Judicial
Cliente de prostíbulo intenta robarle el teléfono a una trabajadora y termina asesinado por pandilleros
El Tribunal 2° de Sentencia de Santa Ana envió a la cárcel a dos pandilleros al ser encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado y homicidio tentado en perjuicio de dos clientes de un prostíbulo en las inmediaciones del parque de Colón, de la ciudad santaneca.
Los condenados son Wilfredo Adonay Raymundo, de 22 años, y Erick Ernesto G., de 32.
El orden de los hechos indica que el 17 de enero de 2018 “Medellín”, testigo en régimen de protección, vio en un prostíbulo y cantina a tres personas (que también eran clientes del antro, ubicado en las cercanías de un parque de Colón), entre ellos Kevin Omar Morales Martínez.
Los tres estaban consumiendo bebidas alcohólicas cuando uno de ellos intentó quitarle el teléfono celular a una trabajadora del lugar y al no lograr su cometido los tres decidieron irse del sitio. Uno de los amigos y Kevin Omar se fueron a una Despensa Económica, mientras que el tercero se quedó en un parque.
Kevin Omar y su amigo iban caminando por la calle cuando una camioneta se paró y de ella se bajaron dos pandilleros y obligaron a los tres hombres a entrar al carro, donde los estaban otros mareros.
Mientras el vehículo iba en movimiento los terroristas comenzaron a golpear a las víctimas hasta que llegaron al tope de una calle donde bajaron del vehículo a Kevin Omar.
Mientras le daban una golpiza a la víctima, Wilfredo Adonay y Erick Ernesto (los ahora condenados) sacaron navajas y lo hirieron del rostro hasta que murió desangrando.
El tercer amigo reaccionó a tiempo y empujó a uno que lo tenía sujetado y se fue huyendo en dirección a un hospedaje donde pasó la noche.
A la mañana siguiente salió y se dirigió a una caseta policial para contar a los agentes lo que había sucedido, al tiempo que ellos recibieron una llamada del hallazgo de un cadáver por lo que relacionaron el relato del testigo con la localización del fallecido.
Un testigo ayudó a las autoridades a la identificación de la víctima y de dos de los culpables, que fueron capturados a las 3:30 de la tarde del día siguiente entre la 14ª. Avenida Sur y 11ª. Calle Poniente, de Santa Ana.
Los arrestados fueron acusados ante el sistema judicial donde el Tribunal 2° de Sentencia validó las pruebas recolectadas en la investigación y el relato del testigo y los encontró culpables.
Se les impuso una pena cárcel de 20 años por el asesinato de Kevin y 10 años por el intento de homicidio, totalizando 30 años tras las rejas.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.
Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.
Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.
La Fiscalía General de la República logró una condena de 20 años de prisión contra Reynaldo Antonio Pérez Rosales, identificado como homeboy, por el delito de agrupaciones ilícitas. El sentenciado operaba desde 2017 en el municipio de El Congo, departamento de Santa Ana.
Según la investigación, sus funciones dentro de la estructura criminal consistían en vigilar la zona y alertar a los demás pandilleros sobre la presencia de patrullajes policiales y militares. Además, se le atribuye el cobro de extorsiones a diferentes comercios turísticos del sector, lo que formaba parte de las actividades con las que la organización mantenía control e intimidación en la zona.
La sentencia fue dictada en el marco de los procesos judiciales que avanzan contra integrantes de estructuras pandilleriles en el occidente del país. La Fiscalía detalló que Pérez Rosales también enfrenta procesos por otros delitos, por los cuales recibirá condenas adicionales que se acumularán a la ya impuesta.
Casos como este forman parte de las acciones de investigación y judicialización orientadas a desarticular las redes de vigilancia, cobro de extorsión y control territorial que ejercían las pandillas. Las autoridades continúan presentando pruebas sobre las funciones específicas de cada integrante dentro de las estructuras criminales.
