Judicial
Cliente de prostíbulo intenta robarle el teléfono a una trabajadora y termina asesinado por pandilleros
El Tribunal 2° de Sentencia de Santa Ana envió a la cárcel a dos pandilleros al ser encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado y homicidio tentado en perjuicio de dos clientes de un prostíbulo en las inmediaciones del parque de Colón, de la ciudad santaneca.
Los condenados son Wilfredo Adonay Raymundo, de 22 años, y Erick Ernesto G., de 32.
El orden de los hechos indica que el 17 de enero de 2018 “Medellín”, testigo en régimen de protección, vio en un prostíbulo y cantina a tres personas (que también eran clientes del antro, ubicado en las cercanías de un parque de Colón), entre ellos Kevin Omar Morales Martínez.
Los tres estaban consumiendo bebidas alcohólicas cuando uno de ellos intentó quitarle el teléfono celular a una trabajadora del lugar y al no lograr su cometido los tres decidieron irse del sitio. Uno de los amigos y Kevin Omar se fueron a una Despensa Económica, mientras que el tercero se quedó en un parque.
Kevin Omar y su amigo iban caminando por la calle cuando una camioneta se paró y de ella se bajaron dos pandilleros y obligaron a los tres hombres a entrar al carro, donde los estaban otros mareros.
Mientras el vehículo iba en movimiento los terroristas comenzaron a golpear a las víctimas hasta que llegaron al tope de una calle donde bajaron del vehículo a Kevin Omar.
Mientras le daban una golpiza a la víctima, Wilfredo Adonay y Erick Ernesto (los ahora condenados) sacaron navajas y lo hirieron del rostro hasta que murió desangrando.
El tercer amigo reaccionó a tiempo y empujó a uno que lo tenía sujetado y se fue huyendo en dirección a un hospedaje donde pasó la noche.
A la mañana siguiente salió y se dirigió a una caseta policial para contar a los agentes lo que había sucedido, al tiempo que ellos recibieron una llamada del hallazgo de un cadáver por lo que relacionaron el relato del testigo con la localización del fallecido.
Un testigo ayudó a las autoridades a la identificación de la víctima y de dos de los culpables, que fueron capturados a las 3:30 de la tarde del día siguiente entre la 14ª. Avenida Sur y 11ª. Calle Poniente, de Santa Ana.
Los arrestados fueron acusados ante el sistema judicial donde el Tribunal 2° de Sentencia validó las pruebas recolectadas en la investigación y el relato del testigo y los encontró culpables.
Se les impuso una pena cárcel de 20 años por el asesinato de Kevin y 10 años por el intento de homicidio, totalizando 30 años tras las rejas.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
