Nacionales
El Plan Control Territorial, impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, golpea a estructuras de pandillas en siete municipios en el occidente del país
Cuarenta y tres pandilleros fueron detenidos acusados por diferentes delitos la madrugada de este martes por la Policía Nacional Civil (PNC) en siete municipios del departamento de Santa Ana, como resultado de la implementación del Plan Control Territorial impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele para el bienestar de la población salvadoreña.
Una vez más, la Policía junto a la Fiscalía General de la República (FGR) asestaron un fuerte golpe a la delincuencia y crimen organizado en la zona occidental del país.
Las personas capturadas en el Operativo Santa Ana Segura 2021 son señalados por los delitos de homicidio, extorsión, tenencia o portación ilegal de arma de fuego, entre otros. En el procedimiento, los policías incautaron armas de fuego, munición, teléfonos celulares, entre otros.
Durante el operativo se realizaron 31 registros con prevención de allanamientos en los municipios de San Antonio Pajonal, Coatepeque, Chalchuapa, El Porvenir, San Sebastián Salitrillo, Candelaria de la Frontera, y Santa Ana.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, destacó el trabajo realizado por el personal policial en la lucha contra la criminalidad. La operatividad policial es un elemento determinante en la reducción sostenida de los índices de delitos en el país, principalmente los considerados de alto impacto.
El fin de semana anterior, la Policía también hizo un amplio operativo que incluyó a diferentes colonias del municipio de Soyapango, al oriente de San Salvador. La idea es brindar seguridad y tranquilidad a los residentes del sector.
Con las capturas realizadas a través del trabajo investigativo de la Policía se está logrando resolver 24 homicidios ejecutados en el país.
Con la implementación del Plan Control Territorial, la Policía captura un promedio de 100 personas cada día a escala nacional, acusadas de diferentes delitos, principalmente homicidios, extorsiones, violaciones entre otros. La mayoría de esas detenciones se realizan como resultado de la operatividad policial.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
