Este domingo 16 de enero, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de un sujeto que intentó pasar droga a través de canastas artesanales en el Aeropuerto Internacional de El Salvador «Óscar Arnulfo Romero y Galdámez».

El detenido fue identificado como Nixo Ayala Fernández, quien se dirigía a Washington DC.

Según indicó la PNC, en la maquina de rayos X se detectaron cuerpos extraños en la armazón de las canastas, por lo que la agente canina «Diamond», de la División de Antinarcóticos realizó inspección y mostró interés en dichos utencilios.

En la inspección física, tras desarmar una de las canastas, se encontró polvo blanco que dio positivo a cocaína en la prueba de campo realizada.

Tras finalizar el peritaje de la droga incautada, suma un total de 1.3 kilogramos de cocaína, valorada en más de $30,000, detalló la PNC.

Este domingo 16 de enero, en el 30 aniversario de la firma de los acuerdos de paz, manifestantes en contra del gobierno de El Salvador agreden a personas que se dirigían a su trabajo, bloquean diferentes calles que impiden la libre circulación de los conductores y utilizan a niños y ancianos para marchar.

Varios usuarios en redes sociales publicaron un video en donde manifestantes agreden a un trabajador que se dirigía a realizar una entrega y circulaba en la comunidad de La Gloria.

En la calle Rubén Darío, se ubicó la presencia de niños y personas de la tercera edad que fueron solicitados para marchar bajo el sol. Según informaron algunos adultos mayores de Cabañas, Chalatenango, La Libertad y La Paz se hicieron presentes en las manifestaciones con el deseo de “venir a pasear” y otros aseguran que fueron invitados a San Salvador sin revelarles el motivo.

También fueron documentadas personas de la tercera edad que se movilizan en sillas de ruedas que utilizaron los carteles que portaban para cubrirse de los rayos del sol.

Los manifestantes utilizaron piedras y vehículos para bloquear la libre circulación de los conductores que transitaban en las calles aledañas al Parque Cuscatlán.

Ante esto, el Presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó: «Exactamente por eso señor, porque los utilizaron y los obligaron a matarse entre hermanos. Por eso mismo es que ya no conmemoraremos a los que los utilizaron y los obligaron a matarse, sino a sus víctimas».

Esperanza y cambios demandó la población salvadoreña tras la firma de los Acuerdos de Paz por las partes beligerantes en el Castillo de Chapultepec, en México, el 16 de enero de 1992. 

Nueve capítulos conforman el documento firmado, instrumento que en teoría daría la pauta para reconstruir una sociedad espoliada por cuatro décadas de dictaduras militares y 12 años de conflicto armado.  

Para Dagoberto Gutiérrez, analista político y firmante de los Acuerdos de Paz, parte de las causales de la guerra fueron las desigualdades sociales, culturales y económicas de la época. 

«La guerra era oligárquica. En el oriente del país había una clase de guerra, en Chalatenango había otra guerra, en Guazapa había dos guerras: una en el norte y otra en el sur, en San Vicente era otra guerra», citó como ejemplos, y mencionó que muchas masacres, aún en la actualidad, siguen impunes.  

En la Asamblea Legislativa, los diputados de la bancada de Nuevas Ideas coinciden en un punto en particular: los Acuerdos solo fueron un reparto de bienes entre ARENA y el FMLN, la garantía de impunidad y la administración de instituciones claves dentro del aparato estatal. 

El presidente de ese órgano estatal, Ernesto Castro, lamentó que ninguno de esos dos partidos decidió emprender el rumbo para reconstruir a El Salvador. 

«El perdón y el olvido en este país necesitan de la verdad. La masacre de los jesuitas es un crimen de lesa humanidad que siempre estuvo encubierto por el sistema», dijo recientemente Castro en una entrevista televisiva. 

La Asamblea Legislativa acordó derogar el decreto de la conmemoración del día de la firma de los Acuerdos de Paz y lo sustituyó por el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.  

A partir de 1992, El Salvador pasó de una guerra civil a una especie de guerra social, con el incremento exponencial de grupos delictivos, que ante la falta de políticas públicas concretas ganaron territorio y poder. 

En 1993 se promulgó una ley de amnistía que entregó de forma expedita inmunidad e impunidad a todos los autores de hechos violentos cometidos durante el conflicto armado. 

Dicha ley, avalada por la Asamblea Legislativa, evidentemente contradecía el texto de los Acuerdos, ya que eliminaba de tajo la posibilidad de un resarcimiento de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos de violencia. 

La referida normativa fue derogada en 2016 con una sentencia de la Sala de lo Constitucional; aun así, el Gobierno del FMLN no promovió iniciativas para que los casos cerrados fueran reabiertos para castigar a los responsables.

La reconstrucción del país no implicaba solamente reparar las edificaciones dañadas, sino comenzar a construir un nuevo sistema en el que las causas que originaron el conflicto se eliminaran y se corrigiera el camino a seguir; además, que la justicia transicional llegara a las víctimas y a los familiares de estas, con el esclarecimiento de todos los crímenes de lesa humanidad, la apertura de los registros militares y la promoción del resarcimiento para la sociedad salvadoreña. 

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fue una de las instituciones creadas a partir de los Acuerdos de Paz. Es la entidad responsable de promover la reparación a las víctimas, pero en casi 30 años de funcionamiento nunca entregó una propuesta seria sobre justicia transicional, como lo aceptó recientemente el actual procurador, Apolonio Tobar.

Con todos esos elementos, la sociedad salvadoreña sigue con el gran reto de otorgar justicia a las más de 80,000 muertes durante el conflicto bélico, y que sus familias puedan conocer la verdad, que los verdugos sean castigados, que las «heridas abiertas» sean cerradas con la justicia que por tres décadas durmió en el «sueño de los justos». Por ello, la Asamblea Legislativa ha declarado el 16 de enero Día de las Víctimas del Conflicto Armado, para comenzar a resarcir el daño.