Judicial
26 años tras las rejas pasarán dos terroristas homicidas de Santa Ana
El 23 de septiembre de 2017, Víctor Manuel Hernández Vargas, de 29 años de edad, se encontraba en una calle interna de una finca en el Valle Los Martínez, del cantón Potreros del Matazano, en Santa Ana, cuando un grupo de al menos 10 sujetos intentaron interceptarlo, pero Hernández Vargas comenzó a correr.
Los sujetos le disparaban y le ordenaban que se detuviera, pero la víctima logró meterse en una casa del casco de una finca y cerró la puerta. En el interior de este lugar se encontraba una mujer y su hija.
Hasta el lugar llegaron Roberto Antonio Escalante Méndez, de 21 años, y René Simón Granados Salazar, de 40, mientras el resto brindó seguridad en el perímetro. Ambos delincuentes intentaron derribar la puerta, pero al no lograrlo comenzaron a disparar sobre ella, hiriendo a madre e hija.
Ante esto, la víctima abrió la puerta y Granados Salazar lo tomó por el cuello y comenzó a dispararle a quemarropa, luego continuó Escalante Méndez, hasta que Hernández Vargas falleció por al menos 14 impactos de bala que recibió en la cabeza y el abdomen.
Por esos hechos enfrentaron juicio Escalante Méndez y Granados Salazar, en el Tribunal Primero de Sentencia, donde la declaración de un testigo con régimen de protección y el resto de prueba acreditaron que ambos imputados fueron quienes asesinaron a la víctima e hirieron a la madre de familia y su hija, por lo que cada uno fue condenado a la pena de 26 años de prisión por los delitos de homicidio agravado en perjuicio de Víctor Manuel, por lesiones graves en la mujer y lesiones en su hija.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
