Judicial
Cámara ordenó a Nayib Bukele, Durán, Castro y exfuncionarios de la Alcaldía de San Salvador pagar más de $3 millones en reparos patrimoniales por Mercado Cuscatlán
La Cámara Sexta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República (CCR) emitió una resolución en la que señaló 10 reparos administrativos y patrimoniales en el proyecto del Mercado Cuscatlán en la gestión de Nayib Bukele como alcalde de San Salvador.
Esto significa proceder al Juicio de Cuentas y otorgar 15 días para que los involucrados tengan derechos al uso de defensa, contados a partir de la fecha de verificado el emplazamiento.
¿Quiénes son los involucrados en el juicio de cuentas?
Los funcionarios municipales que se desempeñaron en los siguientes cargos: Nayib Bukele, alcalde de San Salvador (actual Presidente), Ana Xóchilt Marchelli Canales, síndica municipal; José Fabio Castillo, primer regidor propietario; Morena Elizabeth Castaneda Orantes, segunda regidora propietaria; Jaime Alberto Hill Argüello, tercer regidor propietario; Cecilio Vidal Sabrían Gálvez, cuarto regidor propietario; Rodolfo Armando Pérez Valladares, quinto regidor propietario; Luis Héctor Morales Pérez Valladares, sexto regidor propietario; Edwin Patricio Núñez Alguera, décimo regidor propietario.
Así también, Fernando Andrés López Larreynaga, gerente de Catastro (actual Ministro de Medio Ambiente); Álvaro Ernesto O´byrne Cevallos, gerente de Desarrollo Urbano (ahora presidente del Fovial); Andrés Alberto Espinoza Carías, gerente de Centros Comerciales Municipales (período 21 de julio de 2016 al 21 de marzo de 2017).
Además, Rolando Castro Hernández, exgerente de centros comerciales municipales (del 22 de marzo de 2017 al 31 de enero de 2018), actual director suplente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) -Homónimo del actual Ministro de Trabajo, no relacionado-; Mario Durán, exsegundo regidor suplente con funciones de director de desarrollo municipal, (actual Ministro de Gobernación); Mayra Argueta, subgerente de trámites catastrales; Rodas Hernández, subgerente de servicios urbanos; y Débora Ramírez de Bustamante, Jefa de Análisis y Aplicaciones Catastrales.
¿Cuáles son los reparos de la Cámara?
De acuerdo con la resolución de la Cámara, estos son los reparos:
No se contó con un Reglamento Interno para el funcionamiento del Bazar Cuscatlán y no se gestionó la elaboración y aprobación de un manual de procedimientos para la gestión de cobros, por lo que se incrementó el riesgo que la Administración del Bazar realizara discrecionalmente sus actividades en perjuicio de la municipalidad. No lo exigió el alcalde de ese momento, Nayib Bukele y el segundo regidor suplente como Director de Desarrollo Municipal, Mario Durán y los Gerentes de Centros Comerciales Municipales, Rolando Castro Hernández y Andrés Espinoza.
Reparo 2: Deficiencias en la administración del Bazar Cuscatlán
Se detectaron dos deficiencias en esta administración, la primera por el saldo pendiente de pago o mora de $225,350 por arrendamiento de puestos, locales, kioscos que supera el porcentaje de ingresos percibidos durante enero 2017 a enero 2018, que fue de $100,097; la mora fue del 60%. No se tomaron acciones legales para dejar sin efecto los contratos. A esta responsabilidad administrativa debe responde Rolando Castro Hernández y Mario Durán.
Reparo 3: Deficiencias en asignación de locales, puestos y kioscos
No se exigieron a los interesados en arrendar la entrega de solicitud de declaración jurada donde manifieste reunir los requisitos establecidos en la ordenanza y se comprometa acumplir las regulaciones. Se asignaron dos puestos a un mismo arrendatario aunque solo se podía dar uno. Según la Cámara no se garantizó transparencia en la selección y ocasionaron que se dejara de percibir $85,199 desde enero de 2018 a enero de 2019. La responsabilidad patrimonial recae en Rolando Castro Hernández, Mario Durán y Andrés Espinoza.
