Nacionales
Gobierno advierte a otros órganos del Estado sobre desbordamiento de casos de COVID-19
Desde el 31 de enero, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, declaró la emergencia preventiva a nivel nacional previamente a la amenaza del covid-19, incluso antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogara los contagios del virus como pandemia mundial.
En ese momento el país no registraba ningún caso de covid-19. Sin embargo, el Gobierno activó el Gabinete de Salud Ampliado para trabajar de forma articulada y enfrentar la enfermedad.
El Gobierno del Presidente Bukele propuso un decreto de régimen de excepción para prevenir la propagación del virus, en medio de tensiones y la oposición de varios diputados de la Asamblea Legislativa, que aprobaron con 58 votos esta solicitud a mediados de marzo, a excepción del FMLN, que votó en contra.
Luego de esto, el Presidente Bukele denunció un intento de desmantelar las medidas contempladas en la cuarentena domiciliar nacional, algo que con el tiempo y a más de 100 días de que inició la lucha contra el covid-19 queda demostrado que el confinamiento es el mejor método de prevención.
“Veo a diputados amenazando bloquear las medidas que estamos tomando, personas que violan la cuarentena y quejas que serán llevados a cuarentena. Veo a unos políticos tratando de desmantelar la única protección que tenemos contra una catástrofe sanitaria, veo unos diciendo que no hay que preocuparse porque hay pocos casos”, razonó el jefe de Gobierno, a finales de marzo.
Ya en abril, el Decreto del Régimen de Excepción fue prorrogado. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional lo anuló y, tras esta medida, comenzaron a debilitarse los cuerpos legales que el Gobierno emitió para implementar las políticas sanitarias. Todo esto sucedió entre intentos de diálogo y acuerdos por parte del Órgano Ejecutivo, que frustró la Asamblea Legislativa, entre mayo y junio.
Fue así que el Gobierno del Presidente Bukele perdió facultades legales para enfrentar la pandemia del covid-19, a tal punto que hoy lo único con lo que se cuenta es con el Decreto Ejecutivo 31, que está más enfocado en aspectos de reapertura económica que sanitarios, confirmado por el auge de casos a partir del 16 de junio, día que inició la primera fase del proceso escalonado de reactivación de varios sectores del país.
El jefe de Estado fue enfático en advertir el desbordamiento e incremento de los casos por covid-19 en el país, si le quitaban al Gobierno las herramientas legales y solicitó, tanto a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia, que le devolvieran las facultades para enfrentar la pandemia.
“El vector de esta enfermedad es el ser humano, la única forma de detener o al menos reducir su expansión es controlando la movilidad de los seres humanos”, explicó el mandatario, a inicios de junio.
Sin embargo, la negativa del Órgano Legislativo para aprobar una nueva cuarentena ha sido constante, pese a las propuestas del Gobierno, lo que demuestra que no están del lado de defender la vida y quieren desgastar al Órgano Ejecutivo, quitándole las herramientas para desempeñar la responsabilidad constitucional de defender la salud de los salvadoreños.
A la fecha han transcurrido 107 días desde que se registró el primer caso de covid-19 en El Salvador, cobrando la vida de 202 personas. Solo en el periodo de la reapertura económica, que inició el 16 de junio, se han registrado 3,326 casos y han fallecido 128 personas.
Con el propósito de oficializar diferentes iniciativas de cooperación para el fortalecimiento institucional, el Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con el Presidente Ejecutivo de certalatam,Pablo Scotellaro.
En el encuentro, el Vicepresidente Ulloa, en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), destacó el compromiso de la institución con la profesionalización de la función pública, la mejora continua de los servicios estatales y la construcción de una administración más eficiente, innovadora y orientada al bienestar de la población.
Por su parte, el Presidente Ejecutivo de CERTAL resaltó la transformación que vive el país y señaló que el modelo salvadoreño resulta de especial interés para América Latina, al integrar componentes como la tecnología, el turismo, la innovación, la educación con valores esenciales como la ética y la fe. “Queremos que El Salvador sea un aliado principal de CERTAL, para mostrar Latinoamérica al mundo”, afirmó.
Asimismo, habló sobre los siguientes pasos para establecer un centro de formación de alta tecnología, una iniciativa que permitirá abrir nuevos espacios de colaboración, fortalecer los lazos de hermandad entre Uruguay y El Salvador, y proyectar de forma integral los avances alcanzados en la región.
El Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, Sr. Camilo Trigueros destacó los avances del CNR como referente de modernización institucional, gracias a una nueva estructura orientada a agilizar trámites, reducir costos y facilitar procesos en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, aclaró que El Salvador ya cuenta con herramientas como la firma electrónica, la factura electrónica y el sello electrónico, fortaleciendo así la transformación digital del Estado. Destacó también la reciente participación en el Encuentro Ministerial organizado por CERTAL junto a la Secretaría de la Presidencia en Montevideo, Uruguay, en donde tuvo la oportunidad de presentar los avances de modernización del CNR, así como los proyectos de formación impulsados desde la ESIAP, los cuales fueron presentados en el mencionado evento por la Directora Ejecutiva de la institución, Sra. @ClaudiadeLarin.
