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Fiscal Melara se compromete a evitar cualquier tipo de fraude electoral el 28F
El fiscal general de la república, Raúl Melara, aseguró la mañana de este lunes que no permitirá ningún tipo de fraude electoral en las próximas elecciones de alcaldes y diputados que se desarrollarán el próximo 28 de febrero.
El compromiso fue asumido durante la presentación del Plan de Acción Electoral de la Fiscalía a los medios de comunicación.
De acuerdo con Melara, serán más de 1,892 fiscales los que van a trabajar para garantizar la transparencia de las elecciones y de esa forma evitar que exista cualquier intensión de fraude electoral.
Esta no es la primera vez que Melara se compromete a evitar cualquier tipo de fraude en los comicios. A inicios de febrero, Melara se comprometió ante el cuerpo diplomático acreditado en El Salvador que como Fiscalía trabajarán para que las próximas elecciones sean transparentes.
Se informó que los 1,892 fiscales serán desplegados a todos los centros de votación en el territorio nacional para evitar cualquier delito de ese tipo antes, durante y después del proceso electoral.
En anteriores ocasiones, Melara ha dicho que están trabajando en conjunto con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en todos los procesos que implican la planificación y desarrollo de las votaciones.
Además, la fiscal electoral Alma Campos, aseguró que la Fiscalía participará en el recuento final para velar por los resultados electorales en las 49 mesas de escrutinio.
Durante la sesión plenaria la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, emitió su voto en contra de la nueva prórroga del régimen de excepción, medida que ha sido extendida de forma continua desde marzo de 2022.
A pesar de su voto en contra, la Asamblea Legislativa aprobó la ampliación del régimen con una amplia mayoría, permitiendo que continúe vigente por 30 días más.
La diputada ha sido una de las pocas voces dentro del órgano legislativo que se ha mantenido firme en su posición de no acompañar las prórrogas, argumentando la importancia del respeto a los Derechos Humanos fundamentales y el fortalecimiento institucional.
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Avanza ampliación de carretera Panamericana: clave para mejorar la movilidad hacia el Occidente
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el proyecto de pavimentación y ampliación de la Carretera Panamericana, en el tramo Los Chorros, continúa avanzando como una de las obras viales más importantes del país. Según la institución, estas intervenciones permitirán mejorar la movilidad del comercio, el turismo y de miles de familias que utilizan diariamente esta ruta estratégica entre Santa Tecla, Colón y el occidente del territorio.
El proyecto contempla la ampliación de aproximadamente 15 kilómetros de carretera, la construcción del viaducto Francisco Morazán, una estructura de más de un kilómetro diseñada para alejar la vía de las zonas de mayor riesgo, y la modernización integral del corredor vial con drenajes, señalización, iluminación y nueva capa de pavimento.
Autoridades del MOP detallan que los trabajos incluyen obras de terracería, estabilización de taludes, cimentación profunda para el viaducto y preparación de los nuevos carriles. Esta fase forma parte del proceso de transformación de la Carretera Panamericana en un corredor más amplio, seguro y resistente a las condiciones climáticas que históricamente han afectado la zona.
El proyecto no solo busca aumentar la capacidad vehicular, sino también reducir tiempos de viaje, mejorar la conectividad logística hacia el occidente y fortalecer la seguridad vial en un tramo caracterizado por su alta vulnerabilidad a deslizamientos.
La Asamblea Legislativa aprobó otra prórroga del Régimen de Excepción por otros 30 días. Una vez más, los dos diputados propietarios del partido ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no estuvieron presentes en el hemiciclo al momento de la votación.
El Régimen de Excepción, vigente desde marzo de 2022, ha permitido la captura de más de 85 mil presuntos pandilleros y la reducción histórica de homicidios en el país.
Con esta nueva extensión, el Régimen de Excepción continuará vigente hasta finales de diciembre de 2025, consolidándose como la herramienta central del Plan Control Territorial del gobierno del presidente Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas.
La oposición queda nuevamente señalada por no presentar una alternativa clara ni participar activamente en uno de los temas que, según las encuestas, goza del mayor respaldo ciudadano en materia de seguridad.
