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Comisionada Carolina Recinos lamenta que a 18 días de las elecciones no se tengan los resultados en firme
La comisionada Presidencial, Carolina Recinos, lamentó que ya hayan pasado 18 días desde que se celebraron los comicios de diputados y alcaldes y que aún no se conozcan los resultados en firme del escrutinio final por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“No sabemos si este día va a declarar en firme o va a dar a conocer cuáles son los resultados finales en Asamblea, en Parlacen y Concejos Municipales. Definitivamente este proceso electoral ha tenido muchísimos retrasos, muchísimas debilidades y fallas”, señaló.
Indicó que estos retrasos también han provocado que no se haya podido presentar los recursos a los que tienen derecho según el Código Electoral, posterior al escrutinio final. Recordó que ayer se conoció de un segundo municipio donde se han encontrado papeletas que podrían derivar en un fraude electoral.
“San José Guayabal y en Nueva Concepción también se encontraron papeletas y en su momento presentamos durante el escrutinio el escrito para que pudieran ser revisadas las cajas y poder cotejar lo que había sucedido, pero fueron rechazados por una u otra denominación que le dio el Tribual”, indicó.
Respecto a la petición de revisar la distribución de Consejos Municipales en 83 alcaldías, la comisionada dijo que se debió a una mala aplicación de artículo 219 del Código Electoral.
“Está pensado en favorecer a aquellos que ganan con un porcentaje menor al 50%. Al obtener un resultado menor al 50% automáticamente a través de este artículo se les lleva a la mayoría simple, pero no así, se estaba ejecutando plenamente el literal B que dice que aquellos que ganan con más del 50% deberá otorgársele la cantidad de concejales en proporción a los votos que han recibido”, explicó.
Recinos indicó que espera que el TSE actúe conforme a derecho y que este día dé a conocer la corrección a la aplicación del artículo 219 del Código Electoral.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
Esta mañana un joven trabajador murió al caer sobre su cuerpo un promontorio de laminas que habían llegado a dejar a una ferretería en el Cantón Coyolito, jurisdicción de Tejutla, Chalatenango.
Socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Aguilares fueron alertados y al llegar al lugar del percance, realizaron maniobras para poder recuperar al joven quien fue identificado como Juan Joel Vargas Rosa, de 20 años.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los cuerpos de socorro y del SEM, la persona perdió la vida, debido a los traumas sufridos al caer sobre su cuerpo el peso de las láminas desde una altura de dos metros.
Dos trabajadores más que estaban en el lugar lograron salir a tiempo y evitar de esta manera una tragedia mayor.
