Judicial
Abogado ambientalista: “Denunciaré a exministra Lina Pohl ante la CICIES por corrupción al haber permitido botadero ilegal de Salume”
El abogado ambientalista Sergio Portillo Toruño, se comunicó a esta redacción e informó que a consecuencia de la vulnerabilidad demostrada en el país, para afrontar distintos fenómenos naturales, como lo ha sido el paso de la tormenta tropical “Amanda”; se ha ocupado de hacer una revisión exhaustiva de cómo la falta de planeación y la corrupción de ciertos funcionarios públicos en las administraciones pasadas han tenido gran impacto e incidencia en todos los desastres naturales y en las pérdidas de vidas humanas que hemos tenido que lamentar durante el recién pasado fin de semana.
Un caso para CICIES
De manera que anunció la primera denuncia con la cual procederá ante La Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador (CICIES), corresponde a la exministra del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl, por haber autorizado, tolerado y permitido el funcionamiento, en contravención de las leyes ambientales, del botadero de basura situado en el Puerto de La Libertad, que es propiedad del señor Salume.
Además, recordó que este botadero se ha sido un foco de contaminación en el municipio y que el MARN durante administraciones gubernamentales pasadas presuntamente habría incurrido en una malversación de fondos públicos y fondos provenientes de donantes internacionales, ya que gastó recursos para un cierre técnico en el sitio, sin embargo después se autorizó únicamente como relleno sanitario manual, con capacidad máxima para recibir 12 toneladas de desechos municipales diariamente.
Sin embargo, desde el año 2011, el señor Salume pasó a ser el propietario del sitio de disposición final, a través de la creación de una Sociedad de Economía Mixta (SEM), con la municipalidad del Puerto de La Libertad y presentó ante el MARN, una simple solicitud de reconversión y no un estudio de impacto ambiental, con el que de forma ilegal la entonces viceministra Pohl, autorizó la reconversión del sitio para recibir hasta 42 toneladas de desechos municipales diariamente, como un relleno sanitario mecanizado; sin embargo, desde el año 2014 (desde el 1 de junio de 2014, Lina Pohl fue nombrada Ministra del MARN por el presidente Salvador Sánchez Cerén), el señor Salume infringiendo las leyes ambientales ha explotado el sitio, recibiendo más cantidad de basura de la que indicaban sus permisos de funcionamiento y los que tiene capacidad de recibir, especialmente porque el sitio incumple con múltiples parámetros técnicos, uno de ellos es la distancia entre el Botadero y los núcleos poblacionales, que de acuerdo a la Reglamentación Ambiental, no puede haber un sitio de disposición de desechos municipales en un radio mínimo de 500 metros contados desde la ubicación de los asentamientos de viviendas.
En el caso del botadero del señor Salume, según explica Toruño, la distancia con relación a las zonas pobladas colindantes con el Caserío Melara, son menores a los 180 metros, en algunos linderos; por lo que tomando en cuenta: La vulnerabilidad de la zona, por los desbordamientos de ríos y quebradas; la mala gestión que se está dando a los desechos sólidos depositados, por exceder la cantidad que técnica y legalmente están en capacidad de recibir; las filtraciones de agua que socavan el terreno y la incapacidad que las lagunas de lixiviados que están recibiendo tal cantidad de agua lluvia y que han sido señaladas como ineficientes en un peritaje efectuado por el equipo multidisciplinario ambiental de la Corte Suprema, son una bomba de tiempo para deslaves sobre los asentamientos poblacionales y filtraciones en el manto freático y cuerpos de aguas superficiales de los lixiviados.
“Esta es una tragedia que se puede y debe evitar, no es posible que una mala gestión en el tratamiento de desechos sólidos que he venido denunciando, que solamente ha servido para enriquecer más a los dueños del botadero, se pueda cobrar vidas humanas y provocar graves daños a la zona, de por sí vulnerable”, sentenció.
De acuerdo al abogado, la ministra Lina Pohl, conocía de las graves infracciones en el botadero de salume, pero decidió favorecerlo, así en lugar de sancionarlo por los incumplimientos, permitiendo su funcionamiento ilegal, del que la propia oficina de Acceso a la información de MARN, refleja sobre los desechos recibidos en el Botadero del Puerto de La Libertad, que excedían las 42 toneladas de desechos que diariamente estaba autorizado a recibir, durante ese tiempo:
El punto más grave es que en el año 2016, el Botadero no aportó los registros de la cantidad de desechos municipales que dispuso, lo cual constituye una infracción grave, según el Art. 86 literal “c” de la Ley de Medio Ambiente, que le obliga a presentar informes anuales de operación. A pesar de esto, nunca se sancionó al botadero, ante la alcahuetería de la entonces Ministra POHL, durante la administración gubernamental del FMLN.
La FGR ha incurrido en omisión de la investigación
El abogado, también hizo énfasis que desde el año 2018, viene presentando una serie de denuncias penales y ante el MARN, sobre el funcionamiento ilegal; por tanto dañino para el medio ambiente que se comete en el botadero del señor Salume. De hecho, el profesional del derecho, recuerda que a pesar de las pruebas contundentes que Salume, cometió el delito de Desobediencia de Particulares a decisiones judiciales, el jefe de la Unidad de Delitos Ambientales de la FGR no ha procedido a presentar el requerimiento fiscal, lo que es una grave omisión de investigación.
A criterio del abogado es importante que la FGR demuestre que nadie está por encima de ley y que actúe prontamente contra Salume, que está contaminando la zona y demostrando con su conducta que no pretende hacer caso a las autoridades públicas. El delito de contaminación ambiental contenido en los arts. 264, 265 y 266 del Código Penal establecen penas superiores a los 3 años de prisión. Agregó que solicitará auditorías contra el jefe de la Unidad de Delitos Ambientales de la FGR, con la que comprobará que de forma negligente y quién sabe con qué motivos no ha diligenciado adecuadamente las investigaciones contra Salume.
Alcaldes que depositan los desechos municipales en el basurero son corresponsables
Además, el abogado Toruño recordó que las autoridades edilicias del Puerto de La Libertad, no quedan exento de tener que responder sobre la contaminación ambiental y otros desastres que se puedan generar en la zona, sobre todo en este momento donde se están viviendo los efectos de una depresión Tropical. Y que así como la Corte de Cuentas, está exigiendo transparencia al Gobierno Central, lo haga con las municipalidades que están depositando sus desechos en un botadero que no cumple con los requerimientos ambientales, lo que los convierte en corresponsables por mala administración de fondos públicos, como ocurre con los alcaldes de Santa Tecla: Roberto D’aubuisson (ARENA) y de San Marcos, doctor Fidel Fuentes. (FMLN)
Un llamado al actual Gobierno a evitar más tragedias
El abogado cierra haciendo un llamado al Gobierno para que verifique y tome las medidas de precaución en la zona cercana al Botadero del Puerto de La Libertad, antes que se deba lamentar más tragedias.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
