Judicial
José Antonio Salaverría advierte que banco Davivienda estaría adelantando criterio a fallo de Sala de lo Constitucional
El empresario cafetalero José Antonio Salaverría quien actualmente sigue el proceso de ejecución forzosa de la sentencia que condena al Banco Davivienda Salvadoreño al pago de una importante suma de dinero, advirtió en el programa “La Tertulia Con Medardo Alfaro” sobre la delicada y atrevida publicación del banco en sus estados financieros auditados al 30 de junio de 2020 donde textualmente manifiestan:
“Por el momento, IJASAL ha iniciado el trámite normal de ejecución de la sentencia del 13 de junio de 2019 de la Sala de lo Civil, procediendo al diligenciamiento del embargo. Sin Embargo, una vez que se admita la demanda de amparo presentada por el Banco y suspendidos los efectos de la sentencia impugnada, el trámite de ejecución será detenido https://www.davivienda.com.sv/Api-portalDavivienda/media/EFCDj20.pdf”, según señala el demandante.
Para Salaverría dicha publicación, además de constituir un engaño por parte de la institución bancaria hacia sus usuarios, acreedores, deudores, reguladores, clasificadoras de riesgo e inversionistas puesto que sustenta su situación financiera frente a terceros en un hecho de futuro incierto, atenta contra la institucionalidad del país, particularmente la credibilidad de la justicia, dado que, en forma atrevida e irresponsable, convierten un hecho incierto en la admisión de la demanda y la suspensión del acto reclamado, o se están adelantando a un hecho que pronto sucederá.
En pocas palabras, dijo, estarían adelantando criterio en el sentido de una futura resolución judicial.
Por su parte, el equipo jurídico de Salaverría le hizo un llamado al “Órgano Judicial no dejarse sorprender, ni amedrentar, ni presionar bajo ninguna circunstancia, por los poderes fácticos de este país”.
Al momento, el proceso de ejecución forzosa del banco embargado se encuentra en la Sala de lo Civil donde ésta debe pronunciarse sobre un recurso de revisión promovido por los apoderados de Davivienda.
Posteriormente, el expediente bajará al Juzgado Primero de lo Mercantil donde la jueza, deberá proceder a la liquidación y adjudicación de los bienes embargados. Esto sería la última etapa de un proceso que ha durado más de 12 años.
José Antonio Salaverría espera que se le haga efectivo el embargo por 49 millones 314 mil 303 dólares con 55 centavos del Banco Davivienda.
En su oportunidad, el empresario Salaverría explicó que el banco de forma arbitraria inició un proceso ejecutivo en contra de sus propiedades y que con el cese de los préstamos que tenía, inició con el embargo de propiedades, entre ellas beneficios de café.
“De manera ilegal el banco inició los embargos sin tener sustentos legales y sin tener mora. Ellos incumplieron todo lo que se ha venido ventilando en este proceso, como también, los convenios que se habían pactado con el banco en su debido momento, por ese motivo se presentaron tres demandas en el 2009 y que ahora llegan a su fin. El banco no ha tenido un sustento legal para decir que no puede pagar ese dinero y simplemente se han hecho los desentendidos para el no pago”, puntualizó Salaverría.
“Nos quebraron totalmente”
“Había suscrito un convenio con HSBC hoy DAVIVIENDA y luego me embargaron indebidamente. Ellos tenían un pagaré por 160 mil dólares y lo llenaron como quisieron a fin de provocar un incumplimiento. Nosotros tratamos de pagar al día siguiente todo el dinero que exigían, pero se opusieron a ello y nos quebraron totalmente”, afirmó Salaverría.
“Nosotros dábamos empleos a unas cinco mil familias y al menos teníamos 1,260 productores de café, entre ellos había tres presidentes de bancos y seis directores porque confiaban en nosotros”, indicó el cafetalero que ahora pide justicia.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
