Judicial
El duro reto de la FGR de extraditar a Mauricio Funes al país
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene una misión cuesta arriba para poder extraditar al expresidente de la república, Mauricio Funes, así lo afirman expertos en temas constitucionales en una entrevista para El Salvador Times. Ellos explican que será un reto que podría llegar hasta la disolución de los delitos que pesan sobre Funes y una decena de personas.
El miércoles el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decretó orden de captura para el expresidente y otros acusados en el caso “Saqueo Público”, en el que la FGR presume que $351 millones fueron extraídos de forma fraudulenta del Estado con el objetivo de favorecer al círculo más cercano de Funes, quien esta asilado en Nicaragua desde el 6 de septiembre de 2016.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Ulises del Dios Guzmán y el exfiscal Omar Pastor señalaron que el proceso de extradición de Funes y su grupo familiar es un trabajo cuesta arriba, ya que ellos están protegidos bajo la figura de asilo político otorgado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
“El asilo político opera como una especie de protección justamente en contra de los intentos de extradición. El asilo político es la antítesis de la extradición; en consecuencia la policía nicaragüense no lo va a capturar”, dijo Guzmán. Asimismo, afirmó que los cuerpos de seguridad dependen del gobierno de Ortega, los cuales solo se limitarían a notificar a las autoridades salvadoreñas que Funes está dentro de su territorio.
El exmagistrado explicó que dentro los pasos para extraditar a una persona consisten en que el fiscal instructor del caso deberá emitir un solicitud de extradición a los 12 magistrados de la Corte Plena en la CSJ, quienes serás los encargados de evaluar la constitucionalidad y la legalidad de los argumentos presentados por la FGR.
“En un primer momento en el país dependería de la decisión de la Corte; ocho magistrados (la mayoría) pueden decir que se tramite la extradición, pero también ocho magistrados pueden denegar el trámite”, explicó Guzmán.
Él enfatiza que si la Corte llegara a aprobar dicha solicitud para devolver a Funes a El Salvador, esta se encargaría, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, de entregársela a la embajada de Nicaragua en el país o remitirla directamente al gobierno de Ortega.
Guzmán analiza que la respuesta de Nicaragua sería negativa, ya que argumentaría que el expresidente está bajo el blindaje de la figura del asilo «por ser un perseguido político”. Guzmán señaló que la extradición “va a depender de la voluntad del gobernante (Ortega). Mientras se mantenga el asilo político y la protección política no lo va a extraditar mucho más allá de los tratados internacionales”.
El jefe de la unidad Especializada Contra el Lavado de Activos, Jorge Cortez, explicó que con las diversas órdenes de captura a nivel nacional paralelamente se emitió una alerta a las oficinas de la Policía Internacional en El Salvador (Interpol, por sus siglas en ingles) para lanzar la emisión roja para todos los implicados, incluidos los que se encuentren asilados.
Sin embargo, Guzmán reiteró que esa petición no será efectiva para el expresidente Funes y su grupo familiar, precisamente, por estar asilados en el país centroamericano. De esta manera, como la Policía de Nicaragua ya conoce la dirección de residencia del exmandatario solo se limitaría a confirmar que aún está en el territorio.
El exmagistrado explicó que si el expresidente Funes no es llevado a tribunales, el juez lo declararía rebelde y el caso pasaría a una suspensión del proceso hasta llegar a una extinsión de todos los delitos que señalan al exmandatario.
“Existe la probabilidad por la prescripción. Las autoridades no tienen muchos recursos para estar ejerciendo el mismo tipo de presión. De modo tal que existe la probabilidad que simplemente no lo capturen y que transcurra el tiempo de la prescripción y después se extinga el proceso, donde el contara con la libertad”, explicó.
Funes, el nicaragüense
Una carta de salvación que tiene el expresidente salvadoreño es que el gobierno de Nicaragua le conceda la nacionalidad imposibilitando de manera súbita a la justicia salvadoreña, ya que las autoridades judiciales de ese país tendrían que procesarlo, pero todo dependería nuevamente del presidente Ortega.
El exfiscal, Omar Pastor, explicó que hay fuertes rumores de que Funes ya posee la nacionalidad nicaragüense. “Según dicen es ciudadano nicaragüense. No es posible extraditarlo”, dijo durante una entrevista a El Salvador Times. Pastor señaló que el expresidente es inocente, ya que no se le ha probado algunos nexos con los argumentos de la FGR.
Durante una entrevista radial, Cortez le dio la razón al expresidente Funes: “No hemos encontrado mayor evidencia vinculada a él (Mauricio Funes), tiene razón en eso”. Con tal afirmación deja en evidencia que no hay elementos que justifiquen la extradición del exfuncionario y su compañera de vida, Ada Mitchelle Guzmán.
