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Gabinete de Seguridad y FGR presentan resultados de la reciente incautación de droga valorada en $30 millones
En conferencia de prensa, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, junto al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, y el representante de la Fiscalía General de La República (FGR), presentaron los resultados de la reciente incautación de droga realizada por la Fuerza de Tarea Naval Tridente.
El ministro Merino detalló que la incautación fue realizada por la Fuerza de Tarea Naval Tridente, el día 27 de marzo a las 17:25 horas, los elementos militares ubicaron un LPV o una embarcación de bajo perfil o semisumergible, con tres tripulantes de nacionalidad colombiana.
La operación duró un periodo de 23 días, logrando ubicar la droga a 520MN de costa salvadoreña. En el LPV se encontraron 64 bultos, cada uno con 20 paquetes, por lo que se estima que la incautación sea de 1,280 kilos de cocaína, con un valor de $30 millones.
“Este es un referente a nivel internacional de la capacidad que tiene El Salvador de realizar este tipo de operaciones que contribuyen a la lucha contra el narcotráfico internacional”, aseguró el ministro de la Defensa.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro afirmó que “este pequeño país de América le está enseñando a muchos países cómo se debe luchar contra el crimen organizado nacional, regional e internacional. Somos un gobierno que no está contaminado con ningún tipo de mafia”.
«Una vez más queda demostrado como lo han dicho los señores ministros que El Salvador en los resultados irrefutables del Plan Control Territorial es un referente internacional por la lucha contra el crimen organizado», afirmó el director de la PNC, Mauricio Arriaza.
Asimismo, el director de la PNC informó sobre las identidades de los 3 colombianos detenidos:
- Pedro Javier Rodas Bueno, de 27 años
- Yerlin Cáceres Palacios, de 33 años
- Segundo Silvio Grueso Araujo, de 50 años
Como resultado del trabajo del Gabinete de Seguridad, con esta ubicación se ha llegado a 30 toneladas de diferentes drogas incautadas, lo cual es un referente que marca la diferencia del trabajo del Gobierno.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
Idalia Isabel Morales Mejía enfrenta un juicio en el Tribunal Quinto Contra Crimen Organizado, Juez 1, de San Salvador, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de dos víctimas.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, la mujer es señalada de haber participado en la privación de libertad y posterior asesinato de un hombre y de una mujer, hechos que ocurrieron entre julio y octubre de 2011, en el cantón Segunda Loma de Santiago, jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad.
«El hombre era integrante de la misma estructura criminal y fue asesinado por rencillas internas; mientras que la mujer pertenecía a otra pandilla, razón por la cual la asesinaron», según las investigaciones del ministerio público.
La investigación fiscal también establece que Morales Mejía es integrante de la clica Joya de Cerén Locos Salvatruchos de la MS-13, «tenía el rango de colaboradora dentro de la estructura y mantenía una relación sentimental con el palabrero de la clica».
Morales Mejía había huido a Estados Unidos, sin embargo, en marzo de este año fue deportada. Agentes del ICE de Washington, D.C. anunciaron el arresto de la mujer el 22 de abril.
«Entró ilegalmente en Estados Unidos en una fecha desconocida, en un lugar desconocido, sin ser inspeccionada, admitida ni puesta en libertad condicional por un funcionario de inmigración estadounidense», detallaron fuentes estadounidenses.
De acuerdo a la información proporcionada por ICE, en febrero pasado, el Grupo de Trabajo de la Alianza de Seguridad para la Captura de Fugitivos en El Salvador proporcionó información actualizada sobre la posible presencia de Morales-Mejía en el norte de Virginia.
«Tras recibir esta información, agentes del ICE en Washington, D.C. trabajaron para localizarla y arrestarla. El 12 de marzo, el ICE la arrestó en Woodbridge y le entregó una citación para comparecer ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia», indicó ICE.
«Los medios la consideran una ‘no delincuente’ porque no tiene antecedentes penales conocidos en Estados Unidos, a pesar de que enfrenta cargos por homicidio agravado en El Salvador. ICE Washington, D.C. seguirá priorizando la seguridad pública arrestando y deportando a los extranjeros delincuentes de nuestras comunidades en Washington, D.C. y Virginia», declaró Robert Guadian, director de la oficina de campo de ICE en Washington, D.C.
La Fiscalía espera una sentencia condenatoria para la pandillera y, además, cuenta con elementos de prueba de cargo para demostrar la participación de la imputada en los hechos atribuidos.
