Judicial
Diez años de cárcel para acusados de extorsionar en el centro de San Salvador
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad de Delitos Relativos al Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual de la oficina fiscal de San Salvador logro que dos sujetos recibieran condenas de 10 años de cárcel por el delito de Extorsión Agravada.
Los incriminados fueron identificados como José Antonio Montenegro, quien trabajaba como vigilante privado independiente en las ventas informales del centro de la capital, y Martín Alberto Montoya Olivares, quien es el representante legal de la empresa de vigilantes independientes.
Según las investigaciones de la FGR, Montoya Olivares era el encargado de repartir los puestos de ventas informales en la calle Arce, y a la vez, les cobraba ilegalmente a los vendedores un dinero por permitirles trabajar en la zona.
Los hechos denunciados se dan durante los meses de junio y julio de 2019 sobre la 7º avenida norte y calle Arce del centro de San Salvador.
El tribunal 2º de sentencia de San Salvador validó toda la investigación realizada por los fiscales del caso, donde se presentaron las pruebas suficientes y que dieron la certeza al juez de la responsabilidad penal de los imputados.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
