Nacionales
Gobierno supera las 103,000 verificaciones en el cumplimiento de las 11 medidas ante la inflación en cinco meses de aplicación
Foto: Secretaria de Prensa de la Presidencia
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele llevó a cabo inspecciones en uno de los principales puntos de abastecimiento del mercado nacional, la calle Gerardo Barrios, en San Salvador, con el fin de garantizar la estabilidad de precios de productos de la canasta básica, como parte de las 11 medidas ante la inflación.
“Como parte de estas medidas se han eliminado importantes impuestos a los combustibles y se han establecido precios máximos por galón, así como la eliminación de aranceles a más de 20 productos de la canasta básica”, apuntó el titular de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.
Esta jornada se incorpora a las más de 103,000 verificaciones que se han efectuado desde el 11 de marzo, a través de personal especializado de los Ministerios de Economía, Agricultura, Hacienda y Seguridad.
“Es un esfuerzo conjunto que en el ramo de alimentos; estamos hablando de verificaciones que nos han permitido presentar 45 casos ante el Tribunal Sancionador por situaciones vinculadas a incrementos injustificados de precios y obstaculización de la labor del personal de esta institución”, destacó.
A la fecha, 35 casos ya han sido admitidos por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, ya que existen suficientes elementos para proceder a sanciones que pueden alcanzar hasta los 500 salarios mínimos.
Asimismo, hay 260 establecimientos de diferentes puntos de la cadena de suministros que están siendo investigados por el tema de incrementos injustificados, a saber: importadores, empacadores, fabricantes, comercializadores y puntos de venta final como tiendas mayoristas y supermercados.
“Continuamos realizando nuestros requerimientos de información para establecer esos incrementos abruptos de precios que se han presentado en el mercado por productos vinculados a aceites, harinas de trigo, harinas de maíz y otros productos de la canasta básica, como granos”, explicó Salazar.
Este esfuerzo del Gobierno del Presidente Bukele se mantiene a escala nacional con verificaciones a 155 importadores de la canasta básica, quienes están trayendo productos al país de forma plena con los beneficios de estas medidas y la Defensoría comprueba que el ahorro sea trasladado a la población.
Economia
Comisión de Hacienda emite dictamen favorable a nueva amnistía fiscal vigente hasta el 11 de diciembre de 2026
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y multas adeudadas, con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, explicó que la medida pretende dar oportunidades a quienes cumplen con sus pagos, pero que por alguna razón no han podido solventar sus compromisos con el fisco. “El Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”, afirmó. La amnistía permitirá regularizar deudas ante Impuestos Internos, Aduanas y el Tribunal de Apelaciones sin pagar intereses, recargos ni multas por mora, aunque los impuestos originales sí deberán cancelarse.
El beneficio también alcanzará a personas con procesos en la Fiscalía General de la República, cobros judiciales y recargos sobre multas de tránsito o de otras instituciones públicas (excepto municipalidades). Los contribuyentes podrán optar por un plan de pagos con una primera cuota del 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales sucesivas. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y se reactivarán los recargos originales.
La última amnistía, aprobada el 15 de octubre de 2025, benefició a 56,195 contribuyentes. De la recaudación obtenida, el 71 % correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes. La iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno legislativo para convertirse en ley.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.

Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.


Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.






