Judicial
El duro reto de la FGR de extraditar a Mauricio Funes al país
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene una misión cuesta arriba para poder extraditar al expresidente de la república, Mauricio Funes, así lo afirman expertos en temas constitucionales en una entrevista para El Salvador Times. Ellos explican que será un reto que podría llegar hasta la disolución de los delitos que pesan sobre Funes y una decena de personas.
El miércoles el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decretó orden de captura para el expresidente y otros acusados en el caso “Saqueo Público”, en el que la FGR presume que $351 millones fueron extraídos de forma fraudulenta del Estado con el objetivo de favorecer al círculo más cercano de Funes, quien esta asilado en Nicaragua desde el 6 de septiembre de 2016.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Ulises del Dios Guzmán y el exfiscal Omar Pastor señalaron que el proceso de extradición de Funes y su grupo familiar es un trabajo cuesta arriba, ya que ellos están protegidos bajo la figura de asilo político otorgado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
“El asilo político opera como una especie de protección justamente en contra de los intentos de extradición. El asilo político es la antítesis de la extradición; en consecuencia la policía nicaragüense no lo va a capturar”, dijo Guzmán. Asimismo, afirmó que los cuerpos de seguridad dependen del gobierno de Ortega, los cuales solo se limitarían a notificar a las autoridades salvadoreñas que Funes está dentro de su territorio.
El exmagistrado explicó que dentro los pasos para extraditar a una persona consisten en que el fiscal instructor del caso deberá emitir un solicitud de extradición a los 12 magistrados de la Corte Plena en la CSJ, quienes serás los encargados de evaluar la constitucionalidad y la legalidad de los argumentos presentados por la FGR.
“En un primer momento en el país dependería de la decisión de la Corte; ocho magistrados (la mayoría) pueden decir que se tramite la extradición, pero también ocho magistrados pueden denegar el trámite”, explicó Guzmán.
Él enfatiza que si la Corte llegara a aprobar dicha solicitud para devolver a Funes a El Salvador, esta se encargaría, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, de entregársela a la embajada de Nicaragua en el país o remitirla directamente al gobierno de Ortega.
Guzmán analiza que la respuesta de Nicaragua sería negativa, ya que argumentaría que el expresidente está bajo el blindaje de la figura del asilo «por ser un perseguido político”. Guzmán señaló que la extradición “va a depender de la voluntad del gobernante (Ortega). Mientras se mantenga el asilo político y la protección política no lo va a extraditar mucho más allá de los tratados internacionales”.
El jefe de la unidad Especializada Contra el Lavado de Activos, Jorge Cortez, explicó que con las diversas órdenes de captura a nivel nacional paralelamente se emitió una alerta a las oficinas de la Policía Internacional en El Salvador (Interpol, por sus siglas en ingles) para lanzar la emisión roja para todos los implicados, incluidos los que se encuentren asilados.
Sin embargo, Guzmán reiteró que esa petición no será efectiva para el expresidente Funes y su grupo familiar, precisamente, por estar asilados en el país centroamericano. De esta manera, como la Policía de Nicaragua ya conoce la dirección de residencia del exmandatario solo se limitaría a confirmar que aún está en el territorio.
El exmagistrado explicó que si el expresidente Funes no es llevado a tribunales, el juez lo declararía rebelde y el caso pasaría a una suspensión del proceso hasta llegar a una extinsión de todos los delitos que señalan al exmandatario.
“Existe la probabilidad por la prescripción. Las autoridades no tienen muchos recursos para estar ejerciendo el mismo tipo de presión. De modo tal que existe la probabilidad que simplemente no lo capturen y que transcurra el tiempo de la prescripción y después se extinga el proceso, donde el contara con la libertad”, explicó.
Funes, el nicaragüense
Una carta de salvación que tiene el expresidente salvadoreño es que el gobierno de Nicaragua le conceda la nacionalidad imposibilitando de manera súbita a la justicia salvadoreña, ya que las autoridades judiciales de ese país tendrían que procesarlo, pero todo dependería nuevamente del presidente Ortega.
El exfiscal, Omar Pastor, explicó que hay fuertes rumores de que Funes ya posee la nacionalidad nicaragüense. “Según dicen es ciudadano nicaragüense. No es posible extraditarlo”, dijo durante una entrevista a El Salvador Times. Pastor señaló que el expresidente es inocente, ya que no se le ha probado algunos nexos con los argumentos de la FGR.
Durante una entrevista radial, Cortez le dio la razón al expresidente Funes: “No hemos encontrado mayor evidencia vinculada a él (Mauricio Funes), tiene razón en eso”. Con tal afirmación deja en evidencia que no hay elementos que justifiquen la extradición del exfuncionario y su compañera de vida, Ada Mitchelle Guzmán.
El exmagistrado y el exfiscal concuerdan que el caso no es complicado, ya que el blindaje ha levantado un muro favorecedor para Funes, sobre todo porque la FGR aún no ha encontrado elementos firmes para condenarlo. “No hay pruebas y porque nunca ha sido condenado y llevado a juicio”, apuntó Pastor.
El tratado de extradición
Algunos partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa han solicitado ejecutar el Tratado Centroamericano de Detención y Extradición Simplificada, un convenio firmado por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), donde explica las razones por las cuales una persona puede ser extraditada cuando un país lo solicita a otro.
Sin embargo, el expresidente Mauricio Funes se ha declarado como “perseguido político” por parte de las autoridades fiscales de El Salvador, este es un punto a favor para él ya que dentro de los estatutos del tratado establece en el capítulo cinco que el país se negará a proceder su extradición cuando la petición “ha sido formulada con el objeto de procesar a una persona por razones de raza, sexo, religión, nacionalidad u opiniones políticas”.
Funes en varias ocasiones desde su cuenta de Twitter ha argumentado que es inocente de todos los delitos que pesan en su contra y asegura que todo es parte de un «show montado» por el fiscal general, Douglas Meléndez.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
