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Judicial

Diez años de cárcel para acusados de extorsionar en el centro de San Salvador

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La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad de Delitos Relativos al Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual de la oficina fiscal de San Salvador logro que dos sujetos recibieran condenas de 10 años de cárcel por el delito de Extorsión Agravada.

Los incriminados fueron identificados como José Antonio Montenegro, quien trabajaba como vigilante privado independiente en las ventas informales del centro de la capital, y Martín Alberto Montoya Olivares, quien es el representante legal de la empresa de vigilantes independientes.

Según las investigaciones de la FGR, Montoya Olivares era el encargado de repartir los puestos de ventas informales en la calle Arce, y a la vez, les cobraba ilegalmente a los vendedores un dinero por permitirles trabajar en la zona.

Los hechos denunciados se dan durante los meses de junio y julio de 2019 sobre la 7º avenida norte y calle Arce del centro de San Salvador.

El tribunal 2º de sentencia de San Salvador validó toda la investigación realizada por los fiscales del caso, donde se presentaron las pruebas suficientes y que dieron la certeza al juez de la responsabilidad penal de los imputados.

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Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos

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El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.

Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.

Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.

Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.

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Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.

Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.

Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.

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Condenan a 20 años de prisión a pandillero que fungía como poste en El Congo, Santa Ana

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La Fiscalía General de la República logró una condena de 20 años de prisión contra Reynaldo Antonio Pérez Rosales, identificado como homeboy, por el delito de agrupaciones ilícitas. El sentenciado operaba desde 2017 en el municipio de El Congo, departamento de Santa Ana.

Según la investigación, sus funciones dentro de la estructura criminal consistían en vigilar la zona y alertar a los demás pandilleros sobre la presencia de patrullajes policiales y militares. Además, se le atribuye el cobro de extorsiones a diferentes comercios turísticos del sector, lo que formaba parte de las actividades con las que la organización mantenía control e intimidación en la zona.

La sentencia fue dictada en el marco de los procesos judiciales que avanzan contra integrantes de estructuras pandilleriles en el occidente del país. La Fiscalía detalló que Pérez Rosales también enfrenta procesos por otros delitos, por los cuales recibirá condenas adicionales que se acumularán a la ya impuesta.

Casos como este forman parte de las acciones de investigación y judicialización orientadas a desarticular las redes de vigilancia, cobro de extorsión y control territorial que ejercían las pandillas. Las autoridades continúan presentando pruebas sobre las funciones específicas de cada integrante dentro de las estructuras criminales.

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