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Gobierno solicita a la Asamblea Legislativa urgente aprobación de herramientas legales para frenar pandemia de COVID-19
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele solicitó hoy a la Asamblea Legislativa la aprobación de un Régimen de Excepción de Derechos Fundamentales Concretos, que permita al Ejecutivo suspender por 15 días las garantías constitucionales a la libertad de circulación, de reunión y de cambiar o permanecer en el domicilio o residencia, con el objetivo de frenar la acelerada propagación del COVID-19 en el territorio nacional.
Esta herramienta jurídica es clave y urgente para que el Gobierno pueda implementar una cuarentena domiciliar y restringir la movilidad de personas, para contrarrestar el contagio masivo del coronavirus causante del COVID-19, que se está diseminando aceleradamente en el país.
La iniciativa fue presentada a la Asamblea Legislativa por el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Gómez Argueta, quien insistió en la urgencia de esta ley.
“Nosotros queremos, nosotros ansiamos como Órgano Ejecutivo salvar la mayor cantidad de vidas. Necesitamos esos 15 días para lograr bajar la curva”, indicó Argueta, sobre la propuesta a la Asamblea Legislativa.
Al mismo tiempo, añadió que, “El Órgano Ejecutivo necesita 15 días exactos para que las personas que están contagiadas se curen y que podamos eliminar, en un alto porcentaje, el virus. No necesitamos 12, no necesitamos 10; necesitamos 15 días”.
La propuesta fue elaborada luego que el titular de Salud Pública, Francisco Alabi, informara al Consejo de Ministros, que la pandemia en el país se ha venido agravando y amenaza con hacer colapsar el sistema sanitario.
“El Consejo de Ministros, a partir de un informe que le presentó el Ministerio de Salud, que si al día 2 de agosto, y conforme a la proyección que se ha hecho, no se tiene un régimen de excepción, entonces la letalidad de muertes de la enfermedad puede ser bastante fuerte”, advirtió el asesor jurídico.
La pandemia de COVID-19 comenzó a acelerarse en el país luego que el Gobierno fuera despojado de todas las herramientas legales para establecer restricciones de carácter sanitario; desde entonces, la curva superó la barrera de los 100 casos diarios y escaló hasta los 177 de ayer.
“Como Órgano Ejecutivo, buscamos salvar la mayor cantidad de vidas. Necesitamos esos 15 días para lograr bajar la curva», reiteró.
Argueta consideró necesario que los diputados doten al Ejecutivo de esa herramienta legal, tomando en cuenta que el país aún se encuentra en la fase 3 (contagio masivo) de la pandemia.
«Esperamos que la Asamblea se tome en serio la responsabilidad, son legisladores que sus electores les han dado un mandato de salvarles la vida», añadió el asesor.
También destacó que las fases que ha establecido el Gobierno, en común acuerdo con diferentes sectores empresariales para una ordenada apertura de la economía, continúan con las respectivas evaluaciones.
El domingo pasado, el Presidente Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que devuelvan las herramientas legales al Gobierno para frenar la pandemia.
“Queda claro que El Salvador es el único país en el mundo que no faculta al Órgano Ejecutivo, en el ramo de salud pública, para tomar las medidas extraordinarias que considere necesarias”, lamentó el mandatario.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
