Judicial
Condenan a pandillero que extorsionaba a comerciantes en Santa Ana
La Unidad de Penal Juvenil de la oficina fiscal de Santa
Ana, logro la sanción de siete años de internamiento y tres de libertad
asistida para un pandillero de MS, luego de que un tribunal de menores lo
declarara culpables del delito de Extorsión Agravada, en perjuicio de un
comerciante de la cabecera departamental, que goza de régimen de protección de
víctima y testigo, dijo el jefe de la Unidad Julio Sosa.
El Juzgado Segundo de Menores de Santa Ana, determinó la responsabilidad de
Christopher N., luego de que la Fiscalía presentara, además del testimonio de
la víctima, pruebas de entregas controladas, con lo que se comprobó la
participación del adolescente en el delito de Extorsión Agravada, prevista y
sancionada en el artículo 214 del Código Penal.
La víctima y testigo, quien goza de protección especial y se le identifica bajo
la clave “49”, dijo que en el mes de mayo de 2018, en la ciudad de Santa Ana,
se le acercaron tres sujetos de la MS, manifestándole que si quería trabajar en
la zona, tenía que darles cada vez que entrara la cantidad de $50.00, y en caso
que no cumpliera lo iban a matar; ante tal situación interpone denuncia en sede
policial.
Al iniciar la investigación la víctima entrego por temor a que lo fueran a
matar el número telefónico para realizar la negociación con los sujetos, por lo
que el 5 de junio del 2018, le entrego un billete de $20.00, para que lo
entregaran los sujetos que le exigían el dinero, posteriormente los
investigadores dela PNC realizan la entrega controlada, el cual fue recogido
por un sujeto que se conducía en bicicleta, quien momentos después fue
interceptado e identificado con el nombre de Christopher N.
Durante la Vista de Causa al adolescente Christopher N., se le declaro
responsable imponiéndole la medida definitiva de siete años de Internamiento y
tres años de libertad asistida, pena que cumplirá en la Granja de
Rehabilitación para jóvenes en conflicto con la ley en Ilobasco, en el
departamento de Cabañas, concluyo el fiscal Ponce.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
