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Homicidios se reducen un 85.7% gracias a nuevas estrategias de seguridad
Desde finales de marzo de 2022, cuando el Gobierno del presidente Nayib Bukele implementó el régimen de excepción, los homicidios han tenido un drástico descenso de hasta 85.7 %, según el comparativo de las memorias de labores de la Fiscalía General de la República de junio de 2021 a mayo de 2022 y de junio de 2023 a mayo de 2024.
El total de asesinatos pasó de 990 en el reporte 2021-2022 a 142, de acuerdo con la memoria 2023-2024, consignándose que en ese período se registraron 848 muertes violentas menos como resultado de la sólida estrategia de seguridad que la administración Bukele lleva a cabo desde junio de 2019.
La guerra contra las pandillas ha permitido, desde su implementación, el 27 de marzo de 2022, que en 608 días (hasta el 7 de octubre 2024) no se haya tenido que lamentar la muerte de un salvadoreño honrado a manos de las casi extintas estructuras terroristas. Hasta la fecha, y desde que inició el régimen de excepción, han sido capturados 82,000 mareros y colaboradores de esas estructuras criminales.
En su reciente visita a Argentina, el mandatario salvadoreño recordó que El Salvador vivió tiempos difíciles debido a la guerra civil y al control total de las pandillas, que provocaron más de 120,000 asesinatos en tres décadas.
«Vivimos tiempos muy duros, tanto así que El Salvador tiene 6 millones de habitantes en el país, pero hay 3 millones fuera, y eso es por un éxodo que derivó de dos guerras; una es la guerra civil que tuvimos en los años ochenta y se firmó una supuesta paz en 1992, y eso derivó en la guerra social que terminó hace poco, gracias al trabajo del Gabinete de Seguridad», dijo el jefe de Estado.
La tasa de homicidios llegó hasta 106 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015, pero el plan de seguridad ejecutado desde 2019 la redujo radicalmente, a tal punto que en 2023 terminó en 2.4 por cada 100,000 habitantes.
Homicidios ya no son problema
Entre el 1.º de enero y el 7 de octubre de este año, la Policía registra 97 homicidios, una cifra que, por ejemplo, en 2015 se sumaba en menos de una semana.
Las estadísticas policiales dan cuenta de nueve homicidios en enero, seis en febrero, 10 en marzo, 13 en abril, 14 en mayo, seis en junio, 12 en julio, 18 en agosto y ocho en septiembre. Pero se acumulan, hasta el 3 de octubre, 200 días sin homicidios, solo en este año.
El reporte de las autoridades indica que la mayoría de los crímenes están relacionados con intolerancia, violencia intrafamiliar y disputas personales; pocos tienen que ver con pandillas.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
