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Gobierno busca apoyar a las mipymes con la entrega de subsidio para el aumento al salario mínimo
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa saldando las deudas históricas y cumpliendo con la dignificación a la clase trabajadora con la medida integral del aumento al salario mínimo, que estará vigente a partir del próximo 1 de agosto.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que ayer, junto con la ministra de Economía, presentó una reforma a la Ley de Creación del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (Firempresa).
“Ayer fuimos a la Asamblea para cumplir con la promesa del Presidente de la República, Nayib Bukele, de aumentar el salario mínimo, este es uno de los mejores diseños de América Latina”, explicó Zelaya.
En total, la reforma incluye $100 millones para las micro, pequeñas y medianas empresas que tengan entre 1 a 100 empleados. Esta medida forma parte del plan integral que busca darle una mejor calidad de vida a las familias con un incremento del 20 % al salario mínimo, que es de hasta $60.83 para el sector comercio.
“Vamos a ayudar a las mipymes con menos de 100 empleados para que puedan subsidiarse durante un año el incremento al salario mínimo”, explicó el titular de Hacienda. Esto forma parte del compromiso del Gobierno del Presidente Bukele de colaborar con las empresas durante un año con el aumento del 20 % al salario mínimo.
A la fecha, FIREMPRESA ha otorgado más de $380 millones en créditos y subsidios a las mipymes; dentro de los que destacan los sectores de los transportistas, artistas, pescadores, trabajadores informales del mercado de Santa Ana y empresarios formales e informales.
La implementación del aumento al salario mínimo incluye la entrega de 2.1 millones de paquetes alimentarios a las familias, para que se reciban estos insumos en los hogares y prever que bajen los precios por una menor demanda de los alimentos en el mercado local; así como, la realización de verificación de los productos de la canasta básica a cargo de la Defensoría del Consumidor, para evitar especulaciones y acaparamiento.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
