A 10 años de cárcel fueron condenados seis extranjeros detenidos por la Marina Nacional, con un cargamento de 1,551 kg de cocaína en aguas internacionales.

La pena fue impuesta por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador a los ecuatorianos Manuel Enrique de la Rosa González, Carlos Alfredo Catato Malave y Junior Alexander Lucas Mero. También fueron encontrados responsables los mexicanos Félix José Rosales García, Fermín Cortez Leiva y Abel Ramos Meza.

Los narcotraficantes fueron ubicados por un equipo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) a 920 millas náuticas de la costa salvadoreña (1,704 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, departamento de La Paz.

El equipo de la FTNT los ubicó en el trayecto que habían iniciado con la droga en las costas ecuatorianas con la pretensión de llegar a Guatemala, México y finalizar en Estados Unidos.

El procedimiento de incautación comienza cuando se ubica una lancha ecuatoriana trasladando la cocaína, una hora después la Fuerza Naval detectó una segunda embarcación a 950 millas náuticas, en la que viajaban tres ciudadanos mexicanos, quienes según las autoridades se encargarían de abastecer a la tripulación ecuatoriana con combustible y alimentos.

En el juicio la Fiscalía expuso que el 12 de octubre de 2024, los imputados fueron sorprendidos por elementos de la Fuerza Naval a eso de las 11:00 de la mañana. En la experticia de peso y prueba de campo, expertos antinarcóticos dictaminaron que la droga estaba valuada en $38,992,140.

El pasado 11 de noviembre, la Fiscalía General informó que esa droga decomisada fue destruida en el predio de Changallo, en Ilopango.

Entre enero y el 5 de diciembre de 2025, siete estructuras criminales transnacionales, en su intento por arraigarse en El Salvador, fueron desarticuladas tras investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) dirigió junto con la Policía Nacional Civil (PNC), que como ente auxiliar efectuó las detenciones para que tribunales de crimen organizado dejaran en prisión a sus integrantes.

Venezolanos, colombianos, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, panameños y nicaragüenses ingresaron al país vía terrestre y aérea, pero con el paso del tiempo quedaron en situación migratoria irregular; otros accedieron a través de fronteras no habilitadas, conocidas como puntos ciegos.

Los delitos que más han cometido estos grupos criminales son estafa agravada, hurto por medios informáticos, robo y hurto; en algunos casos consumaron lavado de dinero, falsificaciones, tráfico de drogas y amenazas.

En el más reciente caso, por el cual se emitieron 30 órdenes de captura, varios salvadoreños formaban parte de una estructura transnacional que ofrecía de forma ilícita visas de trabajo para Estados Unidos. Los delincuentes son señalados de estafar a 700 víctimas, 44 casos en El Salvador, por $2.5 millones. La red delinquía en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y El Salvador.

En las indagaciones de las autoridades salvadoreñas se estableció que forman parte de la denominada Delincuencia Transnacional Organizada (DOT) y tienen todas las características de crimen a esa magnitud, pero son grupos relativamente nuevos con menos de cinco años de existencia.

En el país representaban una amenaza para la seguridad nacional y la estabilidad económica de los salvadoreños, ya que con su accionar delictivo afectaron el patrimonio de decenas de víctimas.

Estas redes criminales estaban organizadas desde sus cabecillas hasta el nivel jerárquico más bajo; cada uno de sus miembros tenía una función específica para delinquir.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en una de las operaciones que llevó a desbaratar una estructura, les mandó un mensaje de cero impunidad: «Ustedes y sus cabecillas deben entender que no vendrán a cometer delitos impunemente a nuestro país. Contamos con todas las herramientas necesarias para detectar cualquier ilícito y llevar ante la justicia a cualquier persona u organización criminal para que pague por los delitos cometidos en nuestro territorio», dijo.

La estructura más antigua que había estado delinquiendo en el país fue desarticulada el pasado 31 de octubre, cuando más de 44 nicaragüenses, hondureños y salvadoreños fueron capturados. Según las pesquisas, habían estado operando entre enero de 2021 y el 31 de octubre de 2025; cada uno tenía distintos roles para cometer los robos y hurtos en las unidades del transporte.

Unos se encargaban de distraer a las víctimas, mientras otros registraban las carteras y mochilas de las personas a las que hurtaban. También había motoristas que trasladaban a los integrantes de la banda luego de consumar los hechos.

Otra organización desmantelada en dos fases fue una que, según la Fiscalía, involucra a 549 personas con presencia en Colombia, Guatemala, Honduras, Venezuela, Ecuador y México.

Se dedicaban a estafar a través de redes sociales y plataformas digitales. Mediante la denominada investigación Escudo Virtual, las autoridades verificaron que consumaron 4,728 casos en los cuales utilizaron cuentas personales para hacer transacciones de dinero hacia varios países.

A principios del año fue desbaratada una banda de cuatro venezolanos y un ecuatoriano, quienes crearon la corporación Venicars para la supuesta compra y venta de vehículos. Hicieron creer a las víctimas que les podían otorgar créditos, financiamientos o compras programadas por los autos que elegían.

Otra estructura desarticulada es una red de cibercrimen que intentó hackear cajeros automáticos. Son tres venezolanos y un mexicano quienes serán procesados acusados de agrupaciones ilícitas, hurto por medios informáticos y daños.

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, indicó que la institución que fueron detectados 27 casos de ofertas engañosas durante el llamado Black Friday.

“Tenemos indicios de promociones u ofertas, donde se ofrece un aparente beneficio económico y resultó ser que hubo un cambio de precio para justificar un atractivo porcentaje de descuento”, explicó Salazar durante un espacio de entrevistas.

Agregó que este tipo de situaciones son sancionadas con multas de hasta 500 salarios mínimos, por ser consideradas prácticas abusivas.

Por otra parte, el presidente de la defensoría detalló que se detectaron 49 incumplimientos en restaurantes, 30 en almacenes de ropa, calzado y accesorio fuero. mientras que los almacenes de muebles y electrodomésticos tuvieron cerca de 8 incumplimientos.

Ricardo Salazar ratificó que ante cualquier caso de practicas abusivas por parte de este tipo de establecimientos, la población puede contactarse al centro de llamadas 910 y el WhatsApp 7844-1482.