Reparo 4: Falta de reestructuración de cuentas catastrales
No se realizó reestructuración de las cuentas para actualizar los cobros de las tasas por aseo público, disposición final, contribución especial y alumbrado público. A pesar de la deficiencia, la Municipalidad prosiguió con la firma del contrato de arrendamiento, sin considerar que el arrendante (la empresa DESARROLLO UNIVERSAL, S.A. de C.V.) se encontraba insolvente en el pago de tributos municipales. El reparo es de $30,192, responsabilidad de Fernando López, Mayra Argueta y Débora Ramírez.
Reparo 5: Comercialización de bebidas alcohólicas sin autorización
Negocios comercializaban sin licencia del Departamento de Licencias, Permisos y Matrículas de la Municipalidad de San Salvador, dejando de percibir ingresos por la autorización de negocios dedicados a ese giro económico. Responsabilidad administrativa de Mario Durán y Rolando Castro Hernández.
Reparo 6: Fijación de precio inmueble sin valúo, pactado en promesa de venta
Se realizó un contrato para la adquisición del inmueble para ser utilizado como mercado a $10,000 más $28 millones 815,000; a un pago mensual de $96,050 en concepto de arrendamiento durante 25 años; no obstante no hubo un valúo del inmueble. Por lo que se definió que la Municipalidad pagaría por el inmueble un 3,479.47% más del valor registrado en la información financiera del arrendante. Los responsables administrativos son Nayib Bukele y Xóchitl Canales por no solicitarlo.
Reparo 7: Pagos en exceso por canon de arrendamiento
Al haber pactado el precio del arrendamiento con base al valúo proporcionado por el propietario, la Municipalidad pagó en exceso $1,032,955.75 de enero 2016 a enero 2018. Los responsables administrativos y patrimoniales son: Nayib Bukele, Xóchitl Canales, José Fabio Castillo, Morena Castaneda, Jaime Hill Argüello, Cecilio Vidal Sibrían, Rodolfo Pérez, Luis Morales y Edwin Patricio Núñez Alguera.
Reparo 8: Pagos por arrendamiento de inmueble para mercado sin que este fuera utilizado por los usuarios
Del 12 de noviembre de 2015 el alcalde firmó contrato de arrendamiento del inmueble, pero se pagó el alquiler 11 meses sin ser ocupado, siendo erogados $1,056,550, siendo su inauguración hasta diciembre de 2016, donde se efectuaron remodelaciones para su habilitaciones. La Responsabilidad patrimonial es para Nayib Bukele, Xóchitl Canales, José Fabio Castillo, Morena Castaneda, Jaime Hill Argüello, Cecilio Vidal Sibrían, Rodolfo Pérez, Luis Morales y Edwin Patricio Núñez Alguera.
Reparo 9: Erogaciones en remodelaciones sin permisos de construcción recepción final y permiso de habitar
La municipalidad realizó remodelaciones, desde enero de 2016 a enero de 2018, al inmueble arrendado por un monto de $649,104.64 sin haber contado con el correspondiente permiso de construcción emitido por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS). El permiso se otorgó hasta marzo de 2018. Responsabilidad patrimonial de Álvaro Ernesto O’byrne Cevallos y Ana Xóchitl Marchelli Canales.
Reparo 10: Erogación de fondos para la ejecución de obra proyectada que no fue ejecutada
No se realizaron un total de siete partidas del proyecto «Mejoras en el Bazar Cuscatlán» por un monto de $198,183.78; estas erogaciones no fueron justificadas en obra o materiales, ni aclarado el destino, pero fueron incluidas en el informe final de liquidación realizado por la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Unidad de Soporte Administrativo y Financiero de la Municipalidad en fecha 21de marzo de 2018. Responsabilidad patrimonial para Álvaro Ernesto O’byrne Cevallos y Rodas Aníbal Hernández Villatoro, por $219,866.81.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
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143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados hasta con 75 años de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13, del programa Libertad, fueran condenados a penas que van desde los 20 hasta los 75 años de prisión por su vinculación y pertenencia a la estructura criminal y por otros delitos.
