Judicial
Dadas las irregularidades del Fiscal General Douglas Meléndez, el abogado de Enrique Rais presentó un Habeas Corpus
Ante lo que considera proceder ilegal de FGR, abogado de Rais presentó recurso de “habeas corpus preventivo” para detener una captura injustiticada”.
El recurso legal fue presentado la mañana de este miércoles en la Cámara Cuarta del Centro, de Santa Tecla.
SAN SALVADOR. Con el objetivo de evitar un procedimiento arbitrario e ilegal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del empresario Enrique Rais, su equipo de abogados presentaron un recurso de “habeas corpus preventivo” por considerar que está en peligro el derecho a la libertad ambulatoria de su defendido, a quien se le estaría violentado el derecho a su legítima defensa por parte del ministerio público.
Según explicó un miembro del equipo legal de defensa de Enrique Rais, el abogado Douglas Melgar, en la fiscalía existen dos expedientes administrativos en los cuales, según notas periodísticas, se tiene abierta una investigación en contra del empresario en los cuales está siendo investigando por lavado de dinero y activos; sin embargo, hasta la fecha la FGR ha negado todo tipo información de los expedientes, bajo el argumento que han sido declarados en reserva.
“En un primer momento el grupo de abogados que lo representa solicitó en términos concretos, por escrito, que le dijesen si estaba (Enrique Rais) o no investigado en estos expedientes administrativos, qué delitos se le atribuían y en caso de ser afirmativa la respuesta, que el grupo legal tuviese acceso a la diligencias o al expediente, con el propósito de garantizar el derecho de defensa. La fiscalía, por escrito, expresó en un primer momento que él no estaba siendo investigado, pero luego dijo que sí, pero que declaraba reserva del expediente”, explicó. Además, el ministerio público reiteró que “por tanto, producto de esa reserva, ningún abogado o apoderado legal iba a tener acceso a ese expediente administrativo. De ahí que se tomó la decisión de presentar el ‘habeas corpus’, porque se está vulnerando el derecho a la libertad ambulatoria del señor Rais”, agregó Melgar.
El defensor enfatizó que “se pretende evitar que se gire una orden administrativa de manera injustificada o infundada, transgrediendo derechos constitucionales. porque el mismo Código Procesal Penal, en su artículo 76, establece que ‘las partes donde el imputado (Enrique Rais) o las partes que estén facultades (abogados o apoderados legales) pueden tener acceso a ese expediente administrativo’. La regla general es que es reservado ese expediente para toda personas que no tenga nada que ver con la investigación, pero en el caso de lo indiciado o investigado, el mismo artículo establece que él por sí o a través de sus abogados o apoderados puede y debe tener acceso a su expediente y tener la oportunidad de hacer las descargas respectivas”, subrayó.
La figura del habeas corpus preventivo es un recurso legal en el caso cuando no se ha concretizado la captura de la persona que es investigada, ya que un riesgo inminente que la captura, injustificada o arbitraria, se ordene, “lo que se busca es evitar que esa captura de carácter ilegal se de en determinado momento”, dijo Melgar.
MOVIMIENTOS SOSPECHOSOS DE FGR
El abogado externó que la Fiscalía desde semanas atrás “ha comenzado hacer una especie de requerimiento solicitando copias certificadas de ciertos pasajes de esos expedientes argumentando que existe una investigación que van a ser incorporados en esa diligencia”, denunció. “El habeas corpus se ha presentado por los expedientes que existen a nivel de la fiscalía en la Unidad de Investigación Financiera y la Unidad Contra el Crimen Organizado”, agregó.
“Existen esos dos expedientes administrativos donde don Enrique tiene la calidad de investigado, pero el problema es que la Fiscalía los declaró reservados y no les permite a las partes materiales ni técnicas tener acceso a dichos expedientes, revisar las diligencias y elaborar pruebas de descargo, que es de lo que habla del artículo 76 en relación con el 80, inciso segundo del Código Procesal Penal”, resaltó.
El equipo legal del empresario indicó que el próximo martes tendrá lugar una audiencia especial donde Rais podría ser intimado por la fiscalía. “En el proceso principal, que está en 8° de Instrucción, la misma prueba que ha presentado la fiscalía, se desvanece todo tipo de participación del señor Enrique Rais, así mismo, las escuchas desde nuestro particular y punto de vista técnico son ilegales, por un sin fin de cuestiones, consideramos que el caso se desvaneció. El próximo martes, tememos que al salir bien, si el juez resuelve conforme a derecho, ahí mismo le intimen o le notifiquen la existencia de estos dos nuevos casos”, lamentó el abogado.
La ley de procedimientos constitucionales establece la posibilidad que el recurso legal sea presentado y resuelto en una Cámara, “lo ideal era que lo conociera la Sala de Constitucional, pero todos sabemos que no se ha podido instalar por falta de nombramiento por parte de la Asamblea Legislativa pero eso no es obstáculo para que la Cámara pueda conocer”, refirió. El “habeas corpus” fue presentado a la Cámara de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, en razón de que se aplicó que la autoridad demanda es el fiscal general, quien tiene su sede en Santa Tecla.
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143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados hasta con 75 años de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13, del programa Libertad, fueran condenados a penas que van desde los 20 hasta los 75 años de prisión por su vinculación y pertenencia a la estructura criminal y por otros delitos.
