Judicial
Abogado ambientalista: “Denunciaré a exministra Lina Pohl ante la CICIES por corrupción al haber permitido botadero ilegal de Salume”
El abogado ambientalista Sergio Portillo Toruño, se comunicó a esta redacción e informó que a consecuencia de la vulnerabilidad demostrada en el país, para afrontar distintos fenómenos naturales, como lo ha sido el paso de la tormenta tropical “Amanda”; se ha ocupado de hacer una revisión exhaustiva de cómo la falta de planeación y la corrupción de ciertos funcionarios públicos en las administraciones pasadas han tenido gran impacto e incidencia en todos los desastres naturales y en las pérdidas de vidas humanas que hemos tenido que lamentar durante el recién pasado fin de semana.
Un caso para CICIES
De manera que anunció la primera denuncia con la cual procederá ante La Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador (CICIES), corresponde a la exministra del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl, por haber autorizado, tolerado y permitido el funcionamiento, en contravención de las leyes ambientales, del botadero de basura situado en el Puerto de La Libertad, que es propiedad del señor Salume.
Además, recordó que este botadero se ha sido un foco de contaminación en el municipio y que el MARN durante administraciones gubernamentales pasadas presuntamente habría incurrido en una malversación de fondos públicos y fondos provenientes de donantes internacionales, ya que gastó recursos para un cierre técnico en el sitio, sin embargo después se autorizó únicamente como relleno sanitario manual, con capacidad máxima para recibir 12 toneladas de desechos municipales diariamente.
Sin embargo, desde el año 2011, el señor Salume pasó a ser el propietario del sitio de disposición final, a través de la creación de una Sociedad de Economía Mixta (SEM), con la municipalidad del Puerto de La Libertad y presentó ante el MARN, una simple solicitud de reconversión y no un estudio de impacto ambiental, con el que de forma ilegal la entonces viceministra Pohl, autorizó la reconversión del sitio para recibir hasta 42 toneladas de desechos municipales diariamente, como un relleno sanitario mecanizado; sin embargo, desde el año 2014 (desde el 1 de junio de 2014, Lina Pohl fue nombrada Ministra del MARN por el presidente Salvador Sánchez Cerén), el señor Salume infringiendo las leyes ambientales ha explotado el sitio, recibiendo más cantidad de basura de la que indicaban sus permisos de funcionamiento y los que tiene capacidad de recibir, especialmente porque el sitio incumple con múltiples parámetros técnicos, uno de ellos es la distancia entre el Botadero y los núcleos poblacionales, que de acuerdo a la Reglamentación Ambiental, no puede haber un sitio de disposición de desechos municipales en un radio mínimo de 500 metros contados desde la ubicación de los asentamientos de viviendas.
En el caso del botadero del señor Salume, según explica Toruño, la distancia con relación a las zonas pobladas colindantes con el Caserío Melara, son menores a los 180 metros, en algunos linderos; por lo que tomando en cuenta: La vulnerabilidad de la zona, por los desbordamientos de ríos y quebradas; la mala gestión que se está dando a los desechos sólidos depositados, por exceder la cantidad que técnica y legalmente están en capacidad de recibir; las filtraciones de agua que socavan el terreno y la incapacidad que las lagunas de lixiviados que están recibiendo tal cantidad de agua lluvia y que han sido señaladas como ineficientes en un peritaje efectuado por el equipo multidisciplinario ambiental de la Corte Suprema, son una bomba de tiempo para deslaves sobre los asentamientos poblacionales y filtraciones en el manto freático y cuerpos de aguas superficiales de los lixiviados.
“Esta es una tragedia que se puede y debe evitar, no es posible que una mala gestión en el tratamiento de desechos sólidos que he venido denunciando, que solamente ha servido para enriquecer más a los dueños del botadero, se pueda cobrar vidas humanas y provocar graves daños a la zona, de por sí vulnerable”, sentenció.
De acuerdo al abogado, la ministra Lina Pohl, conocía de las graves infracciones en el botadero de salume, pero decidió favorecerlo, así en lugar de sancionarlo por los incumplimientos, permitiendo su funcionamiento ilegal, del que la propia oficina de Acceso a la información de MARN, refleja sobre los desechos recibidos en el Botadero del Puerto de La Libertad, que excedían las 42 toneladas de desechos que diariamente estaba autorizado a recibir, durante ese tiempo:
El punto más grave es que en el año 2016, el Botadero no aportó los registros de la cantidad de desechos municipales que dispuso, lo cual constituye una infracción grave, según el Art. 86 literal “c” de la Ley de Medio Ambiente, que le obliga a presentar informes anuales de operación. A pesar de esto, nunca se sancionó al botadero, ante la alcahuetería de la entonces Ministra POHL, durante la administración gubernamental del FMLN.
La FGR ha incurrido en omisión de la investigación
El abogado, también hizo énfasis que desde el año 2018, viene presentando una serie de denuncias penales y ante el MARN, sobre el funcionamiento ilegal; por tanto dañino para el medio ambiente que se comete en el botadero del señor Salume. De hecho, el profesional del derecho, recuerda que a pesar de las pruebas contundentes que Salume, cometió el delito de Desobediencia de Particulares a decisiones judiciales, el jefe de la Unidad de Delitos Ambientales de la FGR no ha procedido a presentar el requerimiento fiscal, lo que es una grave omisión de investigación.
A criterio del abogado es importante que la FGR demuestre que nadie está por encima de ley y que actúe prontamente contra Salume, que está contaminando la zona y demostrando con su conducta que no pretende hacer caso a las autoridades públicas. El delito de contaminación ambiental contenido en los arts. 264, 265 y 266 del Código Penal establecen penas superiores a los 3 años de prisión. Agregó que solicitará auditorías contra el jefe de la Unidad de Delitos Ambientales de la FGR, con la que comprobará que de forma negligente y quién sabe con qué motivos no ha diligenciado adecuadamente las investigaciones contra Salume.
Alcaldes que depositan los desechos municipales en el basurero son corresponsables
Además, el abogado Toruño recordó que las autoridades edilicias del Puerto de La Libertad, no quedan exento de tener que responder sobre la contaminación ambiental y otros desastres que se puedan generar en la zona, sobre todo en este momento donde se están viviendo los efectos de una depresión Tropical. Y que así como la Corte de Cuentas, está exigiendo transparencia al Gobierno Central, lo haga con las municipalidades que están depositando sus desechos en un botadero que no cumple con los requerimientos ambientales, lo que los convierte en corresponsables por mala administración de fondos públicos, como ocurre con los alcaldes de Santa Tecla: Roberto D’aubuisson (ARENA) y de San Marcos, doctor Fidel Fuentes. (FMLN)
Un llamado al actual Gobierno a evitar más tragedias
El abogado cierra haciendo un llamado al Gobierno para que verifique y tome las medidas de precaución en la zona cercana al Botadero del Puerto de La Libertad, antes que se deba lamentar más tragedias.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