CERTAL es una organización que impulsa espacios de diálogo y articulación entre los sectores público y privado, especialmente en los ámbitos de las telecomunicaciones, mediante cumbres, simposios, encuentros de alto nivel, conferencias y jornadas de capacitación; razón por la cual, se ha comenzado a trabajar en diferentes iniciativas en el marco del acuerdo interinstitucional entre la ESIAP y el CNR para el fortalecimiento de la administración pública en la región.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 26, 2026
Principal
Juez solicita certificaciones de condenas por crímenes que ordenaron 486 cabecillas de la MS
El juicio contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha procesados en audiencia única abierta, permanecerá en receso hasta que diversos tribunales envíen unas 20 certificaciones de condenas impuestas a la Mara Salvatrucha, por crímenes que ordenó la ranfla histórica y demás jefes de esa estructura señalados de 47,427 delitos.
A mediados de la segunda semana de mayo cuando la Fiscalía General de la República informó al juez de la causa que estaban listos para exponer extensos alegatos finales, el funcionario judicial informó que iban entrar en una pausa indefinida porque, pese a las solitudes enviadas a varios tribunales de todo el país para que entregaran las certificaciones de juicios que terminaron en condenas en contra de la MS, no se había recibido respuesta.
La última información que se sabe, es que el juez ya volvió a requerir a los tribunales esas certificaciones, que son parte de la prueba documental que el ministerio público ha ofrecido para fortalecer la acusación por múltiples crímenes consumados con el aval de los 486 cabecillas enjuiciados.
Hasta que el tribunal tenga en su sede esa documentación, se reanudará la audiencia única, esas certificaciones de condenas son hechos que la Mara Salvatrucha perpetró entre el 2012 y 2022, período mediante el cual cometieron de 444 casos de homicidios con un total de 29,000 víctimas.
Esos hechos fueron ejecutados por la organización terrorista conformada por 32 programas [estructura jerárquica superior] distribuidos en 230 clicas [células territoriales].
A mediados de mayo lo último que la Fiscalía presentó fue la prueba documental y pericial mediante la lectura para que sea valorada por el juez.
Las agrupaciones ilícitas es el delito principal acusado por el hecho de ser miembros de la Mara Salvatrucha, se incluyen también extorsión, tráfico de armas, tráfico de droga, trata de personas y homicidio.
El ministerio público ha informado que cuando se reinicie con la audiencia van a exponer alegatos finales extensos con varias jornadas en las cuales aclararán al juez la participación de los terroristas en cada uno de los ilícitos atribuidos y que se les condene por cada una de las imputaciones.
Con audios y videos se ha establecido el nivel jerárquico en la MS, para consumar los delitos entre el 2012 y 2022 y acreditar la autoría mediata en los aparatos organizados de poder y no ver a los cabecillas como simples cómplices o inductores, sino como los hombres de atrás, quienes en su calidad de máximos jefes de estructuras ordenaron crímenes a cientos de pandilleros.
Jueces del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador comenzaron este lunes a enjuiciar en audiencia única abierta a 134 terroristas de dos estructuras de la Mara Salvatrucha.
Son dos expedientes únicos diligenciados por separado en esa sede judicial, el primero es en contra de 43 pandilleros de la clica Dalmacia Locos Salvatruchos que por años estuvieron delinquiendo en el distrito de San Marcos, al sur de San Salvador,
Al iniciar la audiencia, la Fiscalía General de la República planteó al tribunal que con la abundante prueba recopilada acreditará que los mareros incurrieron en delitos de crimen organizado.
La principal acusación es por agrupaciones ilícitas y entre los enjuiciados hay dos cabecillas, uno de ellos es el fundador y el otro tiene el rango de corredor de clica.
Para ambos el ministerio público pretende que se les condene a la pena máxima de 60 años de prisión, la reformas que la Asamblea Legislativa aprobó a la Ley contra el Crimen Organizado ordena que fundadores y cabecillas de pandillas deben ser condenados de 45 a 60 años de prisión y en este caso los representantes de la Fiscalía se proponen lograr una condena con la pena máxima.
Además, los terroristas también enfrentan los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, así como posesión y tenencia con fines de tráfico.
En el segundo expediente, son procesados 91 terroristas que durante décadas estuvieron delinquiendo en barrios, colonias, caseríos y cantones de cinco distritos de departamento de Cabañas.
Los imputados enfrentan agrupaciones ilícitas como delito común, pero también son señalados de tráfico ilícito de drogas y organizaciones terroristas cometidos durante su accionar en Sensuntepeque, Ilobasco, Tejutepeque, Jutiapa y Cinquera.
Estos pandilleros fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada, a través de las incursiones realizadas en el marco del régimen de excepción, esas acciones realizadas les permitieron ingresar a peligrosas colonias.
En Sensuntepeque, detuvieron a los mareros que delinquían en las colonias Los Llanitos, Quinteros y El Moidán, territorios que estaban bajo el dominio de estos terroristas.
En Sensuntepeque, los miembros de estas estructuras estuvieron extorsionando y asesinando personas por varios años.
Los hechos fueron cometidos en el 2012. «Entre los enjuiciados hay un corredor de programa, 3 corredores de clica, 3 corredores de base y varios homeboys que cumplían también con el rol de cabecillas. Además, hay nueve imputados con el rango de chequeo, seis observadores y 44 colaboradores de la pandilla», informó la Fiscalía.