Todos los pandilleros delinquían en el cantón Lourdes, del distrito de Colón, en en las colonias Cinco Cedros, San Mateo, El Chapernal, Bazzini, Las 600 y zonas aledañas del departamento de La Libertad y fueron sentenciados según el grado de participación o rango en la estructura criminal. Todos fueron capturados a partir de la implementación del régimen de excepción.
Entre las sentencias más altas está la 75 años de prisión impuesta a Cristian Dagoberto Alas García, alias Chory o Espía; al imputado se le condenó por los delitos de agrupaciones ilícitas, siembra y cultivo de marihuana y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. El imputado fue capturado en agosto de 2022, en una finca de Talnique, donde almacenaba dos armas de guerra y cultivaba plantas de marihuana.
67 años de prisión fue la condena impuesta a Miqueas Misael Hernández Rodríguez, alias Miqueas, por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas, posesión de drogas con fines de tráfico y amenazas agravadas. Al momento de la captura el imputado amenazó verbalmente a elementos de la Fuerza Armada y se le incautaron sustancias ilícitas y un arma de fuego sin documentación legal.
El corredor de clica, Carlos Gerardo Escobar, alias Drupi, fue condenado a 66 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de drogas; el imputado fue detenido en noviembre de 2022 en San Juan Opico, cuando intentó ocultar un arma de fuego y huir de las autoridades.
Otro de los condenados es el corredor de clica Jonathan David Doradea, alias Bacha o Mafioso, a quien se le impusieron 51 años de prisión por agrupaciones ilícitas y posesión de drogas.
Los corredores de clica Fidel Antonio Ramos Flores, alias Viejo Tigre, y Nelson Enrique Larios Saget, alias Duende, recibieron 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas.
A esa misma pena y por el mismo delito fueron condenados los homeboys: Juan Carlos López Serrano, alias «Chacal»; Edwin Alexander Monterroza Arévalo, alias «Sayco»; Víctor Manuel Miranda Rosales, alias «Wizar», Elvis Jovanny Henriquez Montes, alias Espiri; Óscar Alfredo Alas Corea, alias «Black» o «Kilo»; Pedro Antonio Urbano Menjívar, alias «Vago»; Marvin Joel Gómez Portillo, alias «Slow»; Jairo Adonay Molina Paz, alias «Sparky»; Samuel Enrique Nieto Flores, alias «Zombie»; Andrés Rivas Menéndez, alias «Timón»; Juan Antonio García Cortez, alias «Humilde» o «Juan»; Juan Ramón Hernández Estrada, alias «Little Boy»; Samuel Eduardo Martínez Salazar, alias «Dauner»; Roberto Antonio Bermúdez Santamaría, alias «Pulga»; Dagoberto de Jesús Quintanilla, alias «Shorty»; Nelson Edgardo Aguirre Martínez, alias «Sombra»; Pedro José Sánchez Leiva, alias «Zonte»; Dany Wilson Ávalos Abrego, alias «Vigion»; Marcos Salvador López Martínez, alias «Gato de la Belén»; Manfredy Marcos Vanegas Durán, alias «Flaco» o «Scrapy»; Luis Alonso Gómez de Paz, alias «Pega»; Edwin Osmín Ruiz Aguilar, alias «Maníaco»; Francisco López Hernández, alias «Sapo»; Hayser Antonio Madrid Argueta, alias «Hayser», Carlos Antonio Ramírez, alias «Mico» y Elmer Shunico Shunico.
El resto de penas oscilan entre 36, 30 y 20 años de prisión. Según el fallo se condenó a 4 corredores de clica, 27 homeboys, 61 chequeos, 4 observaciones y 47 paro o colaboradores.
Estas condenas fueron impuestas en presencia de los imputados por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el ente fiscal durante la audiencia única.
Milton Osmín Bonilla Romero fue condenado a 40 años de prisión por el delito de extorsión.
Según la acusación fiscal, entre abril y septiembre de 2011, la víctima fue amenazada de muerte por miembros de la MS-13. Por temor a las amenazas, la víctima denunció el hecho el 2 de agosto de ese mismo año ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Para ubicar al responsable, se realizaron dos entregas controladas de dinero el 11 y el 29 de septiembre de 2011, en el interior de un centro comercial de la ciudad de San Miguel, donde identificaron y capturaron a Bonilla Romero.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel lo condenó a 20 años de cárcel por cada entrega de dinero en la que participó el procesado.
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Detenida mujer acusada de estafar a 11 parejas con servicios de organización de bodas en El Salvador
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional de Tránsito Guadalupe Marroquín, de 48 años, acusada del delito de estafa agravada en perjuicio de 11 personas que habrían contratado sus servicios para la organización de bodas.
De acuerdo con la investigación, la imputada promocionaba sus servicios como planificadora de eventos a través de redes sociales y solicitaba anticipos mediante transferencias bancarias para organizar celebraciones programadas entre 2025 y 2026.
La Fiscalía sostiene que, en algunos casos, los locales nunca fueron reservados, mientras que en los eventos que sí se realizaron, los servicios brindados no coincidieron con lo acordado.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran la falta de decoración, banquete, cristalería, bebidas, ramo de novia y otros servicios adicionales que habían sido ofrecidos a los clientes.
Según el requerimiento fiscal, el perjuicio económico causado a las 11 víctimas asciende a $19,651.
Tras la audiencia inicial, la jueza determinó que existen suficientes indicios para que el proceso continúe en la etapa de instrucción y ordenó que Marroquín permanezca en detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
