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El sistema hospitalario público de El Salvador se mantiene descongestionado a pesar de rebrotes de COVID-19 en Centroamérica
La capacidad instalada de camas hospitalarias en el sistema público de El Salvador es de más de 1,000 para Cuidados Intermedios y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI); de estas solo están ocupadas cerca de 300, debido a la baja sostenida de enfermos de COVID-19 que presentan cuadros complicados.
La disponibilidad de camas se debe a que las estrategias de prevención implementadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele han logrado desacelerar el ritmo de contagio del virus y, por ende, que los pacientes no saturen el sistema de salud.
Los parámetros internacionales indican que el 80 % de los contagios de la enfermedad son asintomáticos, esta relación se comprueba en el plano local, el 20 % requiere intervención, de los cuales, el 15 % recibe tratamiento para síntomas moderados o graves y un 5 % progresa a un área de cuidados intensivos, donde necesita ventilación mecánica.
El Gobierno está alerta y sigue de cerca la situación por la que atraviesan los países hermanos donde ya circulan otros tipos de variantes del virus que son de mayor facilidad de transmisión.
En el país, el ministro de Salud afirma que no existe evidencia científica que demuestre que está en circulación una cepa diferente de COVID-19, se continúa enfrentando el virus que se originó en la ciudad de Wuhan, en la República Popular China, cuyo brote original fue detectado a finales de 2019.
La red hospitalaria de salud fue fortalecida desde que se anunciara oficialmente la amenaza mundial de COVID-19, por lo que el Presidente Nayib Bukele giró las instrucciones a sus equipos para enfocarse en preparar las mejores condiciones para atender a los salvadoreños que lo necesitaran y combatir al virus.
Un año después, el Gobierno continúa en esa lucha sin bajar la guardia y a eso se debe que la condición de El Salvador sea muy distinta a la que ocurre en muchos países que se han visto abrumados ante el desbordamiento de contagios por rebrotes de la enfermedad.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
Esta mañana un joven trabajador murió al caer sobre su cuerpo un promontorio de laminas que habían llegado a dejar a una ferretería en el Cantón Coyolito, jurisdicción de Tejutla, Chalatenango.
Socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Aguilares fueron alertados y al llegar al lugar del percance, realizaron maniobras para poder recuperar al joven quien fue identificado como Juan Joel Vargas Rosa, de 20 años.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los cuerpos de socorro y del SEM, la persona perdió la vida, debido a los traumas sufridos al caer sobre su cuerpo el peso de las láminas desde una altura de dos metros.
Dos trabajadores más que estaban en el lugar lograron salir a tiempo y evitar de esta manera una tragedia mayor.
