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Gobierno aplicará todo el peso de la ley a empresa textil St. Jack’s por contaminación de la quebrada El Piro
El presidente de la república, Nayib Bukele, anunció ayer que se aplicará todo el peso de la ley en contra de la empresa textil St. Jack’s, por tirar productos químicos y provocar la contaminación de la quebrada El Piro, que atraviesa San Salvador.
La empresa provocó la contaminación ambiental el pasado lunes por la tarde, por lo que generó la coloración roja anormal y un fuerte olor en el afluente. Por el hecho ya fueron capturados Arturo Martínez y Efraín Ruballo, administrador de la recolección de aguas negras y el jefe de mantenimiento de la fábrica St. Jack’s, respectivamente.
Para el presidente Bukele, este caso es «un crimen ambiental y los responsables pagarán caro» esta infracción a la ley ambiental. «Siempre he criticado y afirmado que consideraban a El Salvador como su finca, pero me equivoqué… Nadie trataría a su finca así. Nos consideran su basurero. Esto tiene que detenerse. Y usaremos todos los recursos que nos dio el pueblo para hacerlo», anunció en Twitter.
Al respecto, el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, calificó de «antiético» que la empresa St. Jack’s no tenga una planta de tratamiento de aguas residuales. Las aguas de la quebrada El Piro llegan hasta el río Lempa.
«Esta contaminación genera un impacto a las comunidades aledañas, a las zonas medioambientales y a los mantos acuíferos. No se permitirán más actos que van en contra del medio ambiente del país y de la salud de los salvadoreños», advirtió el titular del MARN en declaraciones a los medios de comunicación.
Asimismo, el grupo parlamentario de Nuevas Ideas condenó el crimen ambiental y también demandó de la Fiscalía General de la República (FGR) una rigurosa investigación.
«Hay que seguir la huella de este crimen contra la naturaleza, y seguramente se encontrarán otras empresas que han violado la ley. Hoy sí habrá castigo», demandó el legislador de la bancada cian José Urbina.
Rubén Flores, diputado cian, recordó que los gobiernos de ARENA y del FMLN permitieron la contaminación ambiental y no tomaron acciones para contenerla y poner ante la justicia a los responsables.
«Muchas empresas están acostumbradas a realizar este tipo de contaminación. No vamos a permitir que estas acciones sigan. Estamos frente a un delito ambiental», manifestó Flores.
El coordinador de la bancada cian, Christian Guevara, criticó en redes sociales que los medios de comunicación opositores al Gobierno, prestos a informar sobre ciertos eventos, hasta ayer seguían guardando silencio ante el caso de contaminación.
«Excelente reportaje de @GatoEncerradoSV sobre la contaminación provocada por la empresa St Jack’s. Por algo ellos son especialistas y voceros en el tema de agua. Ah, chis, si no han puesto ni un tuit», ironizó el legislador en relación con ese medio de comunicación que habitualmente publica temas medioambientales.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
