Judicial
Desarrollan audiencia inicial contra acusados de la tragedia en el estadio Cuscatlán
La defensa de los tres dirigentes de Alianza y dos empleados de EDESSA señalados por la Fiscalía como responsables de la tragedia ocurrida en el estadio Cuscatlán, el pasado 20 de mayo, llegó a un acuerdo con más de medio centenar de víctimas para conciliar por los delitos de lesiones culposas y homicidio culposo, lo cual permitió que los cinco procesados quedaran en libertad
En la audiencia inicial realizada este viernes en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador autorizó la salida alterna por esos delitos ya que la normativa lo permite.
«Es importante determinar que se ha llegado a un arreglo conciliatorio total en relación a los homicidios culposos y las lesiones culposas a través de todas esta jornada, esta maratón que hemos tenido, creo que hemos tenido resultados que como defensa nos hemos esperado», dijo el defensor Miguel Anaya.
Los acusados por el ministerio público son: Pedro Hernández, Edwin Abarca Ventura y Zoila Córdova, presidente, gerente y financiera de Alianza FC, respectivamente; así como Reynaldo Avelar Contreras, Gerente General de EDESSA y Samuel García Montano, encargado de las llaves del Estadio.
La audiencia comenzó en horas de la tarde ya que durante la mañana las 51 personas que resultaron lesionadas y los parientes de los nueve fallecidos estuvieron reuniéndose por separado con fiscales y defensores como parte del acercamiento y determinar si acordaban la conciliación.
En las investigaciones que la Fiscalía desarrolló, se determinó que hubo negligencia en la organización del evento deportivo por parte de los dirigentes y empleados de EDESSA procesados.
Los argumentos sostenidos por la representación fiscal es que los imputados estaban en la obligación de garantizar el desarrollo adecuado del encuentro futbolístico entre Alianza FC y Club Deportivo FAS como parte de los cuartos de final de la liga mayor y que definiría el club que avanzaría a las semifinales del torneo que fue dado por finalizado.
En cuanto al delito de estragos públicos culposos hubo una suspensión condicional del procedimiento que también les abrió el camino para quedar libres.
La Fiscalía había acusado por estragos públicos agravados, pero la jueza dijo que no existió dolo e intención de causar daño y por lo tanto no hay agravante y calificó el delito como estragos públicos culposos. «Todos los delitos se tipificaron como culposo y se sobreyó por todos los delitos», agregó Anaya.
El 20 de mayo, un estampida humana en el sector popular del estadio Cuscatlán provocó la muerte de 9 personas -y no 12 como se dijo en el primer momento- y provocó algún tipo de lesiones en decenas de aficionados, pero solo 51 casos de lesionados fueron judicializados.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
