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Gabinete de Seguridad emitirá nuevas medidas para el combate de las pandillas tras ola de homicidios en las últimas 72 horas
Los cincuenta asesinatos cometidos en las últimas 72 horas -de viernes a domingo-, atribuidos a las pandillas, motivó al gabinete de Seguridad una reunión urgente durante la noche de domingo en Casa Presidencial con el jefe de Estado, Nayib Bukele, para tomar nuevas medidas para enfrentar la ola de crímenes, en su mayoría registrados en la zona oriental del país.
Casa Presidencial anunció un poco antes de la media noche del domingo el encuentro entre directivos de la PNC, FAES y del ministerio de Seguridad, junto al mandatario, donde analizan la situación de emergencia.
El sistema carcelario se encuentra en emergencia máxima desde el viernes, cuando se reportaron más de 20 homicidios. Bukele ordenó esa misma noche el encierro absoluto de los pandilleros y les retiró algunos privilegios como el cierre de las tiendas, además que no saldrán a los patios de los recintos penitenciarios hasta que se disponga lo contrario, entre otras medidas.
El presidente se comprometió a capturar a las personas que promuevan la ola de crímenes, y como resultado se obtuvo el sábado por la mañana la captura de 3 pandilleros acusados de haber incidido en el alza de asesinatos. Sin embargo, la ola de violencia no se detuvo, y ese día se contabilizó una decena de muertes violentas.
Por su parte, el director general de Centros Penales, Osiris Luna, ordenó el domingo el traslado de pandilleros al penal de Zacatecoluca, y metió en las mismas celdas a mareros rivales. «A partir de hoy se acabaron las celdas de una misma pandilla», expresó.
Pese a las medidas tomadas, las pandillas siguieron delinquiendo y el domingo se contabilizó otra decena de muertos. Por la tarde, el mandatario autorizó a agentes policiales y a soldados hacer uso «de la fuerza letal» siempre y cuando sea en defensa propia o para defender a la ciudadanía.
A la vez, pidió a las oposición política «ponerse del lado de la gente honrada».
“El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños”, dijo el presidente, en twitter.
Bukele pidió además a las instituciones del país “dejar de proteger a quienes asesinan a nuestro pueblo”. Asimismo, garantizó a los policías y soldados que maten en defensa propia, darles asistencia legal si son “injustamente acusados, por defender la vida de la gente honrada”.
También hizo un llamado a la Fiscalía para que se mantenga firme en procesar a los aliados de las pandillas por asociaciones terroristas y apología del terrorismo, de lo contrario, advirtió al fiscal que podría caer en el delito de omisión.
El índice de asesinatos ha ido al alza en las últimas horas, y luego de venirse reportando un promedio diario de 3 muertos violentos, la cifra aumentó considerablemente.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
El Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador envió a juicio al imputado William Alexander Reyes Guerra, de 25 años, quien es acusado de feminicidio agravado en grado de tentativa.
De acuerdo a la investigación fiscal, en octubre de 2025, residentes de la urbanización Ciudad Futura del Distrito de Cuscatancingo alertaron a la Policía Nacional Civil de una escena de violencia. Cuando llegaron al lugar encontraron a la víctima inconsciente y con sangrado en la cabeza, producto de un golpe con un ladrillo que le propinó Reyes Guerra.
Las autoridades encontraron al imputado afuera de la vivienda, mientras la mujer aún no recuperaba el conocimiento. Al ser señalado como el culpable, la Policía capturó a Reyes Guerra, durante el periodo de flagrancia.
Según la investigación fiscal, el detenido tiene antecedentes de violencia psicológica, emocional y física. Además, considerando que la víctima es una persona adulta mayor, el Juzgado ordenó la apertura a juicio y ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el agresor debido a la gravedad del delito atribuido.