Todos los pandilleros delinquían en el cantón Lourdes, del distrito de Colón, en en las colonias Cinco Cedros, San Mateo, El Chapernal, Bazzini, Las 600 y zonas aledañas del departamento de La Libertad y fueron sentenciados según el grado de participación o rango en la estructura criminal. Todos fueron capturados a partir de la implementación del régimen de excepción.
Entre las sentencias más altas está la 75 años de prisión impuesta a Cristian Dagoberto Alas García, alias Chory o Espía; al imputado se le condenó por los delitos de agrupaciones ilícitas, siembra y cultivo de marihuana y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. El imputado fue capturado en agosto de 2022, en una finca de Talnique, donde almacenaba dos armas de guerra y cultivaba plantas de marihuana.
67 años de prisión fue la condena impuesta a Miqueas Misael Hernández Rodríguez, alias Miqueas, por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas, posesión de drogas con fines de tráfico y amenazas agravadas. Al momento de la captura el imputado amenazó verbalmente a elementos de la Fuerza Armada y se le incautaron sustancias ilícitas y un arma de fuego sin documentación legal.
El corredor de clica, Carlos Gerardo Escobar, alias Drupi, fue condenado a 66 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de drogas; el imputado fue detenido en noviembre de 2022 en San Juan Opico, cuando intentó ocultar un arma de fuego y huir de las autoridades.
Otro de los condenados es el corredor de clica Jonathan David Doradea, alias Bacha o Mafioso, a quien se le impusieron 51 años de prisión por agrupaciones ilícitas y posesión de drogas.
Los corredores de clica Fidel Antonio Ramos Flores, alias Viejo Tigre, y Nelson Enrique Larios Saget, alias Duende, recibieron 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas.
A esa misma pena y por el mismo delito fueron condenados los homeboys: Juan Carlos López Serrano, alias «Chacal»; Edwin Alexander Monterroza Arévalo, alias «Sayco»; Víctor Manuel Miranda Rosales, alias «Wizar», Elvis Jovanny Henriquez Montes, alias Espiri; Óscar Alfredo Alas Corea, alias «Black» o «Kilo»; Pedro Antonio Urbano Menjívar, alias «Vago»; Marvin Joel Gómez Portillo, alias «Slow»; Jairo Adonay Molina Paz, alias «Sparky»; Samuel Enrique Nieto Flores, alias «Zombie»; Andrés Rivas Menéndez, alias «Timón»; Juan Antonio García Cortez, alias «Humilde» o «Juan»; Juan Ramón Hernández Estrada, alias «Little Boy»; Samuel Eduardo Martínez Salazar, alias «Dauner»; Roberto Antonio Bermúdez Santamaría, alias «Pulga»; Dagoberto de Jesús Quintanilla, alias «Shorty»; Nelson Edgardo Aguirre Martínez, alias «Sombra»; Pedro José Sánchez Leiva, alias «Zonte»; Dany Wilson Ávalos Abrego, alias «Vigion»; Marcos Salvador López Martínez, alias «Gato de la Belén»; Manfredy Marcos Vanegas Durán, alias «Flaco» o «Scrapy»; Luis Alonso Gómez de Paz, alias «Pega»; Edwin Osmín Ruiz Aguilar, alias «Maníaco»; Francisco López Hernández, alias «Sapo»; Hayser Antonio Madrid Argueta, alias «Hayser», Carlos Antonio Ramírez, alias «Mico» y Elmer Shunico Shunico.
El resto de penas oscilan entre 36, 30 y 20 años de prisión. Según el fallo se condenó a 4 corredores de clica, 27 homeboys, 61 chequeos, 4 observaciones y 47 paro o colaboradores.
Estas condenas fueron impuestas en presencia de los imputados por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el ente fiscal durante la audiencia única.
