Judicial
Condena de tres años para Catalino Miranda por dos delitos
El transportista Catalino Miranda fue condenado a tres años por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en un juicio abreviado que la defensa propuso a la Fiscalía General de la República y que el juez de la causa autorizó luego de verificar que se reunieron los requisitos que la normativa procesal penal establece.
Miranda confesó los hechos atribuidos por el ministerio público, ese era el principal requisito para acceder al procedimiento abreviado. El imputado de forma virtual se incriminó y respondió a las preguntas que los fiscales le hicieron.
Por desórdenes públicos recibió dos años, este delito absorbió el de resistencia que al principio le fue atribuido, la Fiscalía solicitó que se hiciera ese procedimiento.
Por el delito de venta a precio superior (cobrar pasaje por encima del valor aprobado por el VMT) el tribunal lo condenó a un año, pero esa pena le fue sustituida por trabajo de utilidad pública ya que ese fue el acuerdo al que llegaron fiscales y defensores.
El juez recibió la declaración de testigos y revisó prueba documental consistente en actas de denuncias de personas afectadas por el incremento del pasaje en las rutas que el Viceministerio de Transporte (VMT) le concesionó a Miranda.
Los fiscales dijeron que entre el 11 y 14 del año 2022 el VMT recibió 100 denuncias de aumento a las tarifas. La Fiscalía también le presentó al tribunal videos para probar el delito de desórdenes públicos.
Miranda tiene pendiente otro proceso penal por haber falsificado documentos para obtener un préstamo en un banco por $2.6 millones.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
