Judicial
Dos agentes policiales son condenados a prisión por el delito de incumplimiento de deberes
Esta tarde de miércoles, dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron condenados por el delito de incumplimiento de deberes.
Según autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), Pedro Cortez y Joel Juárez recibieron una pena carcelaria de cuatro años.
Los dos policías fueron acusados y condenados por dicho delito luego que permitieron la entrada de mujeres a bartolinas para mantener relaciones sexuales con pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13).
De acuerdo con el reporte del caso, en agosto del año 2016 las mujeres fueron halladas manteniendo relaciones con sexuales con cabecillas de dicha estructura criminal.
En esa ocasión, hubo quienes aseguraron que el ingreso de mujeres, teléfonos celulares y otros ilícitos a las bartolinas era algo habitual y habían más de dos policías involucrados en esos actos.
De hecho, un día después del suceso, el sábado en la mañana, autoridades de la corporación realizaron un registro donde hallaron teléfonos celulares y otros objetos ilícitos.
Asimismo, en esa oportunidad se sostuvo que los involucrados cobraban entre 40 y 60 dólares por permitir el ingreso de mujeres para que tuvieran sexo con los encarcelados. Además, al momento de la captura a los oficiales se les decomisó alrededor de mil dólares, los cuales se presumía eran producto del negocio ilícito dentro de las bartolina de la PNC de San Vicente.
FGR San Vicente logró que 2 agentes fueran condenados a 4 años de prisión, por permitir la entrada de mujeres a bartolinas policiales, para mantener relaciones con miembros MS13.Los policías, Pedro Cortez y Joel Juárez, cometieron el delito de Incumplimiento de Deberes en 08/2016 pic.twitter.com/RECPGc1Shf
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 19 de julio de 2018
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
