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Judicial

Arresto domiciliar para acusado en caso Carla Ayala

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El Juzgado Especializado de Sentencia para una vida libre de Violencia contra las Mujeres, realizó una audiencia especial para verificar la situación jurídica del reo Víctor Daniel Castillo Campos, acusado de cómplice no necesario en el feminicidio agravado de la agente de la Policìa Nacional Civil (PNC), Carla Mayarí Ayala Palacios, mejor conocida como Carla Ayala.

El imputado es primo del principal sospechoso del feminicidio agravado y prófugo de la justicia, el exagente de la PNC Juan Josué Castillo Arévalo, conocido por su alias de «samurai».

Tras la audiencia, el juez decretó arresto domiciliar para el reo y mientras enfrenta el proceso judicial en su contra.

Se explicó que Castillo cumplió el pasado 1 de junio dos años de estar en prisión, sin que hasta este momento se haya dictado sentencia, por lo que el artículo 8 del Código Procesal Penal se le cambia la medida de la detención provisional a arresto domiciliar.

El artículo referido indica, que nadie puede estar preso más de 24 meses sin haber recibido sentencia definitiva, por lo que debe seguir el proceso en libertad o con una medida menos gravosa que la detención.

Consta en el proceso judicial, que a Castillo se le encontró el teléfono celular de la agente Ayala, quien fue asesinada la madrugada del 29 de diciembre de 2017, luego de una fiesta de fin de año que se llevó a cabo en el desaparecido Grupo de Reacción Policial (GRP).

Por este caso son procesados varios oficiales, agentes y civiles que tuvieron diferente participación en el hecho, siendo Juan Josué Castillo Arévalo el único procesado por homicidio agravado.

La vista pública estaba programada para realizarse del 13 al 20 de marzo pasado, pero debido a la pandemia generada por el Coronavirus Covid-19 fue aplazada y pospuesta para una fecha aún no definida.

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Sujeto recibe 12 años de prisión por despojar de sus pertenencias a una víctima

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A cumplir una condena de 12 años de cárcel ha sido sentenciado José Alfredo Gómez Ramírez, quien fue declarado culpable por el delito de robo en perjuicio de una víctima, a quien despojó de sus objetos de valor.

El hecho ocurrió la tarde del 18 de enero de este año. La víctima transitaba sobre 12ª. calle poniente, entre la 1ª. avenida sur y la avenida Isidro Ménendez, en el centro de esta capital, cuando fue interceptada por Gómez Ramírez, quien la amenazó de muerte y de forma rápida la despojó de sus prendas de valor.

La víctima luego de entregar sus pertenencias huyó de la zona y buscó apoyo policial.

El sujeto fue ubicado y detenido por agentes de autoridad a los pocos minutos de la acción delincuencial. La Fiscalía presentó toda la prueba ante el Juzgado Noveno de Paz y al finalizar de la denominada audiencia de vista pública sumaria fue encontrado responsable penalmente por el mencionado delito.

Gómez Ramírez ya cumplió dos condenas carcelarias por igual número de robos que cometió en 2015 y 2020, respectivamente.

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Judicial

Ordenan captura de hombre acusado de crear material de abuso infantil

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La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron un operativo para capturar a Miguel Ángel Renderos Teo, quien será procesado por generar material de abuso sexual infantil.

La investigación contra el sujeto inició luego que la Fiscalía recibió un aviso en el que se alertaba que el hombre creaba material de abuso sexual de dos menores.

El registro se realizó en Soyapango, San Salvador Este y durante el procedimiento se logró la incautación de tres dispositivos celulares que ayudarán a robustecer las investigaciones en su contra.

Además se logró identificar a las víctimas, quienes fueron asistidas por el equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA).

La FGR presentará al imputado en los próximos días ante las autoridades competentes.

Al hombre se le atribuyen los delitos de utilización de niñas/os, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), violación en menor e incapaz agravada y continuada, y agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada.

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Cárcel para sujeto que violó a su pareja y la indujo al suicidio

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Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.

La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.

Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.

Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.

Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.

Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.

La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.

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