Judicial
Desarrollan audiencia inicial contra acusados de la tragedia en el estadio Cuscatlán
La defensa de los tres dirigentes de Alianza y dos empleados de EDESSA señalados por la Fiscalía como responsables de la tragedia ocurrida en el estadio Cuscatlán, el pasado 20 de mayo, llegó a un acuerdo con más de medio centenar de víctimas para conciliar por los delitos de lesiones culposas y homicidio culposo, lo cual permitió que los cinco procesados quedaran en libertad
En la audiencia inicial realizada este viernes en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador autorizó la salida alterna por esos delitos ya que la normativa lo permite.
«Es importante determinar que se ha llegado a un arreglo conciliatorio total en relación a los homicidios culposos y las lesiones culposas a través de todas esta jornada, esta maratón que hemos tenido, creo que hemos tenido resultados que como defensa nos hemos esperado», dijo el defensor Miguel Anaya.
Los acusados por el ministerio público son: Pedro Hernández, Edwin Abarca Ventura y Zoila Córdova, presidente, gerente y financiera de Alianza FC, respectivamente; así como Reynaldo Avelar Contreras, Gerente General de EDESSA y Samuel García Montano, encargado de las llaves del Estadio.
La audiencia comenzó en horas de la tarde ya que durante la mañana las 51 personas que resultaron lesionadas y los parientes de los nueve fallecidos estuvieron reuniéndose por separado con fiscales y defensores como parte del acercamiento y determinar si acordaban la conciliación.
En las investigaciones que la Fiscalía desarrolló, se determinó que hubo negligencia en la organización del evento deportivo por parte de los dirigentes y empleados de EDESSA procesados.
Los argumentos sostenidos por la representación fiscal es que los imputados estaban en la obligación de garantizar el desarrollo adecuado del encuentro futbolístico entre Alianza FC y Club Deportivo FAS como parte de los cuartos de final de la liga mayor y que definiría el club que avanzaría a las semifinales del torneo que fue dado por finalizado.
En cuanto al delito de estragos públicos culposos hubo una suspensión condicional del procedimiento que también les abrió el camino para quedar libres.
La Fiscalía había acusado por estragos públicos agravados, pero la jueza dijo que no existió dolo e intención de causar daño y por lo tanto no hay agravante y calificó el delito como estragos públicos culposos. «Todos los delitos se tipificaron como culposo y se sobreyó por todos los delitos», agregó Anaya.
El 20 de mayo, un estampida humana en el sector popular del estadio Cuscatlán provocó la muerte de 9 personas -y no 12 como se dijo en el primer momento- y provocó algún tipo de lesiones en decenas de aficionados, pero solo 51 casos de lesionados fueron judicializados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a seis años de prisión a Elizabeth Durán Campos por el delito de estafa agravada, en perjuicio del patrimonio de una víctima.
Según las investigaciones, en 2023 la víctima contrató a Durán Campos para la construcción de una piscina en el municipio de La Libertad Costa. Para realizar el trabajo, la imputada recibió un anticipo de $8,150, de un total de $16,000 acordado por la terminación de la obra.
Sin embargo, Durán Campos abandonó los trabajos al segundo día de haberlos iniciado y se negó a devolver el dinero recibido. Además de la pena de prisión, deberá devolver el monto estafado.
Judicial
PNC captura a tres personas con marihuana en residencial Terranova de San Miguel; una de ellas había sido reportada como desaparecida
La Policía Nacional Civil capturó a dos hombres y una mujer durante un procedimiento en una vivienda de la residencial Terranova, en San Miguel, donde se localizó marihuana y objetos presuntamente vinculados a su distribución. Los detenidos son Lindsay Michelle Aguilar Fuentes, de 19 años; José Luis Méndez Argueta, de 21, y Dixma Alexander Amador Torres, de 23. Aguilar Fuentes había sido reportada como desaparecida en redes sociales antes de ser localizada en el operativo.
Durante el registro, las autoridades incautaron marihuana (sin especificar cantidad), una balanza electrónica, una picadora para droga, seis teléfonos celulares, una motocicleta, una pipa y dinero en efectivo. Los tres quedaron bajo custodia y serán remitidos por el delito de posesión y tenencia de droga.
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La PNC no ha detallado las circunstancias exactas que llevaron al operativo ni el rol específico atribuido a cada uno de los capturados. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades individuales.
El caso se suma a los operativos que la institución realiza de forma permanente contra el tráfico y posesión de sustancias ilícitas en el oriente del país.
Las autoridades instan a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales.
Capturamos a dos hombres y una mujer durante un procedimiento realizado en una vivienda de la residencial Terranova, en San Miguel, donde nuestros equipos localizaron marihuana y otros objetos relacionados con su distribución.
Entre los detenidos se encuentra Lindsay Michelle… pic.twitter.com/3TxG3ijoPX
— PNC El Salvador (@PNCSV) August 22, 2026
Judicial
Condenan a cinco años de cárcel a un hombre que amenazó de muerte a su propia madre en Santa Ana
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana condenó a cinco años de prisión a José Andrés Ábrego Coto, de 31 años, por los delitos de amenazas en perjuicio de su madre y resistencia. Los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2026 en una vivienda de la colonia Gerardo Barrios, distrito de Santa Ana.
Ábrego Coto llegó al domicilio de su madre y la amenazó con quitarle la vida. Ante el temor de que cumpliera la amenaza, la víctima pidió auxilio a la Policía Nacional Civil. Cuando los agentes llegaron al lugar lo encontraron en el exterior de la vivienda y le ordenaron someterse a una requisa personal, pero el imputado se negó y debió ser neutralizado.
Durante el proceso, la madre del condenado manifestó que su hijo ya había sido procesado anteriormente por causarle lesiones y que cumplió una condena por ese delito. El caso se tramitó por la vía de juicio sumario.
La sentencia confirma la detención del imputado y cierra el proceso por estos hechos específicos. Las autoridades no han informado sobre medidas adicionales de protección para la víctima.
Este tipo de casos de violencia intrafamiliar reiterada pone de relieve la importancia de la denuncia oportuna y la actuación policial inmediata.
