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El Plan Control Territorial, impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, golpea a estructuras de pandillas en siete municipios en el occidente del país
Cuarenta y tres pandilleros fueron detenidos acusados por diferentes delitos la madrugada de este martes por la Policía Nacional Civil (PNC) en siete municipios del departamento de Santa Ana, como resultado de la implementación del Plan Control Territorial impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele para el bienestar de la población salvadoreña.
Una vez más, la Policía junto a la Fiscalía General de la República (FGR) asestaron un fuerte golpe a la delincuencia y crimen organizado en la zona occidental del país.
Las personas capturadas en el Operativo Santa Ana Segura 2021 son señalados por los delitos de homicidio, extorsión, tenencia o portación ilegal de arma de fuego, entre otros. En el procedimiento, los policías incautaron armas de fuego, munición, teléfonos celulares, entre otros.
Durante el operativo se realizaron 31 registros con prevención de allanamientos en los municipios de San Antonio Pajonal, Coatepeque, Chalchuapa, El Porvenir, San Sebastián Salitrillo, Candelaria de la Frontera, y Santa Ana.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, destacó el trabajo realizado por el personal policial en la lucha contra la criminalidad. La operatividad policial es un elemento determinante en la reducción sostenida de los índices de delitos en el país, principalmente los considerados de alto impacto.
El fin de semana anterior, la Policía también hizo un amplio operativo que incluyó a diferentes colonias del municipio de Soyapango, al oriente de San Salvador. La idea es brindar seguridad y tranquilidad a los residentes del sector.
Con las capturas realizadas a través del trabajo investigativo de la Policía se está logrando resolver 24 homicidios ejecutados en el país.
Con la implementación del Plan Control Territorial, la Policía captura un promedio de 100 personas cada día a escala nacional, acusadas de diferentes delitos, principalmente homicidios, extorsiones, violaciones entre otros. La mayoría de esas detenciones se realizan como resultado de la operatividad policial.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
