Judicial
Dadas las irregularidades del Fiscal General Douglas Meléndez, el abogado de Enrique Rais presentó un Habeas Corpus
Ante lo que considera proceder ilegal de FGR, abogado de Rais presentó recurso de “habeas corpus preventivo” para detener una captura injustiticada”.
El recurso legal fue presentado la mañana de este miércoles en la Cámara Cuarta del Centro, de Santa Tecla.
SAN SALVADOR. Con el objetivo de evitar un procedimiento arbitrario e ilegal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del empresario Enrique Rais, su equipo de abogados presentaron un recurso de “habeas corpus preventivo” por considerar que está en peligro el derecho a la libertad ambulatoria de su defendido, a quien se le estaría violentado el derecho a su legítima defensa por parte del ministerio público.
Según explicó un miembro del equipo legal de defensa de Enrique Rais, el abogado Douglas Melgar, en la fiscalía existen dos expedientes administrativos en los cuales, según notas periodísticas, se tiene abierta una investigación en contra del empresario en los cuales está siendo investigando por lavado de dinero y activos; sin embargo, hasta la fecha la FGR ha negado todo tipo información de los expedientes, bajo el argumento que han sido declarados en reserva.
“En un primer momento el grupo de abogados que lo representa solicitó en términos concretos, por escrito, que le dijesen si estaba (Enrique Rais) o no investigado en estos expedientes administrativos, qué delitos se le atribuían y en caso de ser afirmativa la respuesta, que el grupo legal tuviese acceso a la diligencias o al expediente, con el propósito de garantizar el derecho de defensa. La fiscalía, por escrito, expresó en un primer momento que él no estaba siendo investigado, pero luego dijo que sí, pero que declaraba reserva del expediente”, explicó. Además, el ministerio público reiteró que “por tanto, producto de esa reserva, ningún abogado o apoderado legal iba a tener acceso a ese expediente administrativo. De ahí que se tomó la decisión de presentar el ‘habeas corpus’, porque se está vulnerando el derecho a la libertad ambulatoria del señor Rais”, agregó Melgar.
El defensor enfatizó que “se pretende evitar que se gire una orden administrativa de manera injustificada o infundada, transgrediendo derechos constitucionales. porque el mismo Código Procesal Penal, en su artículo 76, establece que ‘las partes donde el imputado (Enrique Rais) o las partes que estén facultades (abogados o apoderados legales) pueden tener acceso a ese expediente administrativo’. La regla general es que es reservado ese expediente para toda personas que no tenga nada que ver con la investigación, pero en el caso de lo indiciado o investigado, el mismo artículo establece que él por sí o a través de sus abogados o apoderados puede y debe tener acceso a su expediente y tener la oportunidad de hacer las descargas respectivas”, subrayó.
La figura del habeas corpus preventivo es un recurso legal en el caso cuando no se ha concretizado la captura de la persona que es investigada, ya que un riesgo inminente que la captura, injustificada o arbitraria, se ordene, “lo que se busca es evitar que esa captura de carácter ilegal se de en determinado momento”, dijo Melgar.
MOVIMIENTOS SOSPECHOSOS DE FGR
El abogado externó que la Fiscalía desde semanas atrás “ha comenzado hacer una especie de requerimiento solicitando copias certificadas de ciertos pasajes de esos expedientes argumentando que existe una investigación que van a ser incorporados en esa diligencia”, denunció. “El habeas corpus se ha presentado por los expedientes que existen a nivel de la fiscalía en la Unidad de Investigación Financiera y la Unidad Contra el Crimen Organizado”, agregó.
“Existen esos dos expedientes administrativos donde don Enrique tiene la calidad de investigado, pero el problema es que la Fiscalía los declaró reservados y no les permite a las partes materiales ni técnicas tener acceso a dichos expedientes, revisar las diligencias y elaborar pruebas de descargo, que es de lo que habla del artículo 76 en relación con el 80, inciso segundo del Código Procesal Penal”, resaltó.
El equipo legal del empresario indicó que el próximo martes tendrá lugar una audiencia especial donde Rais podría ser intimado por la fiscalía. “En el proceso principal, que está en 8° de Instrucción, la misma prueba que ha presentado la fiscalía, se desvanece todo tipo de participación del señor Enrique Rais, así mismo, las escuchas desde nuestro particular y punto de vista técnico son ilegales, por un sin fin de cuestiones, consideramos que el caso se desvaneció. El próximo martes, tememos que al salir bien, si el juez resuelve conforme a derecho, ahí mismo le intimen o le notifiquen la existencia de estos dos nuevos casos”, lamentó el abogado.
La ley de procedimientos constitucionales establece la posibilidad que el recurso legal sea presentado y resuelto en una Cámara, “lo ideal era que lo conociera la Sala de Constitucional, pero todos sabemos que no se ha podido instalar por falta de nombramiento por parte de la Asamblea Legislativa pero eso no es obstáculo para que la Cámara pueda conocer”, refirió. El “habeas corpus” fue presentado a la Cámara de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, en razón de que se aplicó que la autoridad demanda es el fiscal general, quien tiene su sede en Santa Tecla.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
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Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
