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Judicial

Cámara ordenó a Nayib Bukele, Durán, Castro y exfuncionarios de la Alcaldía de San Salvador pagar más de $3 millones en reparos patrimoniales por Mercado Cuscatlán

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La Cámara Sexta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República (CCR) emitió una resolución en la que señaló 10 reparos administrativos y patrimoniales en el proyecto del Mercado Cuscatlán en la gestión de Nayib Bukele como alcalde de San Salvador.

Esto significa proceder al Juicio de Cuentas y otorgar 15 días para que los involucrados tengan derechos al uso de defensa, contados a partir de la fecha de verificado el emplazamiento.

¿Quiénes son los involucrados en el juicio de cuentas?

Los funcionarios municipales que se desempeñaron en los siguientes cargos: Nayib Bukele, alcalde de San Salvador (actual Presidente), Ana Xóchilt Marchelli Canales, síndica municipal; José Fabio Castillo, primer regidor propietario; Morena Elizabeth Castaneda Orantes, segunda regidora propietaria; Jaime Alberto Hill Argüello, tercer regidor propietario; Cecilio Vidal Sabrían Gálvez, cuarto regidor propietario; Rodolfo Armando Pérez Valladares, quinto regidor propietario; Luis Héctor Morales Pérez Valladares, sexto regidor propietario; Edwin Patricio Núñez Alguera, décimo regidor propietario.

Así también, Fernando Andrés López Larreynaga, gerente de Catastro (actual Ministro de Medio Ambiente); Álvaro Ernesto O´byrne Cevallos, gerente de Desarrollo Urbano (ahora presidente del Fovial); Andrés Alberto Espinoza Carías, gerente de Centros Comerciales Municipales (período 21 de julio de 2016 al 21 de marzo de 2017).

Además, Rolando Castro Hernández, exgerente de centros comerciales municipales (del 22 de marzo de 2017 al 31 de enero de 2018), actual director suplente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) -Homónimo del actual Ministro de Trabajo, no relacionado-; Mario Durán, exsegundo regidor suplente con funciones de director de desarrollo municipal, (actual Ministro de Gobernación); Mayra Argueta, subgerente de trámites catastrales; Rodas Hernández,  subgerente de servicios urbanos; y Débora Ramírez de Bustamante, Jefa de Análisis y Aplicaciones Catastrales.

¿Cuáles son los reparos de la Cámara?

De acuerdo con la resolución de la Cámara, estos son los reparos:

No se contó con un Reglamento Interno para el funcionamiento del Bazar Cuscatlán y no se gestionó la elaboración y aprobación de un manual de procedimientos para la gestión de cobros, por lo que se incrementó el riesgo que la Administración del Bazar realizara discrecionalmente sus actividades en perjuicio de la municipalidad. No lo exigió el alcalde de ese momento, Nayib Bukele y el segundo regidor suplente como Director de Desarrollo Municipal, Mario Durán y los Gerentes de Centros Comerciales Municipales, Rolando Castro Hernández y Andrés Espinoza.

Reparo 2: Deficiencias en la administración del Bazar Cuscatlán

Se detectaron dos deficiencias en esta administración, la primera por el saldo pendiente de pago o mora de $225,350 por arrendamiento de puestos, locales, kioscos que supera el porcentaje de ingresos percibidos durante enero 2017 a enero 2018, que fue de $100,097; la mora fue del 60%. No se tomaron acciones legales para dejar sin efecto los contratos. A esta responsabilidad administrativa debe responde Rolando Castro Hernández y Mario Durán.

Reparo 3: Deficiencias en asignación de locales, puestos y kioscos

No se exigieron a los interesados en arrendar la entrega de solicitud de declaración jurada donde manifieste reunir los requisitos establecidos en la ordenanza y se comprometa acumplir las regulaciones. Se asignaron dos puestos a un mismo arrendatario aunque solo se podía dar uno. Según la Cámara no se garantizó transparencia en la selección y ocasionaron que se dejara de percibir $85,199 desde enero de 2018 a enero de 2019. La responsabilidad patrimonial recae en Rolando Castro Hernández, Mario Durán y Andrés Espinoza.

