Judicial
Audiencia contra estudiante de la UES y joven implicado en protesta contra el agua es suspendida este día
Este viernes se suspendió la audiencia inicial contra José Luis Bernal (estudiante de Periodismo de la Universidad de El Salvador) y Brayan Martínez, ambos capturados el miércoles pasado acusados de causar daños al edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras la marcha contra la privatización del agua.
El motivo de la suspendió de la diligencia judicial fue porque la jueza del caso presentó problemas de salud, por lo que fue reprogramada para el próximo martes 26 de marzo, a las 10:00 a.m.
Cabe destacar que el día jueves, ambos jóvenes fueron puestos en libertad luego que la Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó al Juzgado prisión provisional ni medidas alternas a la detención contra los jóvenes. (Fotos cortesía/Universidad de El Salvador)
Por ello, tanto Bernal como Martínez debían acudir este viernes al Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, a las 10:00 a.m para enfrentar la audiencia inicial por los supuestos daños causados en el edificio de la Corte Suprema de Justicia y algunos vehículos ubicados en la zona.
Desde el momento de su detención, el rector de la UES, Roger Arias, junto a estudiantes y trabajadores del alma mater acompañaron en todo el proceso al estudiante.
“El joven Martínez, perteneciente a artistas urbanos también fue liberado”, señaló Roger Arias.
Según el rector, José Luis Bernal fue detenido mientras daba cobertura a la marcha contra la privatización del agua este miércoles. El estudiante realizaba prácticas de fotografía como parte de su formación académica.
Tras su liberación, el estudiante asistió a una reunión del Consejo Superior Universitario donde expuso que “Si esto está pasando es porque nos quieren detener”.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
