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Establecen protocolo de atención a estudiantes con problemas económicos y académicos ante la pandemia COVID-19
El Ministerio de Educación (MINED), junto a la Defensoría del Consumidor (DC), en coordinación con las Instituciones de Educación Superior (IES), a través del Comité de apoyo a procesos de atención al estudiante desde las IES, ha puesto en marcha el Protocolo de Atención a Estudiantes con Problemas Económicos y Académicos ante la situación de la pandemia covid-19.
El objetivo del protocolo es estandarizar el mecanismo de atención de las IES para abordar de manera adecuada y directa los casos de quejas presentados por los estudiantes.
Dicho protocolo contiene la ruta de trabajo para brindar atención al estudiante a nivel interno, que conlleva a la solución de las dificultades planteadas; proceso que no podrá exceder los 15 días en tiempo de respuesta.
La ruta del protocolo contiene las siguientes actividades: ingreso de solicitud de parte del estudiante a la IES, identificación del alumno y del problema presentado, tipificación del caso y categorización del mismo, respuesta de aceptación de la solicitud ante el estudiante (3 días).
Asignación a la unidad responsable de responderlo y análisis académico y/o financiero de cada caso (4 días); Elaboración de propuesta al estudiante, según el caso, y reunión con cada estudiante, si ameritara, para conversar acerca del problema y propuesta elaborada (5 días).
Documentación de las propuestas, arreglos y comunicaciones entre la IES y el alumno (2 días); Emisión de acuerdo o nota de resolución, aplicación el acuerdo o resolución por parte de la IES, y creación de un mecanismo o auditoría para cumplir los acuerdos (15 días después de ingresada la solicitud).
El Comité de apoyo a procesos de atención al estudiante desde las IES, como parte del proceso, sugiere tomar las siguientes consideraciones: Hacer partícipes a los estudiantes y construir con ellos las propuestas de solución; informar oportunamente al alumno sobre los procesos académicos, administrativos, financieros, entre otros; en este sentido, los casos de quejas que puedan surgir se aborden entre IES y estudiantes de manera adecuada y directa, con la información pertinente, agotando las vías correspondientes.
Asimismo, promover en sus comunidades educativas campañas que incentiven a la No deserción estudiantil, motivando la continuidad educativa en este período de crisis sanitaria.
Con respecto a las graduaciones durante la pandemia covid-19, el Comité acordó que las graduaciones presenciales podrán realizarse en la fase 5 de la Apertura Económica implementada por el Órgano Ejecutivo.
Existiendo la posibilidad de continuar con las graduaciones virtuales o entrega de títulos sin acto, con acuerdo entre las partes, pudiendo suceder que graduandos consideren el riesgo que aun en esa fase pueda existir y prefieran llegar a un acuerdo con las IES para que se omita o se devuelvan los recursos cancelados para dicho acto.
Para las graduaciones que se organicen en tiempo, será necesario que se envíe a la Dirección Nacional de Educación Superior (DNES) las propuestas en detalle de cómo se organizará la logística para garantizar la seguridad sanitaria, y una vez recibidas se enviarán al Ministerio de Salud (MINSAL), instancia correspondiente para su aprobación.
Será la Defensoría del Consumidor quien audite el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre las autoridades de las IES con los estudiantes, mismos a los que el MINED dará seguimiento.
Desde el inicio de la emergencia presentada por la pandemia de Covid-19, la Ministra de Educación, Carla Hananía, en compañía de otras autoridades de la cartera de Estado, ha sostenido constantes reuniones con los representantes de las IES y representantes de estudiantes universitarios para conocer las principales dificultades que enfrentaban.
La titular de Educación informó que el viernes 17 de julio se iniciará un proceso de diálogo, liderado por el Ministerio de Educación y la Defensoría del Consumidor, en donde participarán los representantes de las IES y de los universitarios, para buscar soluciones en conjunto a las problemáticas que enfrenta este sector debido a la pandemia por covid-19.
Actualmente, se han atendido cerca de 250 denuncias a las cuales se les ha dado seguimiento, la mayor parte de ellas, se han resuelto de manera favorable, tanto para los estudiantes como para las universidades, utilizando la intermediación y el diálogo.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un pandillero de la MS-13 en la frontera El Amatillo, ubicada en La Unión Norte, cuando intentaba salir del país.
De acuerdo con la institución, durante la intervención los agentes identificaron tatuajes en el cuerpo del detenido alusivos a la estructura criminal. Asimismo, al inspeccionar el teléfono celular que portaba, encontraron varias imágenes que lo vinculaban con la pandilla, entre ellas fotografías en las que presuntamente aparecía realizando señas alusivas a la organización y presumiendo su pertenencia a la misma.
El capturado fue identificado por las autoridades como Santos Humberto Pineda, de 25 años de edad, señalado como homeboy de la MS-13.
La PNC informó que al detenido le fue incautado el teléfono celular y será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
