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El Decreto 32 del Gobierno ajusta la reapertura económica ante la ausencia de una ley por la Asamblea Legislativa
El Decreto Ejecutivo 32 que hizo público anoche el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, responde ante la necesidad que hay en el país de contar con un marco legal para ordenar las fases del Plan de Reapertura Económica, que sea acorde a la realidad de Covid-19 de los últimos 45 días, donde se han desbordado los contagios y las muertes por este virus en todo el país.
La propuesta basada en el Código de Salud, también responde a la omisión legislativa de no aprobar un Régimen de Excepción que ampare la cuarentena domiciliar estricta por 15 días, lo que le daría al Gobierno más facultades para enfrentar el nuevo coronavirus, que ya dejó 439 fallecidos y 16,230 casos confirmados en todo el territorio.
Por ello la fase 1, según el nuevo decreto, inició ayer y estará vigente hasta el 19 de agosto. La fase 2, donde ya reinicia el transporte colectivo comenzará el 20 de agosto y se mantendrá hasta el 3 de septiembre; la fase 3 iniciará el 4 de septiembre y estará vigente hasta el 18 de septiembre.
Por último, las fases 4 y 5 iniciarán el 19 de septiembre y el 4 de octubre, respectivamente.
El Decreto 32 además contempla varias disposiciones sanitarias y pone en perspectiva que el ministerio de Salud deberá de definir protocolos con empresas privadas, transportistas y restaurantes, entre otros rubros económicos, para salvaguardar la salud de la población.
Las autoridades del Gobierno han dicho que estas fechas seguirán sujetas a cambios dependiendo de la evolución del Covid-19 en El Salvador.
Además, insistieron en el llamado a la Asamblea Legislativa a que valore, estudie y apruebe la propuesta de Régimen de Excepción hecho por el Gobierno, ya que es la única forma de aplanar la curva de contagio, que se ha desbordado a un promedio de más de 375 casos diarios, desde hace dos semanas.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
