Judicial
Dadas las irregularidades del Fiscal General Douglas Meléndez, el abogado de Enrique Rais presentó un Habeas Corpus
Ante lo que considera proceder ilegal de FGR, abogado de Rais presentó recurso de “habeas corpus preventivo” para detener una captura injustiticada”.
El recurso legal fue presentado la mañana de este miércoles en la Cámara Cuarta del Centro, de Santa Tecla.
SAN SALVADOR. Con el objetivo de evitar un procedimiento arbitrario e ilegal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del empresario Enrique Rais, su equipo de abogados presentaron un recurso de “habeas corpus preventivo” por considerar que está en peligro el derecho a la libertad ambulatoria de su defendido, a quien se le estaría violentado el derecho a su legítima defensa por parte del ministerio público.
Según explicó un miembro del equipo legal de defensa de Enrique Rais, el abogado Douglas Melgar, en la fiscalía existen dos expedientes administrativos en los cuales, según notas periodísticas, se tiene abierta una investigación en contra del empresario en los cuales está siendo investigando por lavado de dinero y activos; sin embargo, hasta la fecha la FGR ha negado todo tipo información de los expedientes, bajo el argumento que han sido declarados en reserva.
“En un primer momento el grupo de abogados que lo representa solicitó en términos concretos, por escrito, que le dijesen si estaba (Enrique Rais) o no investigado en estos expedientes administrativos, qué delitos se le atribuían y en caso de ser afirmativa la respuesta, que el grupo legal tuviese acceso a la diligencias o al expediente, con el propósito de garantizar el derecho de defensa. La fiscalía, por escrito, expresó en un primer momento que él no estaba siendo investigado, pero luego dijo que sí, pero que declaraba reserva del expediente”, explicó. Además, el ministerio público reiteró que “por tanto, producto de esa reserva, ningún abogado o apoderado legal iba a tener acceso a ese expediente administrativo. De ahí que se tomó la decisión de presentar el ‘habeas corpus’, porque se está vulnerando el derecho a la libertad ambulatoria del señor Rais”, agregó Melgar.
El defensor enfatizó que “se pretende evitar que se gire una orden administrativa de manera injustificada o infundada, transgrediendo derechos constitucionales. porque el mismo Código Procesal Penal, en su artículo 76, establece que ‘las partes donde el imputado (Enrique Rais) o las partes que estén facultades (abogados o apoderados legales) pueden tener acceso a ese expediente administrativo’. La regla general es que es reservado ese expediente para toda personas que no tenga nada que ver con la investigación, pero en el caso de lo indiciado o investigado, el mismo artículo establece que él por sí o a través de sus abogados o apoderados puede y debe tener acceso a su expediente y tener la oportunidad de hacer las descargas respectivas”, subrayó.
La figura del habeas corpus preventivo es un recurso legal en el caso cuando no se ha concretizado la captura de la persona que es investigada, ya que un riesgo inminente que la captura, injustificada o arbitraria, se ordene, “lo que se busca es evitar que esa captura de carácter ilegal se de en determinado momento”, dijo Melgar.
MOVIMIENTOS SOSPECHOSOS DE FGR
El abogado externó que la Fiscalía desde semanas atrás “ha comenzado hacer una especie de requerimiento solicitando copias certificadas de ciertos pasajes de esos expedientes argumentando que existe una investigación que van a ser incorporados en esa diligencia”, denunció. “El habeas corpus se ha presentado por los expedientes que existen a nivel de la fiscalía en la Unidad de Investigación Financiera y la Unidad Contra el Crimen Organizado”, agregó.
“Existen esos dos expedientes administrativos donde don Enrique tiene la calidad de investigado, pero el problema es que la Fiscalía los declaró reservados y no les permite a las partes materiales ni técnicas tener acceso a dichos expedientes, revisar las diligencias y elaborar pruebas de descargo, que es de lo que habla del artículo 76 en relación con el 80, inciso segundo del Código Procesal Penal”, resaltó.
El equipo legal del empresario indicó que el próximo martes tendrá lugar una audiencia especial donde Rais podría ser intimado por la fiscalía. “En el proceso principal, que está en 8° de Instrucción, la misma prueba que ha presentado la fiscalía, se desvanece todo tipo de participación del señor Enrique Rais, así mismo, las escuchas desde nuestro particular y punto de vista técnico son ilegales, por un sin fin de cuestiones, consideramos que el caso se desvaneció. El próximo martes, tememos que al salir bien, si el juez resuelve conforme a derecho, ahí mismo le intimen o le notifiquen la existencia de estos dos nuevos casos”, lamentó el abogado.
La ley de procedimientos constitucionales establece la posibilidad que el recurso legal sea presentado y resuelto en una Cámara, “lo ideal era que lo conociera la Sala de Constitucional, pero todos sabemos que no se ha podido instalar por falta de nombramiento por parte de la Asamblea Legislativa pero eso no es obstáculo para que la Cámara pueda conocer”, refirió. El “habeas corpus” fue presentado a la Cámara de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, en razón de que se aplicó que la autoridad demanda es el fiscal general, quien tiene su sede en Santa Tecla.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
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Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