Reparo 4: Falta de reestructuración de cuentas catastrales

No se realizó reestructuración de las cuentas para actualizar los cobros de las tasas por aseo público, disposición final, contribución especial y alumbrado público. A pesar de la deficiencia, la Municipalidad prosiguió con la firma del contrato de arrendamiento, sin considerar que el arrendante (la empresa DESARROLLO UNIVERSAL, S.A. de C.V.) se encontraba insolvente en el pago de tributos municipales. El reparo es de $30,192, responsabilidad de Fernando López, Mayra Argueta y Débora Ramírez.

Reparo 5: Comercialización de bebidas alcohólicas sin autorización

Negocios comercializaban sin licencia del Departamento de Licencias, Permisos y Matrículas de la Municipalidad de San Salvador, dejando de percibir ingresos por la autorización de negocios dedicados a ese giro económico. Responsabilidad administrativa de Mario Durán y Rolando Castro Hernández.

Reparo 6: Fijación de precio inmueble sin valúo, pactado en promesa de venta

Se realizó un contrato para la adquisición del inmueble para ser utilizado como mercado a $10,000 más $28 millones 815,000; a un pago mensual de $96,050 en concepto de arrendamiento durante 25 años; no obstante no hubo un valúo del inmueble. Por lo que se definió que la Municipalidad pagaría por el inmueble un 3,479.47% más del valor registrado en la información financiera del arrendante. Los responsables administrativos son Nayib Bukele y Xóchitl Canales por no solicitarlo.

Reparo 7: Pagos en exceso por canon de arrendamiento

Al haber pactado el precio del arrendamiento con base al valúo proporcionado por el propietario, la Municipalidad pagó en exceso $1,032,955.75 de enero 2016 a enero 2018. Los responsables administrativos y patrimoniales son: Nayib Bukele, Xóchitl Canales, José Fabio Castillo, Morena Castaneda, Jaime Hill Argüello, Cecilio Vidal Sibrían, Rodolfo Pérez, Luis Morales y Edwin Patricio Núñez Alguera.

Reparo 8: Pagos por arrendamiento de inmueble para mercado sin que este fuera utilizado por los usuarios

Del 12 de noviembre de 2015 el alcalde firmó contrato de arrendamiento del inmueble, pero se pagó el alquiler 11 meses sin ser ocupado, siendo erogados $1,056,550, siendo su inauguración hasta diciembre de 2016, donde se efectuaron remodelaciones para su habilitaciones. La Responsabilidad patrimonial es para Nayib Bukele, Xóchitl Canales, José Fabio Castillo, Morena Castaneda, Jaime Hill Argüello, Cecilio Vidal Sibrían, Rodolfo Pérez, Luis Morales y Edwin Patricio Núñez Alguera.

Reparo 9: Erogaciones en remodelaciones sin permisos de construcción recepción final y permiso de habitar

La municipalidad realizó remodelaciones, desde enero de 2016 a enero de 2018, al inmueble arrendado por un monto de $649,104.64 sin haber contado con el correspondiente permiso de construcción emitido por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS). El permiso se otorgó hasta marzo de 2018. Responsabilidad patrimonial de Álvaro Ernesto O’byrne Cevallos y Ana Xóchitl Marchelli Canales.

Reparo 10: Erogación de fondos para la ejecución de obra proyectada que no fue ejecutada

No se realizaron un total de siete partidas del proyecto «Mejoras en el Bazar Cuscatlán» por un monto de $198,183.78; estas erogaciones no fueron justificadas en obra o materiales, ni aclarado el destino, pero fueron incluidas en el informe final de liquidación realizado por la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Unidad de Soporte Administrativo y Financiero de la Municipalidad en fecha 21de marzo de 2018. Responsabilidad patrimonial para Álvaro Ernesto O’byrne Cevallos y Rodas Aníbal Hernández Villatoro, por $219,866.81.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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