 2016.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Ulises del Dios Guzmán y el exfiscal Omar Pastor señalaron que el proceso de extradición de Funes y su grupo familiar es un trabajo cuesta arriba, ya que ellos están protegidos bajo la figura de asilo político otorgado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
“El asilo político opera como una especie de protección justamente en contra de los intentos de extradición. El asilo político es la antítesis de la extradición; en consecuencia la policía nicaragüense no lo va a capturar”, dijo Guzmán. Asimismo, afirmó que los cuerpos de seguridad dependen del gobierno de Ortega, los cuales solo se limitarían a notificar a las autoridades salvadoreñas que Funes está dentro de su territorio.
El exmagistrado explicó que dentro los pasos para extraditar a una persona consisten en que el fiscal instructor del caso deberá emitir un solicitud de extradición a los 12 magistrados de la Corte Plena en la CSJ, quienes serás los encargados de evaluar la constitucionalidad y la legalidad de los argumentos presentados por la FGR.
“En un primer momento en el país dependería de la decisión de la Corte; ocho magistrados (la mayoría) pueden decir que se tramite la extradición, pero también ocho magistrados pueden denegar el trámite”, explicó Guzmán.
Él enfatiza que si la Corte llegara a aprobar dicha solicitud para devolver a Funes a El Salvador, esta se encargaría, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, de entregársela a la embajada de Nicaragua en el país o remitirla directamente al gobierno de Ortega.
Guzmán analiza que la respuesta de Nicaragua sería negativa, ya que argumentaría que el expresidente está bajo el blindaje de la figura del asilo «por ser un perseguido político”. Guzmán señaló que la extradición “va a depender de la voluntad del gobernante (Ortega). Mientras se mantenga el asilo político y la protección política no lo va a extraditar mucho más allá de los tratados internacionales”.
El jefe de la unidad Especializada Contra el Lavado de Activos, Jorge Cortez, explicó que con las diversas órdenes de captura a nivel nacional paralelamente se emitió una alerta a las oficinas de la Policía Internacional en El Salvador (Interpol, por sus siglas en ingles) para lanzar la emisión roja para todos los implicados, incluidos los que se encuentren asilados.
Sin embargo, Guzmán reiteró que esa petición no será efectiva para el expresidente Funes y su grupo familiar, precisamente, por estar asilados en el país centroamericano. De esta manera, como la Policía de Nicaragua ya conoce la dirección de residencia del exmandatario solo se limitaría a confirmar que aún está en el territorio.
El exmagistrado explicó que si el expresidente Funes no es llevado a tribunales, el juez lo declararía rebelde y el caso pasaría a una suspensión del proceso hasta llegar a una extinsión de todos los delitos que señalan al exmandatario.
“Existe la probabilidad por la prescripción. Las autoridades no tienen muchos recursos para estar ejerciendo el mismo tipo de presión. De modo tal que existe la probabilidad que simplemente no lo capturen y que transcurra el tiempo de la prescripción y después se extinga el proceso, donde el contara con la libertad”, explicó.
Funes, el nicaragüense
Una carta de salvación que tiene el expresidente salvadoreño es que el gobierno de Nicaragua le conceda la nacionalidad imposibilitando de manera súbita a la justicia salvadoreña, ya que las autoridades judiciales de ese país tendrían que procesarlo, pero todo dependería nuevamente del presidente Ortega.
El exfiscal, Omar Pastor, explicó que hay fuertes rumores de que Funes ya posee la nacionalidad nicaragüense. “Según dicen es ciudadano nicaragüense. No es posible extraditarlo”, dijo durante una entrevista a El Salvador Times. Pastor señaló que el expresidente es inocente, ya que no se le ha probado algunos nexos con los argumentos de la FGR.
Durante una entrevista radial, Cortez le dio la razón al expresidente Funes: “No hemos encontrado mayor evidencia vinculada a él (Mauricio Funes), tiene razón en eso”. Con tal afirmación deja en evidencia que no hay elementos que justifiquen la extradición del exfuncionario y su compañera de vida, Ada Mitchelle Guzmán.
El exmagistrado y el exfiscal concuerdan que el caso no es complicado, ya que el blindaje ha levantado un muro favorecedor para Funes, sobre todo porque la FGR aún no ha encontrado elementos firmes para condenarlo. “No hay pruebas y porque nunca ha sido condenado y llevado a juicio”, apuntó Pastor.
El tratado de extradición
Algunos partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa han solicitado ejecutar el Tratado Centroamericano de Detención y Extradición Simplificada, un convenio firmado por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), donde explica las razones por las cuales una persona puede ser extraditada cuando un país lo solicita a otro.
Sin embargo, el expresidente Mauricio Funes se ha declarado como “perseguido político” por parte de las autoridades fiscales de El Salvador, este es un punto a favor para él ya que dentro de los estatutos del tratado establece en el capítulo cinco que el país se negará a proceder su extradición cuando la petición “ha sido formulada con el objeto de procesar a una persona por razones de raza, sexo, religión, nacionalidad u opiniones políticas”.
Funes en varias ocasiones desde su cuenta de Twitter ha argumentado que es inocente de todos los delitos que pesan en su contra y asegura que todo es parte de un «show montado» por el fiscal general, Douglas Meléndez.
Por: El Salvador Times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
