Judicial
FGR: Mauricio Funes pagaba miles de dólares mensualmente a Luis Martínez para que no lo investigara por caso Tregua y Chaparral
El expresidente de la República, Mauricio Funes, habría pagado por protección al exfiscal general Luis Martínez para que no lo investigara y lo involucrara en el caso Tregua y Chaparral, asegura la última investigación fiscal que ha dejado ya 13 capturados.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), Funes pagó dádivas a Martínez para que este no lo investigara en casos de corrupción que habría realizado durante su mandato como presidente. Asimismo, le pedía que le avisara si habían investigaciones en su contra.
La investigación señala que el exmandatario le entregaba mensualmente montos que iban entre $10,000 y $20,000. Asimismo, le daba dinero cada vez que Martínez le hacía la solicitud.
Asimismo, el jefe la unidad de delitos de lavado de dinero, Jorge Cortez, informó que Funes le proporcionó tres vehículos al exfiscal Martínez.
«Eso permitió que el caso de El Chaparral que estaba siendo investigado en la unidad especializada de delitos de corrupción no tuviese el avance que se hubiera esperado y hasta este momento no se tengan avances», dijo Cortez.
La investigación fiscal señala que Funes pagó $12,000 cuando uno de sus hijos tuvo un percanse y con ello logró impunidad.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
