Judicial
Condenan a pandillero que extorsionaba a comerciantes en Santa Ana
La Unidad de Penal Juvenil de la oficina fiscal de Santa
Ana, logro la sanción de siete años de internamiento y tres de libertad
asistida para un pandillero de MS, luego de que un tribunal de menores lo
declarara culpables del delito de Extorsión Agravada, en perjuicio de un
comerciante de la cabecera departamental, que goza de régimen de protección de
víctima y testigo, dijo el jefe de la Unidad Julio Sosa.
El Juzgado Segundo de Menores de Santa Ana, determinó la responsabilidad de
Christopher N., luego de que la Fiscalía presentara, además del testimonio de
la víctima, pruebas de entregas controladas, con lo que se comprobó la
participación del adolescente en el delito de Extorsión Agravada, prevista y
sancionada en el artículo 214 del Código Penal.
La víctima y testigo, quien goza de protección especial y se le identifica bajo
la clave “49”, dijo que en el mes de mayo de 2018, en la ciudad de Santa Ana,
se le acercaron tres sujetos de la MS, manifestándole que si quería trabajar en
la zona, tenía que darles cada vez que entrara la cantidad de $50.00, y en caso
que no cumpliera lo iban a matar; ante tal situación interpone denuncia en sede
policial.
Al iniciar la investigación la víctima entrego por temor a que lo fueran a
matar el número telefónico para realizar la negociación con los sujetos, por lo
que el 5 de junio del 2018, le entrego un billete de $20.00, para que lo
entregaran los sujetos que le exigían el dinero, posteriormente los
investigadores dela PNC realizan la entrega controlada, el cual fue recogido
por un sujeto que se conducía en bicicleta, quien momentos después fue
interceptado e identificado con el nombre de Christopher N.
Durante la Vista de Causa al adolescente Christopher N., se le declaro
responsable imponiéndole la medida definitiva de siete años de Internamiento y
tres años de libertad asistida, pena que cumplirá en la Granja de
Rehabilitación para jóvenes en conflicto con la ley en Ilobasco, en el
departamento de Cabañas, concluyo el fiscal Ponce.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