El exmagistrado y el exfiscal concuerdan que el caso no es complicado, ya que el blindaje ha levantado un muro favorecedor para Funes, sobre todo porque la FGR aún no ha encontrado elementos firmes para condenarlo. “No hay pruebas y porque nunca ha sido condenado y llevado a juicio”, apuntó Pastor.
El tratado de extradición
Algunos partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa han solicitado ejecutar el Tratado Centroamericano de Detención y Extradición Simplificada, un convenio firmado por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), donde explica las razones por las cuales una persona puede ser extraditada cuando un país lo solicita a otro.
Sin embargo, el expresidente Mauricio Funes se ha declarado como “perseguido político” por parte de las autoridades fiscales de El Salvador, este es un punto a favor para él ya que dentro de los estatutos del tratado establece en el capítulo cinco que el país se negará a proceder su extradición cuando la petición “ha sido formulada con el objeto de procesar a una persona por razones de raza, sexo, religión, nacionalidad u opiniones políticas”.
Funes en varias ocasiones desde su cuenta de Twitter ha argumentado que es inocente de todos los delitos que pesan en su contra y asegura que todo es parte de un «show montado» por el fiscal general, Douglas Meléndez.
Por: El Salvador Times.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
Judicial
Envían a prisión a sujeto que transportaba un cadáver envuelto en sábanas en su vehículo accidentado
Fredy Enrique Figueroa Salazar, quien fue detenido el pasado 30 de marzo transportando el cadáver de un hombre en su vehículo, seguirá en prisión, así ha resuelto el Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque, La Libertad.
La Fiscalía General de la República lo acusa de homicidio agravado, lesiones culposas y conducción peligrosa. Según el expediente judicializado, a eso de las 6:00 de la mañana, el imputado se accidentó manejando en estado de ebriedad y a excesiva velocidad en el redondel que está en la entrada de Quezaltepeque.
Cuando llegaron a inspeccionar la escena del accidente, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) constataron que Miguel Ángel Acosta Estrada quien transitaba por el lugar había sido atropellado y al seguir el procedimiento registraron el automotor que llevaba en su interior el cuerpo de un hombre envuelto en sábanas. En el vehículo también encontraron $4,000, de los que se desconoce la procedencia lícita.
En las indagaciones, el ministerio público determinó que el homicidio del joven que era trasladado en el vehículo había ocurrido en Nejapa, en horas de la madrugada del 30 de marzo.
Al verificar una casa relacionada con el detenido, los agentes hallaron la escena del crimen: había manchas de sangre, el arma de fuego utilizada para el crimen y un zapato de la víctima similar al que encontraron en el vehículo que manejaba Figueroa Salazar.
La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador ha condenado este martes a 13 años y cuatro meses de cárcel a Norman Quijano, por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Al diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia de ARENA en las alecciones de 2014, los magistrados le inpusieron la condena por reunirse con pandillas y negociar con los principales cabecillas una serie de beneficios a cambio de que votaran por él y lo eligieran presidente, acción calificada como fraude electoral.
La Cámara luego de evaluar una serie de pruebas consistentes en videos, testimonios y documentos, consideró que el político incurrió en los dos delitos y sus acciones ilegales deben ser sancionadas con prisión.
Fue condena en concurso ideal, es decir que con una sola cometió los dos delitos. Y la ley dice que se debe condenar por el delito que tenga la pena más grave y en esta caso el fraude electoral que tiene 10 años y se le debe aumentar la tercera pena.
Para emitir su fallo los magistrados valoraron videos que los mismos cabecillas de las pandillas grabaron y donde se observa a Norman Quijano reunido y pidiéndoles que revoquen su decisión de impedirle a la gente que vaya a votar y que a todos los mareros se les diga que voten por el partido ARENA.
A cambio el exfuncionario les dice que va invertir en beneficio de las pandillas $100 millones, que esos fondos saldrán del presupuesto general de la nación.
La Cámara también tuvo a disposición la declaración rendida de forma virtual por el testigo criteriado Noé, uno de los cabecillas que compareció a la reunión con Quijano, lo dicho por el testigo, complementó y reforzó los videos presentados como evidencia por parte de la Fiscalía.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República presentó información sobre esa reunión entre Quijano con las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca.
Además de los $100 millones ofrecidos, hubo entregas de dinero, a la MS le dieron $50,000, y las dos facciones de la pandilla 18, $25,000 cada una.
#CRONIO El exdiputado Norman Quijano ha recibido una condena de 13 años y 4 meses de cárcel por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Además, fue inhabilitado para ejercer el cargo que tiene actualmente. https://t.co/uARgoOy6gA
— Diario Digital Cronio (@croniosv) April 16, 2024
