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Juan Gabriel creó un plan para que lo encarcelaran y sacar en bartolinas la droga que tenía en el recto
Juan Gabriel Ventura Merino, de 36 años, fue condenado a purgar una pena de 11 años de prisión por el delito de tráfico ilícito, tipificado y sancionado en el Artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (LRARD), en perjuicio de la salud pública.
Ese fue el veredicto emitido por el Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana, al finalizar la vista pública, en la cual el Ministerio Público, a través de prueba documental, pericial y testimonial, acreditó la existencia del delito y la participación del imputado en el delito que se le imputaba.
Asimismo, al incoado se le impuso la pena accesoria de la pérdida de los derechos de ciudadano por el mismo período de tiempo que la pena principal.
Los hechos por los que fue juzgado iniciaron a las 11:40 de la mañana del 5 de mayo del año 2018, cuando una persona se presentó a la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) en Santa Ana para denunciar que un hombre le había quebrado el parabrisas de su vehículo. La víctima brindó las características del agresor y los agentes se movilizaron hasta el lugar donde estaba el auto y corroboraron la información, encontrando los daños denunciados y al imputado en evidente estado de ebriedad.
Ventura Merino fue capturado por el delito de daños y llevado hasta la subdelegación de la Policía. Previo a ser ingresado a las bartolinas, les externó a los policías que le dolía el estómago y que quería hacer sus necesidades fisiológicas, siendo que frente a los policías se acurrucó y expulsó tres porciones medianas en forma cilíndricas forradas con cinta aislante plástica color negra; y por presumir que se trataba de droga, el sospechoso fue trasladado hasta la División Antinarcóticos para realizar la prueba de campo, la cual dio positivo a marihuana.
Dado lo ocurrido, se tuvo bajo vigilancia al imputado y este continuó efectuando expulsiones el 8 de mayo del mismo año, consistiendo en 35 porciones más de marihuana. En total, el imputado portaba en el interior de su cuerpo la cantidad de 83 gramos de dicho estupefaciente, con los cuales se pudieron haber elaborado 166 cigarrillos de manufactura casera, teniendo un valor económico en el mercado negro de $94.62.
Desde un inicio, el plan del sujeto era ser detenido por las autoridades para luego poder comercializar la marihuana dentro de las bartolinas.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
