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Nacionales

“Fiscal del caso Saca recibió pagos ilegales de gobierno y por eso bloqueó a exmandatario entrega de listado de corruptos”: Jorge Castro, diputado de Nuevas Ideas

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El diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, presidente de la comisión Especial Legislativa que investiga los pagos ilegales de fondos del Estado a exfuncionarios de los gobiernos de Arena y el Fmln, señaló que el fiscal Jorge Cortez, quien llevó el caso por corrupción del expresidente Antonio Saca, recibió pagos ilegales durante el gobierno del exmandatario.

Según Castro, fue por ese motivo que cuando Saca logró un acuerdo con la Fiscalía General de la República, dirigida en ese entonces por Douglas Meléndez, para aceptar los cargos de corrupción por el desvío de $301 millones de la partida secreta, a cambio de la reducción de la pena, el fiscal Cortez impidió que el exmandatario divulgara los nombres de todos los beneficiados con fondos de la partida de gastos reservados.

“¿Por qué creen que el fiscal reguló y limitó que no se presentaran el nombre de estos otros exfuncionarios? Porque recibía sobresueldos. Porque la voluntad como funcionario público era comprada por sobresueldos”, afirmó el diputado de la Bancada Cyan, sobre el exfiscal del caso.

Castro cree que la maraña de corrupción involucraba además al juez que ventilaba ese caso y que, según el legislador, también había sido comprado con fondos de la partida secreta. “¿Por qué creen que el juez acompañó esta decisión? Porque probablemente era comprada por sobresueldos”, afirmó el legislador.

La Asamblea Legislativa reformó esta semana la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la FGR, para facilitar la depuración de funcionarios de esa rama, con el objetivo de terminar con la corrupción que desde hace décadas ha echado raíces en el sistema judicial y perjudicado a la población más vulnerable, que no ha podido luchar contra la compra de resoluciones judiciales favorables para los corruptos.

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Economia

Comisión de Hacienda emite dictamen favorable a nueva amnistía fiscal vigente hasta el 11 de diciembre de 2026

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La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y multas adeudadas, con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.

El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, explicó que la medida pretende dar oportunidades a quienes cumplen con sus pagos, pero que por alguna razón no han podido solventar sus compromisos con el fisco. “El Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”, afirmó. La amnistía permitirá regularizar deudas ante Impuestos Internos, Aduanas y el Tribunal de Apelaciones sin pagar intereses, recargos ni multas por mora, aunque los impuestos originales sí deberán cancelarse.

El beneficio también alcanzará a personas con procesos en la Fiscalía General de la República, cobros judiciales y recargos sobre multas de tránsito o de otras instituciones públicas (excepto municipalidades). Los contribuyentes podrán optar por un plan de pagos con una primera cuota del 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales sucesivas. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y se reactivarán los recargos originales.

La última amnistía, aprobada el 15 de octubre de 2025, benefició a 56,195 contribuyentes. De la recaudación obtenida, el 71 % correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes. La iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno legislativo para convertirse en ley.

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Judicial

Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos

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El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.

Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.

Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.

Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.

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Judicial

Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.

Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.

Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.

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