Judicial
Condenan a 17 años de prisión a dos sujetos por golpear, amarrar y robarle a un campesino
Un joven y un hombre fueron condenados a 17 años de cárcel cada uno por haber golpeado, amarrado y robado pertenencias a un campesino en el cantón El Cerro, municipio de Coatepeque.
El hecho ocurrió el 2 de septiembre de 2017, de acuerdo a informes de la Fiscalía.
Las investigaciones de las autoridades establecen que la víctima iba camino a unos cafetales del caserío Luciana cuando cuatro sujetos lo interceptaron y le apuntaron con armas de fuego para que les diera lo que llevaba.
Los hombres le quitaron al trabajador $10 que llevaba en el pantalón, un machete valorado en $11 y una bomba de fumigar cuyo precio ronda los $60.
Después de robarle sus pertenencias lo amarraron de pies y manos, lo golpearon y amenazaron con matarlo si no se iba a vivir a otro lugar.
Por temor a ser asesinado, la víctima dejó todo y se fue a vivir a otro lado e interpuso la denuncia ante la Policía y la Fiscalía.
Las indagaciones de los fiscales terminaron con una orden de captura contra Nelson Alexander L., de 22 años y Florencio de Jesús C., de 43.
Ambos hombres fueron presentados a los juzgados donde el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana los declaró responsables de los delitos de robo agravado y limitación de la libre circulación.
El juez sentenció a purgar 8 años y 6 meses de cárcel por cada uno de los delitos a los dos sujetos, es decir; 17 años a Nelson Alexander y otros 17 años Florencio de Jesús.
Además de la pena, a ambos criminales se les impuso una responsabilidad civil compartida de $81.
En el caso, a una mujer que estaba siendo procesada junto con los dos hombres por los mismos dos delitos no se le pudo comprobar su participación en el hecho por lo que el juzgador ordenó su inmediata liberación.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
