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Gobierno solicita a la Asamblea Legislativa urgente aprobación de herramientas legales para frenar pandemia de COVID-19
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele solicitó hoy a la Asamblea Legislativa la aprobación de un Régimen de Excepción de Derechos Fundamentales Concretos, que permita al Ejecutivo suspender por 15 días las garantías constitucionales a la libertad de circulación, de reunión y de cambiar o permanecer en el domicilio o residencia, con el objetivo de frenar la acelerada propagación del COVID-19 en el territorio nacional.
Esta herramienta jurídica es clave y urgente para que el Gobierno pueda implementar una cuarentena domiciliar y restringir la movilidad de personas, para contrarrestar el contagio masivo del coronavirus causante del COVID-19, que se está diseminando aceleradamente en el país.
La iniciativa fue presentada a la Asamblea Legislativa por el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Gómez Argueta, quien insistió en la urgencia de esta ley.
“Nosotros queremos, nosotros ansiamos como Órgano Ejecutivo salvar la mayor cantidad de vidas. Necesitamos esos 15 días para lograr bajar la curva”, indicó Argueta, sobre la propuesta a la Asamblea Legislativa.
Al mismo tiempo, añadió que, “El Órgano Ejecutivo necesita 15 días exactos para que las personas que están contagiadas se curen y que podamos eliminar, en un alto porcentaje, el virus. No necesitamos 12, no necesitamos 10; necesitamos 15 días”.
La propuesta fue elaborada luego que el titular de Salud Pública, Francisco Alabi, informara al Consejo de Ministros, que la pandemia en el país se ha venido agravando y amenaza con hacer colapsar el sistema sanitario.
“El Consejo de Ministros, a partir de un informe que le presentó el Ministerio de Salud, que si al día 2 de agosto, y conforme a la proyección que se ha hecho, no se tiene un régimen de excepción, entonces la letalidad de muertes de la enfermedad puede ser bastante fuerte”, advirtió el asesor jurídico.
La pandemia de COVID-19 comenzó a acelerarse en el país luego que el Gobierno fuera despojado de todas las herramientas legales para establecer restricciones de carácter sanitario; desde entonces, la curva superó la barrera de los 100 casos diarios y escaló hasta los 177 de ayer.
“Como Órgano Ejecutivo, buscamos salvar la mayor cantidad de vidas. Necesitamos esos 15 días para lograr bajar la curva», reiteró.
Argueta consideró necesario que los diputados doten al Ejecutivo de esa herramienta legal, tomando en cuenta que el país aún se encuentra en la fase 3 (contagio masivo) de la pandemia.
«Esperamos que la Asamblea se tome en serio la responsabilidad, son legisladores que sus electores les han dado un mandato de salvarles la vida», añadió el asesor.
También destacó que las fases que ha establecido el Gobierno, en común acuerdo con diferentes sectores empresariales para una ordenada apertura de la economía, continúan con las respectivas evaluaciones.
El domingo pasado, el Presidente Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que devuelvan las herramientas legales al Gobierno para frenar la pandemia.
“Queda claro que El Salvador es el único país en el mundo que no faculta al Órgano Ejecutivo, en el ramo de salud pública, para tomar las medidas extraordinarias que considere necesarias”, lamentó el mandatario.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
