Algunos de los defensores en el caso corruptela manifestaron su malestar por el hecho que el Jefe del Grupo Anti Impunidad, German Arriaza, estaría realizando prácticas ilegales similares a las que fueron denunciadas en su oportunidad contra el exfiscal general Douglas Meléndez y el exjefe UIF, Jorge Cortez, como violaciones al derecho a la presunción de inocencia, a participar en las diligencias durante la fase de instrucción que deben estar bajo control del Juez, irrespetando la autoridad del Juez; manipulación de información y de pruebas; intervención de telecomunicaciones y seguimiento de abogados que intervienen como defensores en casos que quedaron montados del periodo de Meléndez.

La semana pasada en las redes sociales criticaron a la Fiscalía y especialmente la intervención ante los medios de comunicación por parte del Fiscal Arriaza, quien pretendió justificar la Acusación contra el Ex Presidente Funes, más que en las fuentes periciales y documentales sobre el desfalco de más de $351 millones, por los gastos en que incurrió Mauricio Funes en sus mascotas y otros comportamientos ostentosos, recordando la manera “sensacionalista” en que el exfiscal General Meléndez presentaba los casos, centrado más en el «show» que en la fortaleza de los procesos penales. Inclusive el diputado por el FMLN Schafik Handal, dejó entrever la negligencia del Fiscal General, Raúl Melara, al tolerar y permitir que se esté dando continuidad a casos que fueron fabricados con pruebas ilegales o por la coacción de testigos.

German Arriaza, estuvo a cargo como director de la Región Oriental de la FGR, durante la administración del exfiscal general Meléndez; y en esta nueva administración asumió un rol más protagónico, al frente del Grupo Anti Impunidad; sin embargo, algunas fuentes internas que se han expresado con reserva de no divulgar sus nombres por miedo a las represalias y perder su trabajo; que poco a poco ha asumido una actitud arrogante y que busca que se llegue a condenas a cualquier precio. Que inclusive ha solicitado el seguimiento por medio de Unidades Élites Policiales, de los abogados de los principales procesados en casos como Corruptela, Operación Trances y Caso “Saqueo Público”, así como acosos de testigos y uso de testigos delatores como el abogado Mario Calderón, quien para evitar ser procesado ha señalado a jueces y abogados con los que antes compartió “litis”; también lo señalan de realizar prácticas como intervenciones telefónicas de estos abogados para poder coaccionarlos a aceptar condenas de sus clientes.

“Es una regresión a los tiempos de Douglas Meléndez», afirmó la fuente; sin que el actual Fiscal se haya ocupado por transparenta y corregir el trabajo de la institución.