Judicial
Abogados y políticos cuestionan a la FGR ¿Por qué no se usó la Ley de Extinción de Dominio contra acusados de desviar donativo de Taiwán?
Algunos abogados y políticos externaron sus dudas sobre los resultados que podrían obtenerse con la acción de la Fiscalía General de la República (FGR), luego que interpusiera una demanda civil contra Juan Tennant Wright, Gerardo Balzaretti Kriete, Elías Antonio Saca, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), entre otros señalados de desviar $10 millones de un donativo de China Taiwán para los damnificados por los terremotos ocurridos en el año 2001.
Y aunque la noticia fue aplaudida por muchos, ahora otros se cuestionan porqué dejaron pasar tanto tiempo y sobre la idoneidad de la acción de la FGR.
“¿Por qué no lo había hecho? ¿cuánto tiempo tiene el caso de Saca?”, cuestionó por su parte el exmagistrado de Cámara y jurista Omar Pastor luego de enterarse de la noticia externando sus dudas al respecto.
En la misma línea de pensamiento se expresó Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones del partido Cambio Democrático (CD), quien se mostró escéptico con la medida escogida por el ministerio público.
Álvarez señaló que el fiscal general, Raúl Melara Morán, debería responder “¿por qué él no utiliza esta herramienta pudiendo hacerlo? y se la reserva no sé con qué intención… esa es otra cosa que a uno lo pone en duda”, previno el secretario de Comunicaciones del CD.
Cuando fue aprobada la Ley de Extinción de Dominio, los funcionarios de la época argumentaron que sería una herramienta expedita para que el Estado recuperara los fondos desviados del erario público, ya que su
aplicación no dependía de un resultado en una instancia penal previa, en vista que únicamente buscaba incautar los bienes y dinero cuya procedencia lícita no se podía demostrar.
En este caso, en el juicio por peculado y lavado de dinero contra el expresidente Francisco Flores se documentó que Juan Tennant Wright era en 2001 el tesorero de ARENA y Gerardo Balzaretti Kriete fungía como presidente del Centro de Estudios Políticos José Antonio Rodríguez Porth (CEP).
Según se estableció en la etapa de instrucción del citado juicio, Francisco Flores transfirió mediante el Banco Cuscatlán los $10 millones que habría desviado del donativo de China Taiwán hacia el Centro de Estudios
Políticos, de ahí se trasladaron a cuentas bancarias del tricolor llamadas ARENA Día D y ARENA Casa Por Casa.
Debido a que en la estructura organizativa de ARENA, Juan Tennant Wright tenía un puesto clave como tesorero y Gerardo Balzaretti Kriete presidía el CEP su participación habría sido decisiva en el desvió de los $10 millones, de acuerdo a la argumentación de la FGR.
Sin embargo, para Aldo Álvarez, la decisión de optar por una demanda civil para recuperar esos $10 millones desviados del mencionado donativo es una acción “muy, muy rara; me parece que cualquiera pueda decir que detrás de eso no hay intención de querer mostrar músculo, si lo sumamos también a la detención del exministro, hace unos días del exministro de Defensa Munguía Payés”.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
